Colegios en los que se invirtieron más de $70 mil millones en el 2015 se caen a pedacitos

En los últimos días, varias de las instituciones educativas en las cuales el Distrito invirtió más de $70 millones durante la Administración de Dionisio Vélez Trujillo, como parte de un paquete de obras de infraestructura realizadas con un crédito de $250 mil millones sobre la cual aún subsisten series inquietudes, se han venido cayendo poco a poco, a pedacitos.

En general, las obras han llegado a tal nivel de deterioro que varias asociaciones de padres de familia, algunos dirigentes cívicos y el Sindicato Único de Educadores de Bolívar -Sudeb – han elevado sus voces para solicitar la declaratoria de una emergencia educativa con el fin de evitar una tragedia.

De acuerdo con el presidente del Sudeb, Medardo Hernández Baldiris, a pesar de las inversiones realizadas, el 80% de la infraestructura educativa de Cartagena presenta un preocupante deterioro. Son -dijo – 80 de las 105 instituciones educativas del Distrito las que representan un riesgo inminente. En general -agregó – 160 de 193 edificaciones, contando sedes y subsedes, las que de una u otra manera representan un peligro para estudiantes y profesores, “algo que resulta inaudito, que no puede entenderse en una ciudad que, como Cartagena, fue declarada como patrimonio histórico y cultural de la humanidad“.

Para el dirigente sindical, no puede entenderse que hace escasamente tres años se hayan invertido $70 mil millones en 67 instituciones educativas y hoy muchas de estas se encuentre en franco deterioro.

Además de haber puesto en conocimiento de la Alcaldía la grave situación, en reiteradas oportunidades, y de instaurar varias acciones de tutela con el fin de proteger la integridad de los estudiantes de los colegios San Felipe Neri, Omaira Sánchez, José de la Vega, Fernández Baena, Santa María y Ternera, entre otros, el Sudeb ha insistido en la intervención de los órganos de control, ya que es evidente que se han violado claras normas penales, fiscales y disciplinarias.

Sobre la gravedad de la crisis también se pronunció en su momento la Organización Colombiana de Estudiantes, para la que “jugar de tal manera con las necesidades, la vida y la integridad física de niños y docentes debería ser un crimen juzgado con la máxima pena” (leer ‘Declaraciones de la Organización Colombiana de Estudiantes‘).

Ya desde finales de 2015, la Fundación Cívico -social pro Cartagena -Funcicar, en un documentado informe, reveló que con los $250 mil millones gestionados con la banca por el Gobierno de Dionisio Vélez se habrían realizado obras sin atender el principio de la planeación y con evidentes sobrecostos. De igual forma, el colectivo cívico mostró cómo muchas de esas obras, inauguradas con bombos y platillos por la Administración, aún estaban inconclusas (leer ‘Cartagena: informe de Funcicar reveló sobrecostos y obras inconclusas de la Alcaldía‘).

El detallado informe de Funcicar, en el que se develaba -además – un escandaloso carrusel de la contratación, fue ampliamente difundido por distintos medios de comunicación, y unas veedurías ciudadanas lo remitieron a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para lo de sus respectivas competencias.

Para esa época, el expersonero y exprocurador delegado para la Moralidad Administrativa, Fabio Castellanos Herrera, declaró que dicho informe “confirma lo que he dicho durante años: (el alcalde) Vélez ha sido un desastre como gobernante y malgastó los recursos del crédito en obras necesarias pero no prioritarias. La contratacion y ejecución de muchas de estas, como se ve, están llenas de irregularidades y francas violaciones a los principios de la función pública, entre ellos el de la Moralidad Publica y la Planeación“. Y por ello -señaló – lo que se impone es que los órganos de control entren a actuar. “Siempre he confiado en que la justicia sancione el antieconómico e inmoral proceder del alcalde y varios de sus funcionarios”, manifestó Castellanos (leer ‘Con un informe de Funcicar como prueba, la Fiscalía deberá investigar irregularidades en unas obras civiles‘).

Más de tres años después, varias de las obras que se cuestionaron se caen poco a poco, a pedacitos, y la ciudadanía aún continúa esperando la actuación de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, cuyos titulares: el fiscal Néstor Humberto Martínez, el procurador Fernando Carrillo Flórez y el contralor Edgardo Maya Villazón, han pedido insistentemente a la ciudadanía apoyar la lucha contra la corrupción en todo el país.

 

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