Multa de $2.343 millones al Distrito, “que la paguen los funcionarios, no los contribuyentes”

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Para el director de la veeduría ciudadana Transparencia Caribe, Reynaldo Tovar Carrasquilla, “que seamos los contribuyentes los que terminemos pagando por las acciones u omisiones de algunos funcionarios no solo es injusto, sino además absurdo“.

Se refirió Tovar Carrasquilla, de manera concreta, a la sanción de más de dos mil trescientos cuarenta y tres millones de pesos que deberá pagar la Alcaldía de Cartagena porque unos funcionarios, durante la administración de Dionisio Vélez Trujillo, se negaron reiteradas veces a suministrar información a la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC, en el marco de una investigación que adelantaba la entidad por supuestas irregularidades en la Secretaría de Infraestructura del Distrito (leer ‘Imponen multa de $2.343 millones a la Alcaldía de Cartagena por obstruir una investigación‘).

Para el veedor ciudadano, “una vez el Distrito pague esa plata, que ya comenzó a exigir la SIC mediante el expediente de la jurisdicción coactiva, quien esté al frente de la Alcaldía debe proceder a instaurar una acción de repetición contra los funcionarios responsables, y de eso nuestra corporación estará muy atenta“.

En concepto de Tovar, “de la lectura de la Resolución No. 11397 de 2018 se establece que la Superintendencia, en el marco de sus atribuciones, pidió en varias ocasiones a la Alcaldía una documentación que necesitaba, y si embargo, en cada una de esas ocasiones los funcionarios se hicieron los de la vista gorda, obstruyendo de manera dolosa y grave el desarrollo de una visita administrativa de inspección“.

Tras anunciar que -además – en las próximas horas instaurará una queja ante la Procuraduría “para que investigue disciplinariamente a los funcionarios que omitieron su sagrado deber de colaborar a las autoridades en sus actuaciones“, el director de Transparencia Caribe recalcó que, en el caso de la multa al Distrito, “en justicia, deberían ser quienes incumplieron sus funciones los que paguen esos más de $2.343 millones, y no los ciudadanos a través de nuestros impuestos“.

En diálogo con Revista Metro, Tovar expresó que “tanto la ciudadanía como los funcionarios deberían conocer al detalle lo que determina la Ley 678 de 2001 en materia de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado mediante el ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición“.

Fíjese“, le pidió a este reportero luego de acercarle un computador portátil en cuya pantalla se alcanzaban a leer apartes de la norma que citaba; “es deber de las entidades públicas ejercitar la acción de repetición o el llamamiento en garantía, cuando el daño causado por el Estado haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes“, leyó; “y el incumplimiento de este deber constituye falta disciplinaria“.

Y fíjese que la misma Ley define lo que es conducta gravemente culposa, y esta se da cuando el daño es consecuencia de una inexcusable omisión, como se dio en el caso que motivó la sanción de la Superintendencia a la Alcaldía“, subrayó (leer ‘Apartes de la Ley 678 de 2001‘).

Con respecto a la queja que interpondrá por el mismo caso, Tovar agregó que “contribuiremos, en el marco de la Ley, a que los entes de control lleguen hasta las últimas consecuencias para saber a ciencia cierta qué buscaba y qué encontró finalmente la Superintendencia, y en todo caso que se investiguen las presuntas irregularidades que se denunciaron en ese entonces“.

De acuerdo con lo que este portal pudo establecer, entre los documentos que buscaba inspeccionar la SIC se encuentran los relativos al Proceso Licitatorio LP-001-INFRA-2014, cuyo objeto fue la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial urbana en Cartagena, cuya cuantía fue de $80 mil millones.

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