Mincultura hace “un llamado a la serenidad” al alcalde (e) de Cartagena

La ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, le hizo “un llamado a la serenidad” al alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, con el fin de evitar “sus acusaciones sin fundamento a este despacho y a nuestros funcionarios”, y le recordó que “el único interés” del Ministerio “es cumplir con la misión de máxima autoridad en la custodia y defensa de nuestro patrimonio”.

En carta fechada el pasado miércoles 24 de enero, en respuesta a un oficio del mandatario interino adiado el martes 23, la ministra advierte que se trata de hacer “algunas precisiones” en torno a la cuestionada construcción del proyecto Aquarela, a 200 metros del Castillo de San Felipe, y al impacto a este bien que hace parte del listado de Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional, “para que no se permitan más interpretaciones equivocadas y calificaciones precipitadas con respecto a funcionarios de este Ministerio”.

La carta a Londoño, según Garcés, es para “que no se permitan más interpretaciones equivocadas y calificaciones precipitadas”

Garcés Córdoba le aclara a Londoño Zurek que, en efecto, la Resolución 043 de 1994 expedida por la extinta Colcultura “estipula que la Nación tiene competencia sobre el Centro Histórico y su zona de influencia, así como en el Castillo de San Felipe de Barajas y su zona de influencia”, pero indica que el proyecto Aquarela no se encuentra situado en dichas áreas.

Para la ministra es claro que, como el proyecto está ubicado en la manzana 186, y el Plan de Ordenamiento Territorial -POT – de Cartagena estipula para este una altura máxima de cuatro pisos, es hacia ese hecho en particular donde hay que enfocar el debate. El hecho, le recordó Garcés a Londoño, es que “el curador urbano No. 1 (…) aprobó un proyecto con una altura de 32 pisos amparado, entre otros documentos, principalmente en una circular emitida el 10 de diciembre de 2013 por la secretaria de Planeación de Cartagena”.

“Este es el punto en que no solo el director de Patrimonio, el arquitecto Alberto Escovar, ha hecho enfásis, sino el Ministerio de Cultura en sus diferentes pronunciamientos”, señaló Garcés; y por ello invitó al alcalde “a que revise de manera detallada las licencias de construcción que fueron proferidas por la Curaduría Urbana Distrital No. 1 (…), donde el aspecto más grave que impacta el Castillo (…), como es el cambio de altura permitido, se justifica en buena medida en la interpretación de esa circular (…) a la cual se ha referido este Ministerio (…)”.

De igual manera, Garcés le recuerda a Londoño que “ante la falta de acciones concretas de la Administración de Cartagena para impedir” la construcción del Aquarela, “se instauró ante las autoridades judiciales (…) una acción popular encaminada a la protección de los derechos e intereses colectivos”.

La ministra le recuerda igualmente al burgomaestre encargado que esta acción popular “se encuentra en conocimiento del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena”, que decretó unas medidas cautelares, y que la misma “ha sido coadyuvada por la Procuraduría General de la Nación”.

“Quiero aclararle que la visita realizada a Cartagena por la misión de asesoramiento técnico de Icomos Internacional – Unesco – tuvo su origen en un informe (…) en el cual el presidente del Comité de Icomos – Colombia, César Augusto Velandia Silva, alertaba al Director de Patrimonio de este Ministerio sobre la grave situación que el proyecto Aquarela tendría sobre el Castillo de San Felipe de Barajas y en particular enunciaba los ‘efectos adversos’ sobre el entorno paisajístico de este inmueble”, recalcó en su carta la ministra.

La funcionaria señaló que los aspectos referidos a la visita de un delegado de Icomos a Cartagena fueron debidamente consultados y que “nada de esto (…) se ha realizado ni a espaldas suyas ni de nadie; ha sido la inquitante y molesta estructura de 32 pisos que se levanta en los límites del Castillo de San Felipe la que ha hablado por sí misma”.

Los términos de la dura carta de Garcés a Londoño se conocen luego de que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena ordenara el pasado lunes 29 de enero, como medida cautelar, la suspensión de los actos administrativos que amparan la construcción del proyecto Aquarela, hasta cuando se decrete una decisión de fondo sobre la acción popular interpuesta.

Como se recordará, luego de que el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Mincultura, Juan Manuel Vargas, manifestara que “de acuerdo con el concepto de la Unesco, la única salida es demoler el edificio”, el alcalde señaló que el Ejecutivo distrital ha hecho todo lo que le corresponde dentro del marco de sus competencias. Según Londoño, “esta Administración ha tomado las acciones pertinentes para hacer respetar la norma patrimonial”.

En similar sentido se pronunció el secretario de Planeación del Distrito, Irvin Pérez Muñoz, para quien “la competencia para detener la obra siempre la ha tenido el Ministerio de Cultura”.

 

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