Filtración de inexacta lista de candidatos demandados, ¿parte de la guerra sucia?

El pasado viernes 6 de abril, la Veeduría a la Rama Judicial de Cartagena -Vejuca – difundió un comunicado a la opinión pública dando cuenta que “después de verificar el sistema SPOA de la Fiscalía General de la Nación, encontró que a la fecha cursan investigaciones penales en estado activas” en contra de tres de los nueve aspirantes a la Alcaldía de Cartagena (leer Comunicado de Vejuca sobre procesos penales).

Veinticuatro horas después, a varios medios de comunicación les fue filtrada una relación de “los procesos que cursan contra” los nueve candidatos a la Alcaldía “en calidad de demandados“, suscrita por un funcionario de la Rama Judicial de Cartagena, la misma a la que Vejuca le realiza control social, según el cual un candidato tiene 11 procesos judiciales en su contra; otro registra cinco procesos; tres más tienen un proceso cada uno; y los restantes cuatro “como demandados no registran procesos en su contra” (leer Relación de Procesos en Contra de Ciudadanos).

Diversos medios, entre ellos El Universal, informaron que la lista filtrada fue sobre “demandas vigentes contra candidatos a la Alcaldía”.

A varios miembros de Vejuca no solo les pareció extraño que, solo horas después de su comunicado sobre los casos penales, se filtrara uno de la Rama Judicial sobre eventuales demandas; parecía una clásica cortina de humo. Lo que más les llamó la atención fue lo que, en concepto del presidente encargado del colectivo ciudadano, Marcos Tous del Toro, podría configurarse una grave falsedad: en la lista enviada a los medios “no están todos los que son ni son todos los que están”. En palabras del directivo de Vejuca, “lo primero que hay que aclarar es que pretenden ocultar información, ya que unos candidatos que según la Rama Judicial no tienen procesos activos sí los tienen, como son los casos de Javier Bustillo y de Quinto Guerra, mientras que hay otros que no los tienen, o los tuvieron pero ya no están activos, pero extrañamente aparecen unos aspirantes como si los estuvieran activos”.

En efecto, de acuerdo con un Comunicado a la Opinión Pública expedido luego de que se filtrara el listado de la Rama Judicial, Vejuca “realizó una investigación exhaustiva y encontró que en el documento emitido (…) se omite información y se eleva el número de demandas en contra de candidatos o aspirantes a la Alcaldía colocándoselas activas, cuando se encuentran inactivas, terminadas o archivadas“.

Según el remitido, el documento de la Rama Judicial señala que se encuentran sin demandas Armando Córdoba, Jorge Quintana Sosa, Antonio Quinto Guerra Varela y Javier Bustillo Pertuz, cuando, revisando el sistema Justicia XXI se encontró que Bustillo Pertuz, Quintana Sosa y Guerra Varela sí tienen demandas vigentes.

Y en el caso de los candidatos que, según la Rama Judicial, tienen procesos activos, advierte el comunicado que se trata de procesos que están expresamente inactivos o “datan de fechas entre 2004 y 2010, lo que a la fecha no están vigentes” (leer Comunicado a la Opinión Pública sobre lista filtrada).

En diálogo con Revista Metro, Tous del Toro manifestó que “estas graves inexactitudes, divulgadas profusamente por varios medios, están desinformando a la ciudadanía, y nos causa una impresión desagradable que el derecho de petición haya sido respondido por un funcionario subalterno (David Reales Fernández) y no por el director de la Rama (Hernando Sierra Porto), que es quien debería responsabilizarse de este tipo de información, por su importancia y por ser muy sensible en plena época electoral”.

Como se sabe en el mundo político local, Hernando Sierra fue contralor distrital en representación del grupo político de Antonio Quinto Guerra.

“Nos llama la atención quién será William Muñoz, el ciudadano que presenta el derecho de petición, y nos preguntamos si podría estar inducido por altos directivos de la Rama o por ciertas campañas”, agregó.

“Hay que averiguar; en Cartagena todo se oculta pero no debe haber nada oculto; hay que indagar qué relaciones estarán ocultas entre algunas campañas y altas directivas de la Rama Judical”, reiteró Tous.

“Quien debe dar la cara es el director administrativo de la Rama Judicial, quien, por ejemplo, nos deberá responder por una serie de contratos que han sido ocultos, como el de la Casa de Justicia en Canapote, o el de la nueva Unidad de Reacción Inmediata que se está construyendo”, insistió el presidente encargado de Vejuca.

Andrés Betancourt, con similares inquietudes

Inquietudes similares a las de los directivos de Vejuca tiene, por lo visto, el candidato a la Alcaldía Andrés Betancourt González.

En un Comunicado de Prensa hecho llegar a los diferentes medios de comunicación, Betancourt afirma que “el pretendido escándalo con la publicación de demandas en mi contra hace parte de la estrategia de difamación montada desde otra campaña política, que intenta en vano desprestigiarme para tender cortinas de humo que oculten sus grandes irregularidades. Intentan pasar de la guerra sucia al terrorismo judicial, pero no lograrán su objetivo, porque no tengo nada que ocultar“.

Según el remitido, “en oficio enviado al gerente de la Rama Judicial en Bolívar, Hernando Sierra Porto, Betancourt solicita la rectificación de la información emitida y publicada en diferentes medios masivos de comunicación, haciendo las aclaraciones pertinentes y las precisiones en cada caso, toda vez que se incurrió en inexactitudes y falsedades que no corresponden al rigor e independencia con que el sistema judicial suele atender sus responsabilidades” (leer Comunicado de Prensa de Andrés Betancourt).

La respuesta de Hernando Sierra Porto

Para conocer su respuesta a los graves cuestionamientos de la Veeduría a la Rama Judicial y del candidato a la Alcaldía Andrés Betancourt, entre otros, Revista Metro dialogó con el director administrativo de la Rama Judicial en Bolívar, Hernando Sierra, quien lo primero que hizo fue reconocer que “indudablemente, yo ese informe no lo hubiera entregado”.

“Se trató de un derecho de petición presentado por un ciudadano a una de nuestras dependencias, y fue un funcionario de esta quien respondió; además, se trata de información pública a la que cualquiera puede acceder con solo digitar el número de la cédula de la persona por quien se indaga”, explicó.

El funcionario que tuvo a su cargo responder la información solicitada: David Reales Fernández, es asistente administrativo grado 05 de la Oficina Judicial de Cartagena.

Sobre porqué aparecían procesos inactivos como si estuvieran aún activos, Sierra Porto argumentó que el software arroja información de todas las demandas “y no de cómo va o estuvo cada proceso”; esta información -señaló – la maneja cada juzgado por separado.

“En todo caso”, dijo, “estoy pidiendo unas certificaciones internas, para aclarar lo que haya que aclarar”.

Sobre su manifiesta amistad con el candidato Antonio Quinto Guerra, el funcionario no hizo mayores comentarios.

 

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