Por el principio de precaución, quienes corran peligro deben evacuar: Distrito

Mediante Decreto 0058 del 18 de enero de 2018, el alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, declaró “la situación de calamidad pública en el distrito de Cartagena de Indias, por el término de 6 meses, prorrogables por el mismo término”, con el propósito de prevenir una tragedia en los 16 edificios sobre los cuales, de acuerdo con un informe de la Universidad de Cartagena, ronda el fantasma de un eventual desplome.

Dentro de las acciones que tendrán que implementarse para prevenir un hecho similar al del edificio Portales de Blas de Lezo II se encuentra la “evacuación y desalojo, demolición, reubicación y demás medidas de protección relacionadas con la mitigación y superación del riesgo de los propietarios, arrendatarios y poseedores” de las edificaciones en peligro.

En total, de acuerdo con fuentes de la Administración distrital, serán 709 personas, integrantes de 108 familias, las que deberán evacuar en el término de la distancia los edificios Innova, Calipso Tower, Tsalach y Villa Naevia, en el Alto Bosque; Shalon y Villa Mary, en El Recreo; Villa Vanessa y Villa Ana, en Escallón Villa; Portal de los Alpes, Brisas de los Alpes y Alpes 31, en Los Alpes; Brisas de la Castellana, en Chipre; Villa May, Brisas de Blas de Lezo y Portales de Blas de Lezo I, en Blas de Lezo; y Portales de Caracoles, en Los Caracoles. Deberán ser traslados a otro lugar, igualmente, los residentes en los inmuebles que colindan con estos edificios.

Edificio Portales de Blas de Lezo I

De acuerdo con lo que se pudo establecer, 14 de estos 16 edificios fueron construidos por la familia Quiroz, los mismos constructores del edificio Portales de Blas de Lezo II que se vino al suelo el pasado 23 de abril de 2017 ocasionando la muerte de 21 obreros.

La decisión de ordenar la inmediata evacución de los edificios en riesgo fue tomada por el mandatario interino luego de que el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, instara al Distrito a “adoptar las medidas contempladas en el Código Nacional de Policía para llevar a cabo acciones de prevención del riesgo, construcción, cerramiento de los inmuebles”, luego de que un estudio contratado con la Universidad de Cartagena concluyera en que los edificios relacionados podían deplomarse en cualquier momento.

Como se recordará, sobre el estudio de la Universidad de Cartagena el ingeniero estructural Jorge Rocha Rodríguez arrojó un manto de dudas al decirle a los residentes de Brisas de La Castellana, uno de los edificios en cuestión, que pueden estar tranquilos ya que “el edificio no se va a caer” puesto que este “no tiene problemas de concreto, ni de diseño, y está bien calculado sobre pilotes”.

Y aunque la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar manifestó que no cuentan con elementos de juicio para calificar o descalificar los estudios de la Universidad, para el Ejecutivo distrital se impone atender el principio de precaución. “Ante el posible riesgo del desplome de un edificio, nuestro deber es evitar que una sola persona pueda salir lastimada”, señaló la secretaria del Interior, Yolanda Wong Baldiris.

¿Y los constructores y funcionarios venales?

Para varios de los ciudadanos que deberán ser evacuados, al margen del deber de garantizar la integridad de los residentes de los 16 edificios resulta una triste y cruel paradoja que mientras ellos se ven obligados en la práctica a quedar en la calle “los Quiroz están felices en sus casas”, como manifestó uno de los afectados. Y siguen también en calles y sus casas, pero sin ningún tipo de problema porque sobre ellos no llega aún la mano de la Justicia, los funcionarios y, en general, servidores públicos que por acción u omisión propiciaron el descontrol urbano que padece Cartagena.

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