La mujer del César no solo debe serlo sino parecerlo

Por Carlos A. Almanza Agámez *

Colombia necesita una profunda Reforma a la Justicia que corrija las fallas profundas que la aquejan, optimicen su eficiencia y eficacia y que, en últimas, mejore la percepción de la misma por parte de la ciudadanía y demás instituciones y poderes constituidos, de forma tal que la credibilidad de los jueces en todas sus instancias se convierta en una garantía de defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Se necesita una Administración de Justicia de altura para un País que busca la Paz y la convivencia pacífica.

Ello consecuente con algo que he venido sosteniendo públicamente, citando a la Corte Constitucional: “que las dificultades derivadas del crecimiento desbordante del poder ejecutivo en el estado intervencionista y de la pérdida de liderazgo político del órgano legislativo, deben ser compensadas, en la democracia constitucional, con el fortalecimiento del poder judicial, dotado por excelencia de la capacidad de control y de defensa del orden institucional. Sólo de esta manera puede lograrse un verdadero equilibrio y colaboración entre los poderes; de lo contrario, predominará el poder ejecutivo”[1].

Para eso, la Rama Judicial, sus Altas Cortes, pero en especial la Corte Constitucional –a quien se le ha confiado la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política – deben mantener su independencia judicial, su autonomía del Legislativo y del Ejecutivo, y su dignidad en medio del debate electoral. La colaboración armónica con los demás poderes públicos tal como se diseñó en la Constitución de 1991 debe darse dentro de los cauces institucionales y en los momentos e instancias oportunamente constitucionales. En ese sentido, habrá espacios institucionales con el Congreso, el Ejecutivo, y con la sociedad civil donde los miembros de la rama judicial podrán participar de las discusiones y reflexiones sobre cuál debe ser la reforma más conveniente para Colombia. Ese espacio, no obstante, debe estar alejado de las campañas electorales.

Por ello me resulta desafortunado y frustrante ver a magistrados de la Corte Constitucional en ejercicio verse seducidos, acicateados, por intervenir en medio del debate electoral, al recibir, propiciar o aceptar “visitas protocolarias” de candidatos –cualquier candidato – en medio de las campañas políticas (Ver https://twitter.com/CConstitucional/status/1004421213362540544 y https://twitter.com/CConstitucional/status/1004360341021773825). En la noche del mismo 6 de junio, el tema fue objeto de debate en el programa “Semana en Vivo”, con destacados panelistas bajo la dirección de la reconocida periodista María Jimena Duzán. En medio del programa, todos trataron de justificar este hecho, como lo hizo la Corte en su comunicado, bajándole el tono a la gravedad del asunto. Una intervención en particular me pareció contraria a la razón por venir de quien vino: el exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional Jaime Arrubla, quien consideró que “no hay ninguna prohibición para que los magistrados atiendan….” este tipo de reuniones en medio del debate electoral (Ver minuto 13:30 https://www.facebook.com/cablenoticias.tv/videos/2141206599241771/).

Grave error al que se pretende inducir a la ciudadanía: la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia” señala expresamente, que a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, según el caso, les está prohibido cualquier participación en procesos políticos electorales, salvo la emisión de su voto en elecciones generales (Art. 154, Numeral 13).

El mismo reglamento interno de la Corte Constitucional, Acuerdo No. 05 de 1992, consagra la prohibición de participación en política: Los funcionarios y empleados de la Corte Constitucional tienen prohibición constitucional de tomar parte en actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio (Art. 85).

Es también una prohibición constitucional, contenida en el Acto Legislativo No. 02 de 2004 (que en su Art. 1ro modificó los incisos 2o y 3o del artículo 127 de la Constitución Política), donde se dispuso que a los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio.

Por eso reitero la frustración cuando uno como docente trata de reafirmar la idea de que los jueces solo se pronuncian a través de providencias judiciales, una idea que busca resaltar la independencia judicial, y que la Magistratura es la máxima dignidad a la que aspiraría la mayoría de profesionales del Derecho, pero desafortunadamente quienes se están formando como abogados, y los ciudadanos en general, abren la prensa, encienden la radio o la televisión, entran a redes sociales, y cuál es el ejemplo que ven: altos magistrados reunidos con candidatos a la Presidencia, en lo que puede y parece ser una intervención en procesos políticos electorales, en actividades de los partidos, en medio de controversias políticas. Preocupa ver a la Corte participando en medio del debate electoral, y no como garante del orden constitucional, algo jamás visto en democracias consolidadas.

No nos llamemos a engaños. A escasos once días para la segunda vuelta electoral, todos los actos y manifestaciones de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta tendrá como objetivo final influir en el comportamiento de los electores; en asegurar la mayor votación posible a partir de vender un programa de gobierno, un ideario político, unas tesis sobre el manejo del Estado. Una visita de este tipo no se entiende en un escenario distinto al electoral, y las campañas las usarán con tal fin. Eso podría ser legítimo y válido desde la óptica de los candidatos en la búsqueda del poder. No hay norma moral ni legal que se los impida. Pero no debe ser así desde la orilla de los funcionarios públicos y, en especial, de quienes ostentan tan altas dignidades constitucionales, que deben evitar a toda costa ser instrumentalizados en medio del debate, algo que compromete su independencia y la dignidad de la justicia.

Nuestra tarea de rodear, fortalecer a nuestros jueces, entendiendo que el Sistema Judicial es el último bastión para proteger y defender los derechos de los ciudadanos y los principios democráticos, no debe silenciarnos para manifestar nuestra inconformidad y desacuerdo cuando actúan contra la razón y el derecho.

[1] Sentencia T-406 de 1992 Corte Constitucional. M.P. Dr. CIRO ANGARITA BARON, con votos favorables de los entonces Magistrados EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ y JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.

* Abogado, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez y docente universitario.

 

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