Dos asuntos pendientes

danilo-contrerasPor Danilo Contreras Guzmán *

Tantas cosas han contribuido a la decadencia de la ciudad, que toca ir por partes. Los temas pendientes son: el leonino ajuste del pasaje en Transcaribe y el asunto de los peajes.

Partamos de lo siguiente: “La pobreza monetaria de Cartagena es la segunda más alta entre las principales ciudades del país, la primera es Quibdó, en el Chocó”, según el DNP y que Transcaribe es obviamente mejor que el sistema tradicional de transporte de pasajeros de la ciudad.

Establecido lo anterior empecemos por decir que la tarifa de Transcaribe es la más cara del país, solo comparable con la de Transmilenio en Bogotá que también se proyecta en $2.300. Con una diferencia: en Bogotá la tarifa pasó de $2.200 a $2.300, mientras que en Cartagena, de un solo golpe pasamos de $2.100 a dulces $2.300.

Las infortunadas declaraciones del alcalde y el gerente de Transcaribe dejan al desnudo la injusticia del alza. El alcalde en una de varias explicaciones desacertadas señala que subir $200 era menester pues de lo contrario era preciso que el Distrito entrara a subsidiar tarifa con el presupuesto distrital. Palabras más palabras menos. Pues bien, contrario sensu, ese sutil detalle revela que el sistema no es sostenible mediante tarifa técnica a menos de dos años del inicio de la operación comercial. En efecto, del argumento del alcalde se desprende que si el alza no era escandalosa como lo fue, el Distrito debía echarse la mano al bolsillo, ante lo cual con toda ‘responsabilidad’ el encargado le pasó ese chicharrón a la ciudadanía para que Transcaribe permanezca imperturbable.

Por su parte, el Gerente de Transcaribe ha declarado que “el incremento mantiene la estabilidad del sistema… debido a la vinculación de nuevas rutas”, mientras que confiesa que el sistema perdió el año en materia de chatarrización y seguimos esperando los nuevos buses que vienen de Pereira. De lo anterior se deduce que si Transcaribe no está al día en los cronogramas para hacer entrar en operación nuevas rutas, mal puede trasladarse ese déficit a los usuarios. La pregunta es: ¿porqué pagamos alzas exageradas si el Sistema no está al día en chatarrización e implementación de rutas? Evidentemente parte del alza va directo a los bolsillos de los concesionarios de los cuales se sabía que no contaban con solidez financiera para afrontar el reto de la implementación de Transcaribe. Eso por no decir que parte del alza va a los bolsillos de cierto clan político en trance electoral que está incrustado en el sistema, clan sin el cual NO se mueve una hoja en la empresa.

Hay tanto cinismo en esto, que el Decreto 1535 de 2017, por el cual se establece el alza, alega como causa ilegal del aumento que en 2018 entrarán a operar nuevas rutas alimentadoras cuando es claro que según lo determina el estudio anexo al Decreto, en la cláusula 24 del contrato de concesión se determina que el ajuste de la tarifa se realizará en enero de cada año a partir de los egresos del sistema y los viajes del año inmediatamente anterior.

En resumen, nos quieren meter el dedo en la boca.

El otro asunto es el de los peajes. Hay un movimiento importante de ciudadanos que reclama que estos sean desmontados, lo cual es deseable.

Pese a lo anterior temo que esa importante movilización haga que la ciudadanía pierda de vista un asunto estratégico, y es el siguiente: como se sabe, la Contraloría Distrital dictaminó que los cartageneros ya habían pagado suficiente a los concesionarios que operan los peajes desde el mes de enero de 2017 por haberse alcanzado la Tasa Interna de Retorno. A lo anterior la concesión respondió que esa auditoría estaba viciada y que correspondía a una burda extorsión. Cualquiera con dos dedos de frente entiende que uno de los dos extremos miente.

Pues bien, una Veeduría de la ciudad con gran sentido común y conocimiento de la Constitución y la Ley, solicitó del contralor Maya Villazón un control excepcional a efectos de que se determine quién miente, y en ese caso castigar al mentiroso. Ese control está en curso, pero por razones que desconozco ya casi nadie lo menciona.

Creo humildemente que los esfuerzos de la ciudadanía deben encaminarse a que ese control excepcional se realice de manera transparente ya que si se determina que la Contraloría Distrital tenía la razón, los concesionarios y sus peajes tendrán que irse ‘ipso facto’, como decimos los abogados. De lo contrario será preciso enjuiciar a los autores de la auditoría en el Distrito.

Creo -además – que una consulta popular, por muchas firmas que recoja, carece de la virtualidad legal de disolver una relación contractual del Estado. Qué bueno sería -entonces – que los impulsores de la consulta también estuvieran pendientes del control excepcional en marcha.

* Abogado especialista en Derecho Administrativo y candidato a Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Público.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial