“Ronald Llamas violó flagrantemente la Ley”: juez, procurador y Tribunal

Definitivamente, si hay algo en lo que coinciden el juez Haisary Castaño Villa, el procurador Fernando Carrillo Flórez y los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar es que la expedición de licencias de construcción al proyecto Aquarela por parte del curador urbano número 1 de Cartagena, Ronald Llamas Bustos, se llevó a cabo violando elementales principios legales y constitucionales.

Y lo que han hecho el juez Décimo Administrativo de Cartagena, el representante del Ministerio Público y el máximo Tribunal de lo Contencioso en el Departamento es darles la razón al alcalde designado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, al director de la corporación Transparencia Caribe, Reynaldo Tovar Carrasquilla, y a otras voces de las Veedurías Ciudadanas y de los constructores locales, que desde octubre del año pasado vienen asegurando lo mismo.

Como informó este portal el pasado 16 de octubre, durante la oficialización de la prórroga del comodato de la administración de los monumentos de la ciudad a la Escuela Taller Cartagena de Indias por parte del Ministerio de Cultura, Londoño Zurek señaló que el curador Llamas mintió al decir que fue la Secretaría de Planeación del Distrito la que, mediante una circular, propició la construcción del Aquarela en la entrada del barrio Torices, ya que “la obra fue autorizada por la Curaduría No. 1 de Cartagena, a través de la licencia de construcción otorgada”.

El veedor Reynaldo Tovar y el alcalde (e) Sergio Londoño coincidieron en señalar que el curador Ronald Llamas miente.

Ese mismo día, Tovar Carrasquilla, en declaraciones a Revista Metro, denunció que el curador Llamas acomodó a favor de los dueños del proyecto Aquarela una aclaración realizada el 10 de diciembre de 2013 por la Secretaría de Planeación cuya esencia es “corregir y aclarar lo dispuesto por la circular 1 de 200, en cuanto a las áreas de cesión para urbanizaciones con desarrollos unifamiliares y aclara lo contenido para multifamiliares”.

Ese día, Tovar manifestó que era hora de que los entes de control investigaran las razones por las cuales, cuando una norma tiene vacíos o admite varias interpretaciones, el curador urbano número uno suele defender los intereres particulares de inversionistas y urbanizadores y no los generales de los ciudadanos del común.

En concepto de expertos, en el lugar donde alcanzó a construirse una torre de más de 20 pisos el POT de Cartagena establece un máximo de cuatro pisos, y a ello debió limitarse el curador.

Seis meses después es el Tribunal Administrativo de Bolívar el que, al confirmar la suspensión de la construcción del proyecto Aquarela adoptada por el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena, determinó que el curador Llamas incumplió su deber legal y constitucional de constatar la ubicación exacta del barrio sobre el que se construye el proyecto, así como el uso y tratamiento exacto que tiene el predio dentro del POT de la ciudad.

En concepto de los magistrados del Tribunal, Llamas no fue cuidadoso al expedir las licencias urbanísticas que permitieron la construcción de un proyecto de la magnitud de Aquarela, porque a escasos metros se halla el Castillo de San Felipe, un bien declarado patrimonio histórico de la humanidad, que debe ser salvaguardado y protegido por todas las autoridades y las personas en general.

En su fallo, los magistrados señalaron que en algunos documentos el curador consignó que el lote donde debía construirse el Aquarela era de conservación urbanística, pero luego, sin motivación jurídica, razonable y técnica, cambió su concepto para indicar que su uso es de renovación urbana.

“La circular no hace ninguna referencia en particular frente al proyecto Aquarela”: juez

El juez Haisary Castaño, en su fallo inicial, dejó claro que la Circular del 10 de diciembre de 2013, expedida por la Secretaría de Planeación, es “un acto administrativo de carácter general, contentivo de una serie de directrices para los curadores urbanos de esta ciudad”.

De manera tajante, el togado indicó que dicha “circular no hace ninguna referencia en particular frente al proyecto Aquarela”. Fue -justamente – ese hecho, el que lo llevó a denegar la suspensión de los efectos de dicha circular.

Y hasta el apoderado de la sociedad Promotora Calle 47 SAS, propietarios del proyecto Aquarela, David Garzón Gómez, tiene claro que la citada circular “no versa sobre el caso concreto del proyecto Aquarela, sino que se trata sobre los requerimientos mínimos urbanísticos para los proyectos de Vivienda de Interés Social en toda Cartagena”, como expresara en un oficio enviado al juez Castaño.

La lupa del procurador

Pero el procurador Fernando Carrillo no investiga únicamente al curador urbano número 1 de Cartagena, Ronald Llamas, por haber tomado decisiones que, como coinciden en asegurar un juez, varios magistrados, el alcalde de Cartagena y otros actores locales, violaron flagrantemente la Ley.

Con el fin de establecer la legalidad o no de las licencias y demás actos administrativos que permitieron la construcción de la suspendida torre del Aquarela que atenta contra la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad de Cartagena, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el cuestionado curador urbano y -además – contra el exgerente encargado del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito -Corvivienda-, Luis Alberto Vélez Carrasquilla, y el director de la División de Patrimonio Cultural del Instituto de Patrimonio Cultural, Alfonso Rafael Cabrera Cruz.

En el caso de Vélez Carrasquilla, encargado de la Gerencia de Corvivienda al momento de firmar una certificación solicitada por el arquitecto Claudio Restrepo en representación de los propietarios del Aquarela, se investiga si haber validado que el proyecto “cumple con el valor (establecido en la Ley), el cual no excede (los) ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, para catalogarse como Vivienda de Interés Social” fue suficiente para que se haya expedido la suspendida licencia.

Y en el caso de Cabrera Cruz se investiga si, en el caso del Aquarela, el funcionario cumplió con rigor y diligencia su deber de salvaguardar y proteger un bien declarado patrimonio histórico de la humanidad como es el Castillo de San Felipe.

Sobre la defensa de Vélez se supo que este argumentará que la CertiVis (Certificación de Vivienda de Interés Social) suscrita por él se limita, como en todos los casos, a dar fe de que el proyecto Aquarela cumple lo establecido en las Leyes 388 de 1997, 1450 de 2011, el Decreto 075 de 2013 y el Acuerdo 033 de 2007 para este tipo de viviendas, y no versa sobre otros aspectos que debieron ser considerados al momento de expedirse la licencia.

Y sobre la defensa de Cabrera, aunque este declaró que “por encontrarse el proceso en etapa de investigaciones y con el fin de no afectar el debido proceso y mi derecho a la defensa y contradicción, me abstendré de pronunciarme sobre el tema”, se conoció que su principal defensa será un acta de la División de Patrimonio del IPCC donde consta que, en su momento, él sí manifestó estar preocupado por la afectación del Aquarela al Castillo de San Felipe.

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