Con el cerebro atrofiado

Por Danilo Contreras Guzmán *

Si intentamos un símil, de cualquier forma inexacto, entre la Administración distrital y el cuerpo humano, podríamos especular que el cerebro del gobierno se ubicaría en la Secretaría de Planeación y Edurbe, considerando que la primera tiene como función misional ‘pensar’ el desarrollo de la ciudad, en tanto que a la segunda le fue asignada la labor estratégica de “creación de nuevos modelos de desarrollo urbanístico integrales” para lo cual ejecuta “proyectos de alto impacto socioeconómico y ambiental” según se lee en el portal web de la empresa.

Pues bien, pese al papel preponderante de estas instituciones en la ‘fisiología’ del gobierno, todo indica que una grave atrofia impide su correcto funcionamiento. Probar mi tesis respecto de la Secretaría de Planeación es un juego de niños. El desmadre de la Oficina de Control Urbano, los escasos índices de cumplimiento y ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial -POT – luego de 17 años de su aprobación y su falta de actualización, son elementos que acreditan la ineficiencia de esa dependencia.

Ni que decir de Edurbe.

Otras ciudades y departamentos cuentan con entidades similares. En Antioquia, por ejemplo, el Idea es la entidad encargada de “fomentar el desarrollo sostenible de la región, mediante la participación en proyectos estratégicos”, destacándose entre sus proyectos la hidroeléctrica de Ituango, el ferrocarril de Antioquia y el plan de ciclo rutas que conectará los municipios de ese departamento.

El IDU en Bogotá es un establecimiento público encargado de ejecutar obras viales y de espacio público. Entre sus proyectos se encuentran el paso subterráneo de la calle 94 con avenida NQS, el sistema de transporte por cable de Ciudad Bolívar – San Cristóbal, la ampliación del sistema de transporte Transmilenio de Soacha, entre otros.

Finalmente Edubar en Barranquilla es gestora de macroproyectos que generan desarrollo urbano integral, así como la promoción de sociedades y negocios innovadores. Edubar puede mostrar obras como la recuperación del Paseo Bolívar y la plaza San Nicolás, la restauración de la Intendencia Fluvial y la construcción de la plaza de la Magdalena, así como la Avenida del Río en la nueva Barranquilla.

De Edurbe, cuyos pares han quedado descritos, podría decirse que fue creada con una perspectiva más ambiciosa. Su origen remoto es la Ley 62 de 1937 por la cual el Gobierno Nacional ordena la recuperación del Caño Juan Angola, la urbanización de sus orillas y otras obras de interés. Lo interesante de esta ley es que aseguraba la fuente de financiación de los proyectos, con la venta de los terrenos urbanizados.

Edurbe es creada en 1981 en cumplimiento de la ley mencionada; sin embargo, luego de 37 años de existencia, sus ejecutorias son dudosas. En efecto, los datos dan cuenta de que la entidad ha vendido la mayor parte de los predios recuperados de las orillas del caño Juan Angola y otros en diversos sitios de la geografía de la ciudad y pese a ello la recuperación de ese cuerpo de agua ha sido un rotundo fracaso, al punto que en algunos tramos el caño es solo un nostálgico recuerdo, por cuenta de urbanizadores piratas de estratos disímiles que van del 1 al 6.

En un informe de septiembre el portal La Silla Caribe califica a la entidad como un ‘cascaron’ que en 2015 reportaba 150 obras inconclusas y paralizadas por no contar con los recursos disponibles, pese a que estos se giraron en su totalidad. En otras palabras, esa plática se la robaron. Además, presentaba un pasivo de $26.500 millones, más $7.000 millones adicionales adeudados a distintas entidades del Estado. Varios de sus gerentes nombrados como eminentes salvadores de la caótica situación se han visto envueltos en escándalos y vinculados a investigaciones por corrupción administrativa. Patético.

La decadencia de Edurbe la ha llevado a que últimamente se dedique a la contratación y ejecución de callecitas en los barrios marginados de la ciudad por delegación del Distrito, olvidando así su trascendental misión, para entrar a cumplir una labor que misionalmente corresponde a la Secretaría de Infraestructura, otro órgano distrital ‘lisiado’. Esta práctica, además de la documentada subcontratación de la gran mayoría de obras que el Distrito le asigna, conforme lo ha denunciado valientemente la Fundación Cívico-social pro Cartagena -Funcicar, acreditan la incapacidad y poca transparencia que corroe a Edurbe y que reclama una reingeniería seria y confiable. Dejo en claro que no soy partidario de liquidar la entidad por las ventajas y facultades legales con que cuenta, pero sí estoy a favor de reorientar a fondo su organización y operación para fortalecerla institucional, financiera y operativamente, para lo cual deberíamos empezar por remover a los miembros de su Junta Directiva.

No dudo en señalar que Edurbe ha sido el tinglado en el que se han disimulado muchos ladrones de cuello blanco de nuestra martirizada y ardiente Ciudad Heroica.

Si el cerebro anda mal nada bueno puede esperarse del resto de los órganos del cuerpo administrativo distrital. Se impone entonces una urgente ‘intervención quirúrgica’.

* Abogado especialista en Derecho Administrativo y candidato a Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Público.

 

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