Funcionaria distrital otorga amparo policivo a particular que reclama lote de Corvivienda

La inspectora de Policía de la Unidad Comunera de Gobierno No. 13, Cielo Patricia Otero, concedió un amparo policivo a un particular que reclamaba una supuesta posesión sobre un lote en el barrio El Campestre, “el cual todo el mundo sabe que es propiedad de Corvivienda” (el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Cartagena) “y por ello voy a presentar las denuncias y demandas que correspondan”.

Así lo informó el gerente del Corvivienda, William García Tirado, luego de saber que varios individuos “llegaron al lugar donde proyectamos ejecutar el proyecto Bahía de San Carlos, armados y custodiados por varios agentes de la Policía, con el fin de hacer posesión de ese bien fiscal”.

Visiblemente disgustado, el funcionario advirtió que -en todo caso – la ciudadanía podrá estar tranquila, ya que mientras esté en el ejercicio de lo público no permitirá este tipo de situaciones en contra del interés general, y particularmente de los más necesitados. “Quiero dar un parte de tranquilidad a toda la ciudadanía, y es que mientras esté al frente de Corvivienda no permitiré, bajo ninguna circunstancia, que se den hechos como este; defenderé a capa y espada los predios de la entidad, y para ello cuento -gracias a Dios – con la Constitución y la Ley”.

La extensión total del lote es de 7 mil 300 metros cuadrados.

La extensión total del lote de Corvivienda es de 7 mil 300 metros cuadrados, y en él la entidad promueve un proyecto de vivienda de interés social consistente en la construcción de 714 unidades habitacionales.

De acuerdo con lo informado por García Tirado a este portal, además de haber puesto en conocimiento del alcalde Antonio Quinto Guerra Varela la inopinada situación, instaurará una denuncia en la Fiscalía y una queja en la Procuraduría “para que los entes de control investiguen cómo pudo darse esta grave irregularidad”.

En efecto, al conocer el hecho, Guerra Varela le brindó pleno respaldo a García y ordenó el inicio de las correspondientes actuaciones administrativas, las cuales, según una fuente del Ejecutivo, podrían concluir en la declaratoria de nulidad del amparo policivo otorgado por la inspectora Otero. Según la misma fuente, esta nulidad la deberá declarar la secretaria del Interior, Yolanda Wong Baldiris, “quien es la segunda instancia en este caso, luego de escuchar a todas las partes para garantizar el derecho a la defensa”.

En cuanto a la denuncia a instaurar, lo que se supo es que, como en el año 2012, por un hecho exactamente igual, se interpuso una denuncia contra la entonces inspectora Mónica Herazo Morales, lo que se hará en esta ocasión es ampliar la misma, agregando al expediente a los nuevos actores.

Corvivienda promueve un proyecto consistente en la construcción de 714 unidades habitacionales.

En efecto, la funcionaria declaró en su momento que Corvivienda “no es poseedora del lote de terreno ubicado dentro del inmueble de mayor extensión que se encuentra bajo litigio por querella del Sr. Julio César Cortez Jiménez ante este despacho” (SIC). En la misma resolución, la inspectora reconoció “como poseedor material, con ánimo y razón de señor y dueño de la porción del lote de mayor extensión en litigio que pretendía Corvivienda, situado en el sector este de este predio, al Sr. Julio César Cortez Jiménez ” (SIC). Y, asimismo, ordenó que “una vez ejecutoriado esta resolución” (SIC), se hiciera “entrega del lote al Dr. Adolfo Tous Paternina, como su apoderado judicial”.

A pesar de dicha situación, el entonces gerente de Corvivienda, William Amín Jattin, tras asegurar que “está suficientemente probado que Corvivienda siempre ha tenido posesión sobre el lote en cuestión”, inició la defensa de los intereses de la entidad, logrando que el 14 de diciembre de 2014 se expidiera una resolución: la número 069 de la fecha, que restituyó el terreno como un bien fiscal.

Curiosamente, a pesar de haber pasado el proceso a cosa juzgada y ser un hecho notorio y de público conocimiento que sobre el lote hay una posesión material por parte de Corvivienda, en el año 2017 la alcaldesa de la Localidad Industrial y de la Bahía, Patricia Zapata Vergara, declaró el terreno como un bien no fiscal, lo que llevó a la inspectora Otero a conceder el amparo policivo solicitado.

“En el caso de Zapata Vergara hay un claro prevaricato por acción“, manifestó un funcionario de la Alcaldía que pidió reserva de su nombre; “y en el Otero, no veo como esta funcionaria de carrera, que viene con la Administración desde hace décadas, va a decir ahora que no sabía que se lote es de Corvivienda”.

A Cielo Patricia Otero se le recuerda por haber sido la inspectora que en abril de 1996 autorizó el desalojo de cerca de 50 familias que supuestamente habían invadido el terreno de un particular en el sector El Papayal, a un lado de Chambacú, durante el cual se presentó un duro enfrentamiento que ocasionó contusiones y heridas a 18 policías y 10 civiles, y terminó con una condena al Distrito de más de $10 mil millones.

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