Piden al alcalde revocar Resolución y Decreto basados en cuestionado informe de la UdeC

Luego de que el rector de la Universidad de Cartagena -UdeC, Édgar Parra Chacón, reconociera lo que llamó “errores de forma, más de fondo” en el informe en el cual se basó el alcalde encargado Sergio Londoño Zurek para expedir la Resolución 0277 del 10 de enero de 2018 y el Decreto 0058 del 18 de enero de 2018, y de que, sorpresivamente, asegurara que dicho dictamen aún tiene carácter de borrador, ya que el informe definitivo apenas será entregado en los próximos días, en diferentes escenarios comienzan a levantarse voces solicitando que el mandatario interino revoque de manera directa, “por falsa motivación”, dichos acto administrativos.

Aunque no se refirió a la serie de graves errores encontrados en lo que denominó ‘informe preliminar’, donde se hallaron referencias a edificios de un número determinado de pisos cuando en realidad tienen otro, y dimensiones de columnas que resultaron ser muy distintas, entre otras varias inconsistencias, Parra Chacón habló -sí – de las acusaciones sobre un supuesto ‘copy and paste‘ argumentando que no se trata de un plagio ya que, como insistió, el llamado ‘informe definitivo’ aún no se ha entregado oficialmente.

El rector de la UdeC Édgar Parra y el alcalde (e) Sergio Londoño

En declaraciones a varios medios de comunicación, luego de una reunión que durante 18 minutos sostuvo con el alcalde encargado y otros funcionarios, el rector de la UdeC señaló, en tácita referencia a la orden de desalojo inmediato expedida por el Ejecutivo distrital, que “la Universidad ha hablado de vulnerabilidad, de riesgo, y en ningún momento la Universidad ha dicho que los edificios se van a caer y la Universidad no ha dicho que tienen que desalojar”.

En la Resolución 0277 de 2018, “por medio del cual se ordenan medidas para la protección de la vida y la integridad personal de los habitantes de dieciséis (16) edificaciones ubicadas en el Distrito de Cartagena”, se asegura que “el día 29 de diciembre de 2017 la Universidad de Cartagena culminó la entrega de los resultados obtenidos en virtud del Contrato Interadministrativo No. 09-91-207”; y se dice que, por directriz del alcalde, el pasado 30 de diciembre se procedió a comunicar a los residentes de los 16 edificios analizados “los resultados de los informes entregados por la Universidad de Cartagena”.

De igual forma, se señala que el 3 de enero “se remitieron a la Procuraduría General de la Nación los informes entregados por la Universidad de Cartagena”, y que lo mismo se hizo posteriormente con la Fiscalía.

En consecuencia, con base en el referido estudio, el mandatario interino ordenó “a las autoridades de policía distritales y a sus agentes para que tomen las medidas de evacuación, desocupación y sellamiento” de los edificios Innova, Calipso Tower, Tsalach y Villa Naevia, en el Alto Bosque; Shalon y Villa Mary, en El Recreo; Villa Vanessa y Villa Ana, en Escallón Villa; Portal de los Alpes, Brisas de los Alpes y Alpes 31, en Los Alpes; Brisas de la Castellana, en Chipre; Villa May, Brisas de Blas de Lezo y Portales de Blas de Lezo I, en Blas de Lezo; y Portales de Caracoles, en Los Caracoles.

Lo mismo se dio en el caso del Decreto 0058 de 2018, “Por medio del cual se declara la situación de calamidad pública en el Distrito de Cartagena”, en cuyos considerandos se manifiesta que las decisiones tomadas por la Alcaldía se tomaron “con fundamento en las conclusiones finales de los informes” de la UdeC.

“Fue una falsa motivación”: propietarios

Jair Baleta, de Control Visible; Reynaldo Tovar, de Transparencia Caribe; y William Murra, de Aciem.

Por todo lo anterior, los propietarios de apartamentos en varios de los edificios en supuesto riesgo le pidieron a la Administración distrital revocar “por falsa motivación” el Decreto 0058/18 y la Resolución 0277/18, ya que el alcalde encargado expidió dichos actos administrativos basado en un informe altamente cuestionado por la serie de errores e inconsistencias que presenta, o al menos que no corresponde a unas “conclusiones finales”, como erróneamente argumentó la Administración, y que en todo caso “no es definitivo”, ya que el mismo “solo será entregado la próxima semana”, como terminó reconociendo el rector de la Universidad.

Así lo informó a este portal el representante legal del edificio Alpes 31, Róbinson Villadiego Osorio, para quien la protuberacia de los errores cometidos, al menos en el estudio adelantado en el edificio en que habita, no deja dudas de que el caso amerita al menos un estudio realizado con mayor rigor.

Según Villadiego Osorio, es grave, por ejemplo, que en el informe de la UdeC se diga que “en el edificio Alpes 31, donde vivo, las columnas son de 40 por 40, cuando en realidad son de 53 por 35, unas medidas muy distintas”. “Ese es apenas uno”, dijo, “no de los errores sino de los horrores detectados en el informe que nos entregaron”.

Entretanto, en su cuenta en Facebook, el director de la Corporación Control Visible, Jair Baleta Iriarte, señaló que “el rector (…) manifiesta que el informe presentado por la UdeC (…) solo es una versión preliminar y que el informe final será presentado el día jueves o viernes de esta semana. Como quien dice, ese acto administrativo (…) tiene una falsa motivación, por lo tanto la Administración debe proceder a revocarlo”.

“Que el alcalde explique”: Transparencia Caribe

El director de la Veeduría Transparencia Caribe, Reynaldo Tovar Carrasquilla, en carta con copia al procurador Fernando Carrillo Flórez, al fiscal Néstor Humberto Martínez y el contralor Edgardo Maya Villazón, le pide al alcalde encargado, Sergio Londoño, que explique “con argumentos jurídicos y técnicos cómo realizó una declaratoria de calamidad pública sin tener el informe final que soportara dicha decisión”.

En su oficio, el dirigente cívico solicitó, entre otros documentos, copia de los estudios previos del contrato interadministrativo suscrito con la Universidad de Cartagena y, de manera concreta, “copia de todos los soportes de estudios y cálculos que utilizó su administración para estimar el respectivo valor del contrato, tal cual lo exige el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015” (leer Carta de Reynaldo Tovar a Sergio Londoño).

Como se recordará, el ingeniero estructuralista Jorge Rocha Rodríguez, en declaraciones a varios medios de comunicación, se mostró sorprendido porque dicho convenio le haya representado al Distrito una erogación de casi mil millones de pesos.

Que las ías exijan “corregir una mentira oficial”: William Murra

El ingeniero William Murra Babún, miembro de la Veeduría Nacional de la Asociación Colombiana de Ingenieros, radicó sendos oficios en la Procuraduría Provincial de Cartagena y la Dirección Seccional de Fiscalías en la que les pide a sus titulares: Guidobaldo Flórez y Francisco López Sierra, respectivamente, que exijan “corregir una mentira oficial”, ya que en ningún momento el fiscal Néstor Humberto Martínez le ordenó al alcalde de Cartagena desalojar 16 de los edificios construidos en Cartagena por unos “urbanizadores piratas”.

En su carta, el dirigente gremial cuestiona que la Administración haya suscrito un convenio con la UdeC y esta, como “no tiene disponibilidad física y humana para desarrollarlo”, haya subcontratado su ejecución (leer Carta a la Procuraduría y la Fiscalía).

 

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