Sí a la prohibición de la dosis personal

Por Anthony Sampayo Molina *

El eterno magistrado de la Honorable Corte Constitucional, Dr. Carlos Gaviria Díaz, en una icónica sentencia de 1994, marcó un hito en la forma en que en adelante se abordaría el flagelo de la drogadicción en nuestro país. En aquella época la Ley 30 de 1986, concebía al drogadicto como un enfermo sobre el que el Estado debía intervenir punitivamente en procura de salvaguardar tanto el interés general como al propio individuo. Dicha ley, abordaba la “dosis personal” contemplando como tal unas cantidades de droga fijas dependiendo de cada tipo, las cuales determinaban el tratamiento punitivo que se le iba a dar al sujeto que era sorprendido con ellas. Así, si una persona era sorprendida, por primera vez, portando o almacenando, para su propio uso, una dosis personal de cualquier sustancia de las ahí contempladas, se hacía merecedor de una sanción de arresto hasta por treinta días y multa. Si por el contrario, la persona era reincidente, se contemplaba una sanción de multa y arresto de entre un mes y un año, siempre y cuando el nuevo hecho tuviera lugar dentro de los 12 meses siguientes al primero. Para el consumidor adicto, condición que requería ser determinada así por medicina legal, la ley disponía un internamiento obligatorio en establecimientos psiquiátricos o similares, por el término necesario para su recuperación, así fuera su primera vez, en cuyos casos no se imponía ningún otro tipo de sanción.

En la mencionada sentencia, tomando como fundamento los derechos a la salud individual, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía personal, con una interpretación en apariencia acorde con la naturaleza liberal de la constitución de 1991, se decidió declarar inexequibles aquellas normas que penalizaban la dosis personal de drogas. En palabras sencillas, se consideró que dentro de la concepción de libertad de las personas, estaba incluido el derecho a autolesionarse, siendo el consumo de estupefacientes un tipo de autolesión de la que el individuo era libre de tomar la decisión o no de continuar en ella. A partir de este punto se hizo necesario tomar en cuenta, no solo la cantidad de droga incautada, sino esencialmente, el ánimo o el propósito de ese porte o almacenamiento, el que si era para el propio consumo, convertía la conducta en atípica.

Consecuente con esta interpretación, en el 2002 la misma Corte Constitucional, llamó la atención en la necesidad de distinguir entre el porte de sustancias en cantidades consideradas como dosis mínimas para el propio uso y su tráfico, quedando claro que el mero porte de una sustancia en dichas cantidades no hacia atípica automáticamente la conducta si se demostraba que en realidad estaba destinada al tráfico o distribución. Ya con una línea de interpretación coherente de más de una década, en el año 2009 a través del acto legislativo 02, se introdujo una reforma constitucional al artículo 49, haciendo que en adelante, el problema del consumo de estupefaciente se abordara desde una óptica de salud pública, llevando a que por vía de jurisprudencia, se estableciera que los consumidores de este tipo de sustancias debían ser sujetos de una protección constitucional reforzada, merecedores por lo tanto de “una discriminación positiva”, lo cual ha determinar al Estado a la implementación de una serie de políticas destinadas a la prevención de comportamientos que puedan afectar la salud del individuo y se aborde el tema de la drogadicción como un tipo de enfermedad psiquiátrica que afecta la autodeterminación y autonomía de quien la padece, por lo que se requiere para ella un tratamiento en la que ha de intervenir el estado para poder garantizar esos derechos al afectado.

Luego entonces, como quiera que los jueces están es para interpretar las normas y no para crearlas, lo que se originó en el país, ante este tratamiento del flagelo, fue que con las despenalización de la dosis mínima, sumado a la concepción de “dosis de aprovisionamiento”, que casi que hace intrascendente la cantidad de sustancia con la que es sorprendida una persona frente a la intención o ánimo del agente; fue que en Colombia el porte de drogas, obviamente no en cantidades exageradas, resultara irrelevante jurídicamente, tanto desde el punto de vista penal como de cualquier otro, es decir un vacío legal.

Este vacío normativo, uno que desde la Constitución se exige subsanar pero que el estado ha ignorado; ha dejado como única herramienta para combatir este flagelo y las lamentables consecuencias que a nivel micro genera, la acción penal a través de la Fiscalía General de la Nación; sin embargo, ya sabemos que esta opción resulta inadecuada, lo que obliga a los jueces de control de garantías a dejar en libertad a toda persona capturada, en los que casos en que solo existe evidencia de un mero porte sin que se demuestre la intención de tráfico. Y ahora más, si tenemos en cuenta, que en una correcta interpretación, la Corte Suprema ha determinado que la carga de probar la intención de tráfico corresponde a la Fiscalía y no a la persona capturada. Es decir, ese individuo abandona las salas de audiencia sin ningún tipo de sanción penal pero sí con un gran desgaste del estado.

No hay que confundir prohibición con penalización y es claro que mientras exista una política de lucha antidroga a nivel mundial, y que Colombia sea uno de los países que más padezca las consecuencias del narcotráfico, colocando vidas de policías, militares y civiles a diario; con la destrucción ambiental, y con los miles de millones de pesos que de nuestro bolsillo se utilizan para combatir el flagelo; debe haber una regulación que de alguna forma prohíba incluso el porte de sustancias estupefacientes para su propio uso, aparejada de políticas públicas para tratamiento y abordaje, que no impliquen un tratamiento punitivo del fenómeno.

No es un problema de tipo moral, es más que todo un problema de coherencia política, ya que mientras hay familias que ven como sus miembros dan la vida en la lucha contra el narcotráfico, se destruye la flora y fauna del país y se destinan tantos recursos a ese fin, es necesario que el consumidor final, que es quien paga toda la cadena que lleva tras de sí, entienda que esos minutos de placer se encuentran precedidos de muerte y destrucción; ahora, si aun así, decide hacerlo, ello resulta respetable, y asume voluntariamente las consecuencias, pero lo que no se puede es enviar un mensaje equívoco políticamente, de que mientras unos mueren en la lucha de un problema, aquellos que al final la financian, no tienen absolutamente nada que ver con él y que simplemente, todo se subsume, en un problema de autodeterminación, que no trasciende al fuero íntimo del individuo.

* Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología

 

 

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