No es Quinto, es la ley

Por Anthony Sampayo Molina *

A pesar de que ya muchos creen que la polémica y eventuales consecuencias derivadas de una supuesta inhabilidad del hoy alcalde de Cartagena, Antonio Quinto Guerra Varela, ha sido superada, la verdad es que en lo que nos adentramos es en un campo muchísimo más complejo y delicado del que acabamos de dejar atrás.

El debate inicial se dio ante el Consejo Nacional Electoral -CNE – para definir simplemente la viabilidad de una candidatura. Mientras lo que se avecina es el futuro de un alcalde electo y de una sufrida ciudad, que a pesar de todo lo que le ocurre, al parecer aun no llega al fondo del abismo. La situación jurídica se torna más compleja en este nuevo escenario, ya que se incursiona en una controversia donde una de las partes que asume competencias para tomar una decisión que debe ser imparcial, con apego únicamente en la ley, sobre la permanencia o no del nuevo alcalde en su cargo, ya ha expuesto, extraprocesalmente a este nuevo debate que se avecina, su criterio al respecto.

Obviamente nos acabamos de referir a la Procuraduría General de la Nación, cuyo titular conforme a lo preceptuado por el Artículo 277 Numeral 6 de la Constitución Política de Colombia es al que corresponde ejercer preferentemente el poder disciplinario, adelantar las investigaciones e imponer las respectivas sanciones a quienes ejercen funciones públicas; y que en el caso del señor Antonio Quinto Guerra ya ha emitido conceptos claros e inequívocos sobre su situación. Entonces, bajo este contexto, es válido preguntarse: ¿podría existir, para el caso de la ciudad de Cartagena, una real imparcialidad en un eventual proceso disciplinario adelantado en contra del alcalde electo? ¿Sería suficiente el que se nombre un procurador especial para el caso particular cuando el titular de la entidad ya ha fijado y expuesto su criterio?

Y es que yace amenazante sobre los hombros del mandatario local una serie de normas que colocan en vilo su continuidad y que pudieran en cualquier momento apartarlo del cargo, como por ejemplo el artículo 157 del Código Disciplinario Único, el cual contempla la posibilidad de una suspensión hasta por tres meses,  durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento, por faltas calificadas como graves o gravísimas, prorrogables por tres más e incluso tres adicionales una vez se profiera fallo de primera instancia; lo que se estaría traduciendo en nueve meses que resultan fatales para un periodo tan corto. Peligro latente y decisión inminente, si tomamos en cuenta que actuar bajo una causal de inhabilidad, que para la Procuraduría no existe duda de su existencia, la habilitaría para tomar dicha decisión.

No deja de ser preocupante la inseguridad jurídica que impera en el país, y si bien es cierto la situación contractual que ostentaba Quinto Guerra con el Departamento de Bolívar y el Ministerio de Vivienda, previo a su inscripción como candidato a la Alcaldía de Cartagena, tiene todo para hacerla éticamente cuestionable, lo cierto es que legalmente dicha situación no encuadra dentro de la hipótesis que contempla la ley para poder predicar de ella una inhabilidad. Y es que ya el Consejo de Estado, máxima autoridad de lo contencioso administrativo y órgano de cierre en esta materia, ha definido el alcance de la norma que se manifiesta trasgredió el alcalde electo, estableciendo de forma expresa que en eventos como el que nos ocupa la inhabilidad se circunscribe o se limita a la participación directa del candidato en la celebración del contrato, quedando excluida toda actuación posterior a esta, tales como ejecución, liquidación o prórrogas. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, es del pensar de la Procuraduría que la ejecución de los referenciados contratos, para el caso del alcalde de Cartagena, sí lo inhabilitarían para aspirar y ejercer el cargo, entonces: ¿por qué merecería la situación particular una interpretación diferente?

Al analizar la solicitud de declaratoria de inhabilidad elevada por el ministerio público ante el CNE se evidencia que lo que hace aquella entidad es una interpretación extensiva de la norma con fundamentos filosóficos coherentes, pero inaplicables al caso, y todo porque al ser las inhabilidades una limitación a derechos constitucionales, las mismas deben ser interpretadas de manera restrictiva.

Resulta pertinente aclarar que lo que expone la Procuraduría en su solicitud resulta totalmente atinado en su contexto ético, en el entendido que más que la mera intervención en la celebración un contrato, lo que en realidad y en la práctica genera el desequilibrio y una situación ventajosa del contratista con respecto a otros aspirantes es la ejecución del mismo, ya que es por esta vía que el individuo muestra el trabajo y se genera un contacto con la comunidad que posteriormente aspira a representar. Sin embargo, la ley no la contempla así, y siendo la jurisprudencia un criterio de interpretación, en aras de la seguridad jurídica, debe ser esta la que fije los límites y alcances de una norma y no una particular visión de alguna de las partes.

Por estas razones, por más ilógico o absurdo que a muchos les parezca, la solución a dicha situación es que el Congreso legisle al respecto y adecúe la norma a los alcances que parecen ser los más coherentes para lograr los objetivos que la inhabilidad pretende, mientras tanto, no queda de otra que aceptar lo que está escrito y permitir que el alcalde continúe en el cargo.

Sin embargo, de insistir la Procuraduría en su deseo de que se declare la inhabilidad del alcalde de Cartagena, en aras de garantizar un debido proceso, esa decisión debería dejarla en manos de los jueces de la República y no hacer uso de esa facultad preventiva que tiene de suspenderlo unilateralmente, ya que es claro que en dicho proceso existe una clara parcialidad interpretativa por quien sería el competente para declararla.

* Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología

 

 

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