Lucha contra la corrupción: desafíos para la Academia y la sociedad

Por Carlos A. Almanza Agámez *

El pasado viernes 1 de junio, la Gerencia Departamental de Bolívar de la Contraloría General de la República, junto con la Facultad de Ciencias de la Salud de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, convocaron a servidores públicos del Departamento y el Distrito, organizaciones de la sociedad civil, trabajadores del sector salud, veedurías, academia y ciudadanía en general, al Foro sobre corrupción en salud.

Este terminó en diálogo sobre la corrupción política, ese mal uso del poder público para conseguir ventajas ilegítimas y provechos económicos injustificados, contrariando la probidad y la moralidad con que se deben buscar los fines de la administración pública; todo lo contrario a la transparencia y eficacia que debe tener un Buen Gobierno en un Estado legítimo. No en vano Colombia en los índices de Transparencia Internacional, se ubica en el puesto 96 entre las 180 economías que mide esta organización[1].

Y no solo Transparencia Internacional se ha tomado la tarea de medir la percepción de la corrupción. Recientemente el Grupo de Economía de la Salud -GES – de la Universidad de Antioquia publicó en medios los resultados del “Estudio de caracterización de riesgos de corrupción y opacidad en el sistema de salud colombiano”[2], que expuso una preocupante (a mi parecer justificada) y creciente mala fama del sistema de salud, en niveles medio o alto: “en esos rangos ubica la gente a agentes del sistema de salud, tanto en la esfera central como regional. Para las Alcaldías fue del 88%, Gobernaciones 85%, Secretarías de salud 87%, hospitales públicos 80% y EPS 76%”.

La misma Contraloría que nos convocó a este Foro ha señalado que la corrupción presente en la ejecución de todos los presupuestos públicos, entre nacionales y departamentales, le ha la costado al país entre $40 y $50 billones[3].

Revela el contralor que el Sistema General de Participaciones -SGP-, destinados para Salud y Educación, no ha logrado reducir la inequidad entre las regiones ni disminuir la trampa de la pobreza; al contrario: ha sido aprovechado como plataforma para varios actos de corrupción.

Y a estas cifras hay que ponerles rostros: cada peso perdido entre coimas o sobornos, captación irregular y/o desviación de los recursos, tráfico de influencias, extorsiones, fraudes, malversación, prevaricación, mala administración y falta de planeación, sobrecostos y sobrefacturación, etc., se traduce dramáticamente en pacientes que no recibe la atención en salud que requieren; madres que da a luz en condiciones deplorables, sobre todo en sectores rurales; enfermos de cáncer que mueren primero de pena y humillación por el tratamiento injusto y denigrante que recibe por parte de los agentes del sistema, antes que por las mismas complicaciones de la enfermedad; profesionales de la Salud y personal asistencial con precarias condiciones laborales y salariales. No nos equivoquemos: la corrupción en salud ha dejado más víctimas que todos los años del conflicto armado.

Todo esto como consecuencia -además – de que el control de las instituciones financieras del sistema y de las clínicas ha sido inadecuado y propenso al acaparamiento de los recursos por parte de los agentes, lo que se refleja y obliga a una merma en los servicios prestados a los pacientes.

Eso explica en parte que un gran porcentaje de la población deba acudir masivamente a la acción de tutela como parte de los engorrosos trámites para recibir una atención médica adecuada y de calidad. Hemos llegado al absurdo social en que muchos pacientes se ven obligados a acudir primero a un abogado para poder tener acceso a un especialista médico; a pasar primero por un despacho judicial antes del quirófano.

No en vano estudios señalan, con información de la Defensoría del Pueblo, que entre 1992 y 2016 se han interpuesto 5.865.665 tutelas, que representan a precios constantes de 2016 más de 4,3 billones de pesos (COP $4.336.890.408.097)[4]. De hecho, una de cada cuatro tutelas en Colombia tiene que ver con solicitudes de servicios de salud.

El uso de la acción de tutela como mecanismo para reclamar situaciones vinculadas directamente con la salud ha desembocado entonces en una sobre carga para la administración de Justicia. Hoy, abogados y jueces son parte indirecta del Sistema de Salud ante la incapacidad del Estado para resolver las fallas del funcionamiento eficiente y los costos del mismo que, dentro del modelo económico actual, favorece al empresario sobre el paciente.

Pero una tarea ineludible. mientras ello ocurre, es atacar todo fenómeno de corrupción que afecte los recursos para la atención de los pacientes. Y ello implica corregir fallas profundas en el funcionamiento de nuestro sistema político.

“Resulta nefasto que la gobernabilidad del ejecutivo se concrete en negociaciones en los que las partes se conciertan para capturar rentas públicas”: Carlos Almanza

No podemos seguir viendo como algo normal que en nuestra democracia, si bien imperfecta, la gobernabilidad se haga sin un verdadero sistema de pesos y contrapesos que evite abusos de poder y violaciones a la normatividad. Resulta nefasto que la gobernabilidad del ejecutivo (en todos los niveles de gobierno) se concrete en negociaciones y acuerdos en los que las partes se conciertan para capturar rentas públicas, como las del sector salud, por medios ilegales.

Y aquí vienen parte de los compromisos ineludibles de la Sociedad Civil: desarrollar la capacidad para controlar los comportamientos visibles de la clase política contrarios a cualquier noción de ética de lo público. A recuperar la capacidad de asombro e indignación, para no seguir siendo proclives como sociedad a que se perpetúen estructuras de poder que favorecen fenómenos de corrupción.

Y en la Academia, fortalecer nuestro compromiso de formar profesionales íntegros, que actúen guiados por virtudes morales y profesionales. Profesionales capaces de generar desarrollo económico y social. Y que aquellos que se dediquen a la función pública, puedan hacerlo con verdadera vocación de servicio antes que como fuente de lucro. Sensibles ante los menos favorecidos, capaces de visionar una sociedad donde sea la ciencia, el conocimiento, el trabajo y la productividad, las fuentes de crecimiento como personas y nación; abandonar la cultura del ‘todo vale’, de la malicia, del engaño y del cinismo como tolerables formas de aceptación social y de enriquecimiento. Y cuidar de los recursos públicos.

Y ambos, Sociedad Civil y Academia, generar sinergias, como hoy de la mano de los órganos de control, buscando que estos escenarios de análisis y reflexión sobre la corrupción trasciendan en acciones reales, que mejoren lo público y lo hagan más eficiente en beneficio de todos.

No es produciendo más leyes. Se trata de tener mejores servidores públicos, mejores gobiernos locales y nacionales, una sociedad civil más empoderada, participativa y deliberativa. En últimas, mejores personas, mejores ciudadanos, mejores profesionales.

[1] https://www.transparency.org/country/COL

[2] http://www.portafolio.co/economia/la-mala-imagen-de-la-salud-en-colombia-513407

[3] http://www.elcolombiano.com/colombia/corrupcion-ha-costado-al-pais-entre-50-y-50-billones-de-pesos-contraloria-IY7562291

[4] http://revistas.sena.edu.co/index.php/CITEISA/article/view/1347

* Abogado, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez y docente universitario.

 

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