Jueces políticos, no jurídicos

Por Rafael Vergara Navarro *

La Ley es clara “no podrá ser elegido alcalde quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”.

Pues bien, resulta que entre el 17 de enero del 2017 y el 31 de diciembre de ese año, en la ciudad y el departamento el candidato Quinto Guerra contrató y ejecutó con el ministerio de Vivienda, lo que lo inhabilita para aspirar a ser alcalde en estas elecciones atípicas por las que se votará el 6 de mayo.

Por lo anterior, al igual que lo hizo inicialmente el ciudadano César Saavedra, el Procurador General de la Nación en conferencia de prensa confirmó su convicción de la existencia de la inhabilidad y demandó al Consejo Nacional Electoral revocar la inscripción que a 10 días de la elección aún no se ha efectuado.

El editorial de El Tiempo del 25 d Abril titulado “Una Clara Inhabilidad”, de la demanda del Procurador ante el Consejo Nacional Electoral cita que “cinco meses antes del 15 de abril, fecha que se había fijado inicialmente para jornada electoral y fue postergada por el Ejecutivo para el 6 de mayo, el candidato cuestionado estaba ejecutando contratos con el departamento de Bolívar y el Ministerio de Vivienda, por lo que se encontraba vigente la celebración de los mismos (…) lo que constituye una ventaja sobre los demás aspirantes”

Además de la repulsión que produce estar ante la grave circunstancia de una cuestionada elección atípica para un periodo tan corto, el Consejo Electoral se reunió para definir las demandas pero no se discutió la ponencia existente. Se aplazó para esta tarde.

Son nueve los magistrados y en su casi totalidad responden en los fallos al querer de los partidos que, en lo local, están cerca del candidato del carro lleno de maquinaria, clientelismo y el más de lo mismo.

Digo carro lleno para explicar la lectura que hago del significado del eslogan de Quinto, el de “Ganemos Todos”: los partidos conservador, liberal, de la U, los uribistas, cristianos de Arrázola, y empresarios que, sin importar consecuencias, apuestan a quienes dan por ganador.

El inhabilitado está respaldado por la candidata del CD a la vicepresidencia Marta Lucía Ramírez quien, junto a los sepulcros blanqueados en el propósito de apoderarse de Cartagena, se abraza con Juan José García, Javier Cáceres, William Montes y Vicente Blel.

Tengo claro que en el Consejo Nacional Electoral la pureza del sufragio está a merced más que de jueces, de políticos al servicio de las causas que agencian sus mandantes.

La mayoría calificada es de 6 lo que dificulta las decisiones. Se ha filtrado que favorable a Quinto la ponencia estima que no hay inhabilidad. Parten de una tesis política, no jurídica, que fijar el periodo de inhabilidad a partir de la fecha del contrato original, no la de la modificación, que es la que extiende el tiempo hasta su finalización que configura la inhabilidad. Es como si la ejecución prolongada no generara presencia en el Territorio, que es el privilegio o ventaja que la Constitución y la ley no admiten.

Pues bien si no logran el quorum decisorio para imponer esa tesis o la de la inhabilidad, el Consejo deberá nombrar conjueces que “cumplan el propósito de (…) dirimir los empates en las corporaciones judiciales y/o completar el quorum decisorio si fuera necesario”, lo que significará que no se votará esta demanda antes del 6 de mayo.

Es una infamia la inconsciencia e indolencia de esta clase política. Si Quinto llegare a ser elegido será un alcalde que gobernará con una espada de Damocles sobre su cabeza y la ciudad seguirá sometida a la continuidad de una inseguridad latente y una apropiación delictiva de sus riquezas.

Si los conjueces fallan a su favor vendrá la demanda ante el Tribunal Administrativo y luego, en segunda instancia, el consejo de Estado declarará la inminente inhabilidad. Si no es tarde estará acabando el período igualmente atípico con un concejo de seis miembros y un alcalde cuestionado de inicio sino es antes destituido por el Procurador que destituyó a Manolo Duque.

Que tragedia la de esta ciudad condenada a una institucionalidad mediocre resultante del dominio de una clase política indolente que se repite y no se sacia de imponerse y mal gobernar a una ciudadanía que hastiada de ellos nunca le tendrá confianza.

 

* Abogado, ambientalista y gestor de Paz.

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