Asociación Sindical de Profesores pide a las ías “investigar nido de corrupción en la UdeC.”

La Asociación Sindical de Profesores Universitarios -Aspu – le pidió a la Procuraduría General de la Nación investigar gravísimos hechos de corrupción que, según sus miembros, se vienen presentando en la Universidad de Cartagena desde el año 2015.

En oficio enviado al procurador general, Fernando Carrillo Flórez, y a la procuradora Regional de Bolívar, Margarita de la Hoz, el presidente de Aspu, William Pérez Cantillo, solicita abrir investigación por presuntas “irregularidades y omisiones en el giro de porcentajes de los recursos para la seguridad social de los empleados” del alma máter, “afiliados a la Caja de Previsión de la Universidad de Cartagena”, así como en la elección y posesión del gerente de esta última entidad.

Sobre la misma Caja de Previsión, el dirigente sindical acusa al rector Édgar Parra Chacón y al exrector Germán Sierra Anaya, en su condición de representante de los exrectores, haber emprendido “una campaña para que los afiliados (…) se desafilien de ella y acabar con esta, para robarse los dineros que no le giraron (…)”.

Aspu pidió a la Procuraduría suspender al rector Édgar Parra y al exrector Germán Sierra “ya que ellos (…) manipulan y entorpecen la investigación”.

En su carta, Pérez Cantillo narra otra serie de supuestas irregularidades en la misma Caja de Previsión, en las cuales habrían participado, entre otros, el mismo rector, el gerente de la entidad, Ismael Quintero Martínez, y otros funcionarios y servidores públicos, a quienes acusa de los presuntos delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho, posesión sin el lleno de los requisitos, detrimento patrimonial y fraude a resolución judicial a ente público. Al gerente de la Caja, por su parte, lo acusa de enriquecimiento ilícito.

Según Pérez, el Ministerio Público deberá investigar también el porqué “el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena, abrogándose funciones que no le competen (…) aprobó pensiones por invalidez, bonificaciones o incrementos salariales, primas extralegales a docentes, no docentes, funcionarios públicos y trabajadores oficiales” del ente educativo.

La Aspu pide al procurador general -asimismo – investigar lo que su presidente califica como una “oprobiosa cooptación de funcionarios de los órganos de control por parte de algunos directores de la Universidad”. En su oficio, Pérez acusa a unos y otros de cohecho, y a los directivos del alma máter de usurpación de poder, abuso de autoridad y cooptación”.

De acuerdo con el dirigente sindical, de estos hechos son corresponsables varios congresistas bolivarenses con amigos “en los entes de control”, y es “vox populi que (estos) tenían familiares o ellos mismos que eran nombrado docentes en la Universidad a cambio de favores y de manejo de poder en estos órganos de control”.

En su escrito, tras asegurar que “esto se acentuó en la Rectoría de Germán Sierra y fue más evidente en la de Édgar Parra”, el presidente de Aspu narra cómo familiares o amigos de servidores públicos que en los entes de control intervinieron en procesos en los que los investigados eran directivos de Unicartagena, eran nombrados o contratados por estos. E incluso, en todos los casos con nombres propios, Pérez dice que varios abogados, tras defender en varios procesos a directivos de la Universidad, fueron posteriormente beneficiados por estos con puestos y contratos (leer ‘Queja de Aspu con Directivos de Unicartagena y otros‘).

 

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