Por caso Aquarela, procurador amenaza con constituir en renuencia a la Alcaldía

En el término de 48 horas, el alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, deberá adoptar las medidas administrativas que conduzcan a suspender de manera definitiva las obras que se han venido adelantando en el edificio Aquarela, a pocos metros del Castillo de San Felipe de Barajas.

Así se lo ordenó el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, al mandatario interino de los cartageneros, luego de conocer que la inspectora de Policía Elvia Pájaro, quien el pasado 24 de octubre había iniciado las correspondientes actuaciones suspendiendo temporalmente las obras del cuestionado proyecto urbanístico, había sido trasladada a otra Inspección de la ciudad, la de Bocagrande, “quedando la actuación en cabeza de una nueva inspectora, quien tomó posesión del cargo el pasado 8 de febrero, por lo que hasta este momento no se evidencian avances en la acción policiva”, como manifestó el representante del Ministerio Público en un oficio enviado a Londoño Zurek.

El día del cierre temporal del Aquarela, el entonces director de Control Urbano del Distrito, Héctor Anaya Pérez, argumentó que la acción realizada fue en el marco “del Plan de Normalización Urbanística de Cartagena”.

No obstante, el mismo funcionario indicó que el Establecimiento Público Ambiental -EPA – de Cartagena “puso un sello preventivo por el mal manejo que le han dado a los escombros y a los materiales de construcción”.

De acuerdo con lo que Revista Metro pudo establecer, la inspectora que deberá atender ahora el caso es Paola Serna, quien a su vez llegó a la Inspección del Centro Histórico trasladada del corregimiento de Pasacaballos.

“Con gran preocupación la Procuraduría General de la Nación observa esta inacción y la no efectividad de la orden de suspensión vigente. La continuidad de la obra mencionada pone en alto riesgo a la ciudad de Cartagena, tanto por razones urbanísticas como especialmente, por afectar potencialmente su condición de patrimonio histórico y cultural de la humanidad declarado por la Unesco”, advirtió Carrillo Flórez en su carta.

“No sobra señalar adicionalmente”, recalcó el procurador, “que en el curso de las acciones judiciales la Procuraduría General continuará ejerciendo las actuaciones pertinentes, con el propósito de defender el interés colectivo comprometido en este asunto, entre ellas la constitución en renuencia en que pueda incurrir la Alcaldía, con miras a dar aplicación a lo dispuesto por la Ley 393 de 1997 en materia de acción de cumplimiento, sin perjuicio, de los efectos disciplinarios a que haya lugar”.

Tras advertirle a Londoño que le otorgaba un plazo perentorio 48 horas para que cumpliera su deber, Carrillo le indicó que quedaba “atento al informe que sobre las gestiones adelantadas remita a este Despacho, en el término atrás aludido”.

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