Procuraduría pide suspender provisionalmente elección de Quinto como alcalde de Cartagena

El procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial Germán Calderón España, en su condición de funcionario especial de la Procuraduría General de la Nación, demandó ante el Tribunal Administrativo de Bolívar la nulidad de la elección de Antonio Quinto Guerra Varela como alcalde de Cartagena.

En su escrito, de 29 páginas más 55 folios con pruebas documentales, el delegado del Ministerio Público solicitó además como medida cautelar la suspensión provisional de los actos administrativos que declararon la elección de Guerra Varela como mandatario distrital.

Para Calderón España, la ejecución de varios contratos suscritos con el Estado por Guerra Varela “entre los meses de febrero a diciembre de 2017, sin lugar a dudas, permitió que” el hoy alcalde “pudiera acercarse a las entidades públicas del orden distrital como a los residentes para gestionar y lograr que la política pública en materia de agua potable y saneamiento básico se hiciera realidad“.

La intervención del hoy alcalde en el desarrollo y ejecución de los contratos en mención desequilibraron la contienda electoral“, advirtió el alto funcionario.

En rueda de prensa, el procurador delegado explicó que los contratos cuestionados consistieron en la estructuración de estrategias y el desarrollo de programas sobre planes básicos de agua potable y saneamiento básico varios municipios de Bolívar, entre ellos Cartagena, situación “con la que pudo influenciar a la comunidad en su favor“.

Además, según informó, “está probado que suscribió otrosí contractual -el 30 de octubre de 2017 – que no era otra cosa que un contrato adicional por lo cual también se configuró la inhabilidad argumentada en la demanda“.

De acuerdo con lo que informó además Calderón España, entre las pruebas aportadas está una decisión del Consejo de Estado del año 2006 que declaró nula la elección del entonces alcalde de Santa Rosa de Viterbo, “por la celebración de un contrato adicional de prestación de servicios dentro del año anterior a su elección como mandatario local“.

En cumplimiento de su deber

De acuerdo con lo que este portal pudo conocer, con su acción Calderón España no solo cumplió lo dispuesto por sus superiores en cumplimiento de los fines misionales de la Procuraduría sino, además, lo estipulado en el Artículo 67  del Código de Procedimiento Penal, “Deber de denunciar“, que determina que “toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio“.

Cumplió asimismo lo que contempla el Artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, en el sentido de que “los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes”, pero “los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones“.

En el caso de la supuesta inhabilidad de Guerra para haberse inscrito como candidato y, consecuencialmente, para acceder al primer cargo del Distrito, no haber instaurado las acciones pertinentes se hubiera tipificado como una omisión por parte de la Procuraduría, ya que es sabido que para esta entidad no existe ninguna duda sobre el tema.

El Artículo 67  del Código de Procedimiento Penal contempla además que ‘el servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente’“, manifestó una fuente cercana a la Procuraduría.

Póngale la firma: en cumplimiento de su deber, la Procuraduría abrirá en las próximas horas la correspondiente investigación disciplinaria al alcalde Guerra por haber aspirado primero, y haberse posesionado después, estando inhabilitado, y a partir de esa indagación cualquier cosa puede suceder“, manifestó un abogado y dirigente político local que pidió reserva de su nombre.

Para la misma fuente, la norma que aplicará el Ministerio Público para abrir una investigación a Guerra es el Artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que establece como “faltas gravísimas“, entre otras, “realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo“.

Aquí cabe también una acción penal“, agregó, “pero no creo que la instaure la Procuraduría, ya que, como ya se sabe, hay una denuncia interpuesta por el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, y esa va andando” (leer ‘Radican denuncia en la Fiscalía contra elección de Quinto Guerra‘).

 

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