Más allá de la supuesta inhabilidad de un aspirante a la Alcaldía

Por Carlos Ardila González *

Para el procurador Fernando Carrillo Flórez, para la mitad de los abogados consultados por Revista Metro durante la preparación de diversas notas (la otra mitad cree que no, por existir fallos favorables a los demandados en casos similares), y para varios periodistas y medios de comunicación, entre estos el diario El Tiempo, no hay dudas de que el exconcejal Antonio Quinto Guerra Varela está inhabilitado para aspirar a ser alcalde de Cartagena.

La razón: hasta el 31 de diciembre del año pasado realizó acciones que, eventualmente, le permitieron sacar ventaja sobre otros ciudadanos, ya que en desarrollo del objeto de sendos contratos suscritos con la Gobernación de Bolívar y el Ministerio de Vivienda inauguró obras y entregó viviendas a decenas de familias en Cartagena, produciendo a su favor un desequilibrio de “las campañas electorales que se están adelantando para la elección de alcalde de Cartagena, al ubicarlo en una condición de privilegio frente a las demás opciones políticas”, como hizo caer en cuenta la Procuraduría al Consejo Nacional Electoral -CNE.

Y ha sido, justamente, ese hecho: la supuesta inhabilidad, lo que ha estado en los últimos días en el ojo del huracán de la prensa nacional, ya que al margen de que el CNE acepte o no la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura de Guerra Varela, la gran perdedora ha sido y seguirá siendo la ciudad de Cartagena.

Si el dirigente conservador es elegido, desde el día siguiente deberá afrontar las demandas que inevitablemente serán presentadas, comenzado con la de mismo procurador, quien, por lo que ha podido determinarse, está dispuesto a restablecer el espíritu de la norma sobre inhabilidades e incompatibilidades, es decir, que ningún servidor público, empleado o contratista, pueda servirse del cargo o contrato para obtener ventajas políticas.

Sin embargo, por lo que ha podido evidenciarse, para un sector de la prensa y diversos analistas lo grave es que en Cartagena no exista el más mínimo asomo de reproche ético o moral. O si existe, debe encontrarse oculto en algún lugar distante, ya que los cartageneros se muestran escandalizados por la serie de hechos de corrupción que hoy mantienen privados de la libertad a casi una veintena de servidores públicos, reaccionan contra las innumerables irregularidades cometidas durante los últimos años, y expresan repulsión por casos como la parapolítica, los sobornos de Odebrecht, el desfalco a Reficar, el Cartel de la Toga y otros muchos, pero se muestran dispuestos a votar de manera obcecada por el candidato respaldado casi que de forma unánime por los protagonistas locales de estos hechos.

Para muchos, este es el quid de la cuestión. Claro está, para Cartagena y los cartageneros sería grave elegir como alcalde a una persona con altas probabilidades de ver truncada su administración en cuestión de meses. No obstante, más grave aún es tener claro quiénes son los directos responsables de la crisis que padece el Distrito pero aún así estar dispuestos a sufragar por quien les representa a estos -entre otras muchas cosas- una eventual tabla de salvación.

Y no es que sea extraño que la dirigencia política cartagenera, gravemente herida por la serie de golpes propinados por los entes de control, se haya unido alrededor de una sola candidatura en un legítimo acto de supervivencia. Lo que sorprende es que un sector de la dirigencia cívica y empresarial, al igual que un nutrido grupo de periodistas locales, cuestione de labios hacia afuera a los protagonistas de los últimos escándalos de corrupción pero, mediante un estrambótico malabarismo ético, les lancen a estos sin sonrojarse una tabla de salvación, respaldando pública o privadamente a quien, de obtener la mayoría de los votos que se depositen el próximo 6 de mayo, será un importante aliado de todos ellos en el primer cargo del Distrito.

* Director de Revista Metro

 

 

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