Comienzan a desgranarse, poco a poco, las perlas del collar de irregularidades en Edurbe

Una investigación disciplinaria de la Procuraduría Provincial de Cartagena a unos hechos acaecidos en el año 2011 permitió establecer que de 14 obras contratadas en el marco de un convenio suscrito el 28 de junio de 2011 por los entonces alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, Mauricio Betancourt Cardona, y el gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar -Edurbe – Augusto Mainero Román, siete no fueron concluidas, y las restantes siete ni siquiera se iniciaron, a pesar de que se alcanzó a desembolsar el 97,5% de los más de $1.500 millones comprometidos para la reconstrucción de unos andenes, la pavimentación de varias vías y las refacciones a las sedes de unas instituciones educativas.

Ante la conducta de los funcionarios, que fueron calificadas como faltas gravísimas a título de culpa gravísima, el Ministerio Público sancionó con destitución e inhabilidad por 17 años a Mainero Román, y con destitución e inhabilidad por 15 años a Betancourt Cardona.

Entre las varias irregularidades constatadas por la Procuraduría Provincial, a cargo del procurador Guidobaldo Flórez Restrepo, estuvo el hallazgo de cuentas por pagar por más de $469 millones sin el debido respaldo en las cuentas bancarias del convenio suscrito.

Augusto Mainero, Campo Elías Terán (exgerente de Edurbe y exalcalde de Cartagena); y Andrés Roca y Guillermo Sánchez (exasesores). Foto de Archivo.

En concepto del ente de control disciplinario, con su actuación Augusto Mainero desconoció los principios de responsabilidad y eficacia en la función administrativa, al no invertir de manera correcta y oportuna el anticipo girado por la Alcaldía, lo que trajo como consecuencia que unas obras no se terminaran y otras no se comenzaran siquiera. Y Mauricio Betancourt no protegió los derechos de la entidad que representaba ni adoptó las medidas administrativas y judiciales necesarias para exigir el cumplimiento del convenio.

Por estos mismos hechos y varios más que en su momento involucraron a otros servidores públicos, tanto la Fiscalía como la Contraloría adelantaron también las respectivas investigaciones.

En el caso de la Fiscalía, en junio de 2016 llegó a ordenar la captura de varios funcionarios y contratistas, entre ellos Mainero y Betancourt, a quienes les imputó los supuestos delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, abuso de autoridad por omisión de denuncia y prevaricato. En esa oportunidad, la investigación giró alrededor de un Contrato por valor de $1.500 millones, cuyo objeto era la ejecución de 32 obras de infraestructura en diversos barrios de la Localidad Uno, y lo que se descubrió fue que estas fueron desarrolladas solo parcialmente, e incluso algunas jamás se comenzaron, a pesar de haber sido pagadas en su integridad (leer ‘Por presuntas irregularidades en Edurbe castigan a funcionarios y exfuncionarios‘).

Y en el caso de la Contraloría, se supo que, tras una serie de audiencias verbales contra la exalcaldesa Judith Pinedo Flórez y otros exfuncionarios, entre ellos, Augusto Mainero, “por haber declarado como ‘recibidas’ obras que jamás se ejecutaron“, se llevó a cabo un juicio de responsabilidad fiscal que culminó con una condena fiscal a Pinedo y a Mainero, por más de $196 millones, por uno de los cerca de 30 casos que fueron investigados (Leer ‘Contraloría General comienza a desgranar perlas del collar de irregularidades en Edurbe‘).

Las denuncias

Pero las inquietudes por supuestas irregularidades en Edurbe no se han circunscrito a los casos descritos, ni han involucrado únicamente a los exfuncionarios mencionados.

Tal como lo ha informado Revista Metro en varias oportunidades, los supuestos hechos de corrupción que al parecer se han presentado en Edurbe, durante varias administraciones, fueron originalmente denunciados por el dirigente gremial William Murra Babún y varios veedores ciudadanos, entre ellos el extinto dirigente cívico Milciades Garcés Argel. De acuerdo con lo que en su momento expusieron los denunciantes, “en Edurbe ha pasado de todo“. En decenas de declaraciones, Murra Babún, visiblemente convencido de los hechos, se atrevió a asegurar que “a Edurbe la habían convertido en una máquina para delinquir“.

Otro denunciante fue Óscar Brieva Rodríguez, quien, días después de posesionarse el 24 de julio de 2014 en la gerencia de la empresa, cargo al cual llegó por decisión del entonces alcalde Campo Elías Terán, encontró en pocas horas lo que ninguno de los gerentes anteriores halló en varios años y presentó con nombres propios las respectivas quejas y denuncias.

Al Concejo de Cartagena -igualmente – llegaron los ruidos de la situación que Edurbe vivía para esa época, pero el entonces cabildante Jorge Cárcamo Álvarez, quien presentó reiteradas veces una proposición citando al gerente de la empresa, se encontró con una coalición que impidió que el debate de control político se llevara a cabo (leer ‘Concejo aplaza debate a Edurbe, pero informe del nuevo gerente sería presentado ante la sociedad civil‘).

Y los hechos denunciados serían también expuestos en el Congreso de la República por la senadora bolivarense Daira Galvis Méndez, quien con el apoyo de colegas de otras regiones del país logró que la Contraloría realizara un control excepcional a las cuentas del Distrito, tras lo cual se constató que gran parte de lo denunciado era absolutamente cierto.

Lo que habría de establecerse, en términos generales, es que durante varios años en Edurbe se manejaron los recursos bajo la figura de la unidad de caja, que permitía que dineros destinados a unas obras terminaran financiando la construcción de otras o, pero aún, “pagando favores políticos o de otro orden“, como se atrevieron a denunciar con nombres propios tanto William Murra como Milciades Garcés.

De acuerdo con lo que habría de revelar la Revista Dinero, “los episodios más críticos se presentaron en Edurbe durante los años 2008 a 2011. Durante ese lapso fueron celebrados 142 convenios para la ejecución de 337 obras, por valor de $119 mil 548 millones…“; y, de dichas obras, “solo fueron ejecutadas 52, mientras que otras 26, que costaban $21.000 millones, ni siquiera se iniciaron”.

En un documentado informe sobre presuntos hechos de corrupción en Bogotá, Antioquia, Cali y Cartagena, en el cual se asegura que, de acuerdo con lo que se infiere de unas grabaciones, en el año 2010 el entonces gerente de Edurbe, Diego Otoya Gerdts, habría pagado $40 millones a unos concejales para evitar la realización de un debate de control político, la Revista Dinero advierte que, en todo caso, para William Murra “la alcaldesa (Judith) Pinedo ha demostrado buena fe pero ha sido traicionada por algunos de sus colaboradores” (leer ‘Carruseles por todo el país‘).

 

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