Consejos: ¿me permiten un consejo?

Por Bladimir Basabe Sánchez *

Colombia, dentro de su plurietnicidad y diversidad de pensamientos, ha tratado de generar mecanismos de participación para las partes involucradas en un conflicto socioambiental, y que valga la pena aclarar que deben verse como “oportunidades de crecimiento” adaptadas a las actuales condiciones de un planeta que merece acciones responsables desde cada lugar del mismo.

Especial interés cobra la generación de acuerdos para un mejor manejo de los territorios con especial sujeción a la Ley. Para nadie es un secreto que la autoridad en las zonas colectivas de afrodescendientes, conocida como Consejo Comunitario, tiene tanto derechos como deberes consignados en la reconocida Ley 70 de 1993; sobre todo deberes, porque las comunidades también tenemos “derecho a no tener derecho”.

Un digno ejemplo para resaltar, en materia de generación de acuerdos, son los realizados por consejos comunitarios del Pacífico Colombiano para la protección de su entorno y ambiente ecosistémico, ese mismo que les ha brindado la vida, y del cual este país tiene como principal activo económico dentro de lo que aún pueda ser llamado como ‘sostenibilidad’: en noviembre de 2017 fue creado el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera (la más reciente incorporación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP) ubicada en el Departamento de Nariño y fruto del acuerdo entre las comunidades tradicionales y el Estado, en cabeza de Parques Nacionales Naturales, la Gobernación de Nariño y WWF (del inglés World Wildlife Fund: Fondo Mundial para la Naturaleza, en español), entre otras instituciones. Esta es una oportunidad de pensar a futuro en un mejor vividero, partiendo de las realidades actuales y una acción concreta, seria, responsable y eficaz por parte de esta comunidad.

Contraste relativo con la situación ecológica y social del sector Playa Blanca (Isla de Barú), en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y San Bernardo, el más visitado del Sistema de Parques Nacionales Naturales, a la cual dedico la presente columna. Es la representación de toda una comunidad, legalizada al amparo de la Corte Constitucional sin espacio para avivatos e indiferentes al tenor de la corrupción pública y de la evidente invasión de las zonas de bajamar, quien debe hacer cumplir los deberes de la propia Ley 70, en especial “la protección del medio ambiente atendiendo a las relaciones establecidas por las comunidades negras con la naturaleza” (capítulo II, artículo 3, ítem 4). Además, dicha Ley tiene su soporte jurídico general en los artículos 7, 8, 79 y 80 de la Constitución Política; los artículos 308 y 309 del Decreto-Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales), el artículo 1º de la Ley 99 de 1993, la Meta Aichi de la Conferencia de las Partes (COP 10) del Convenio de Diversidad Biológica, el propio Plan Nacional de Desarrollo y el actual Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 para asegurar la continuidad de los procesos ecológicos: cuestión que claramente no se ha venido cumpliendo en Playa Blanca, y con una corresponsabilidad comunitaria en donde se les invita a ser actores reales de esta tarea de protección de este lugar que pertenece a todos los colombianos.

Es cierto que Playa Blanca se encuentra en un territorio afro con una autoridad de consulta, pero también es cierto que todos los territorios afro hacen parte de la Nación y deben sujetarse a la normatividad del interés general. No se justifica, bajo ningún criterio, la falta de planeación local en la participación y se estén descuidando visiblemente las verdaderas zonas que contienen las inconmensurables riquezas paisajísticas como las lagunas costeras (hoy convertidas en letrinas públicas), los manglares (dispuestos para aprovechamiento privado), los corales (increíblemente aún vistos como ‘piedras’), los pastos marinos (visto como ‘sucio’ en el mar), entre otros detalles que aún hacen ver a Playa Blanca como un paraíso en medio de sus innegables conflictos socioambientales visualizados a través de múltiples notas de prensa y especiales de televisión, y en donde la ley del vivo es mejor aprovechada que la inteligencia colectiva.

La misma comunidad es juez y parte en donde se ha beneficiado más de la parte económica que también ha sido muy criticada por sus excesos, sin aparente control real por parte de la autoridad distrital competente. Permitámosle a esta zona del Parque un respiro a fondo, por un tiempo determinado y partiendo de las experiencias nacionales exitosas, donde por primera vez en la naturaleza de las cuales nos hemos venido sirviendo, y dejemos que la avaricia descanse un poco. Miremos cómo organizarnos de verdad sin altiveces e irrespeto hacia el semejante y con reconocimiento a la autoridad, ni esto es tampoco para “sentirnos ofendidos” cuando el problema es parte de nosotros y preferimos seguir evadiéndolo: ¿qué tal una participación de más ciudadanos responsables y menos habitantes indiferentes, que nos permita convertirnos en un correcto ejemplo de conservación para el mundo? Como notamos, esto va inclusive más allá de papeles oficiales que ‘demuestran’ roles reconocidos: la actitud ambiental, vista como sentimiento favorable hacia alguna característica del ambiente físico, debe ser la constante, y esta no solamente se aprende en casa sino en las adecuadas vivencias.

Actuemos más allá de lo administrativo: Playa Blanca nos necesita a todos.

Ejemplo de lo que no se puede hacer en Playa Blanca (ver del minuto 18:22 al 23:18):

 

* Psicólogo especialista, docente universitario, ambientalista y director de Salvemos Varadero.

 

 

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