El espacio público de Cartagena de Indias, ¿parcelado y concesionado? – II

Por Carlos Ardila González *

Como se indicó en nuestra nota anterior: ‘El espacio público de Cartagena de Indias, ¿parcelado y concesionado? – I, por lo que se vio en el Centro Histórico de Cartagena al finalizar el 2017 y comenzar el 2018, muchas personas terminaron convencidas de que la promulgación del Decreto 1604 de 2017 sirvió más para realizar una toma invasiva del espacio público con sillas y mesas de negocios variopintos que para peatonalizar sus calles y callejuelas.

Como quiera que el citado acto administrativo tenía entre sus consideraciones lo establecido en la Constitución Política de Colombia en cuanto a que “todo colombiano (…) tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional”, así como lo determinado en la Ley 769 de 2002 en materia de “garantía de la seguridad y comunidad de los habitantes, especialmente de los peatones (…) para (…) la protección del uso común del espacio público”, se creyó en un principio que su propósito era facilitarle al peatón un cómodo y seguro desplazamiento por las calles del lugar con el fin de que pudieran admirar sin contratiempos “la belleza del Centro Amurallado y su entorno arquitectónico”, como se indica igualmente en dicho decreto.

Y como entre los argumentos del Ejecutivo para adoptar “medidas de restricción vehicular en algunos tramos de vías internas del Centro Histórico” estuvo el hecho de que este “ha presentado un incremento considerable en la circulación vehicular, que afecta el desplazamiento de peatones, residentes, turistas, trabajadores, estudiantes, etc.”, jamás se pensó que lo en realidad se buscaba era convertir los parques, plazas, plazoletas, espacios residuales y muchas calles del Centro, San Diego y Getsemaní, así como el Muelle de la Bodeguita y los extremos del paseo peatonal de Manga, en un ‘restaurante gigantesco’, como lo denunció en su muro en Facebook la columnista Glenda Vergara Estarita (leer Inquietudes Ciudadanas).

El hecho es que, amparado en el Acuerdo 010 del 4 de agosto de 2014, la Oficina de Espacio Público y Movilidad Urbana del Distrito ha suscrito contratos con propietarios de establecimientos comerciales cuyo objeto es el aprovechamiento económico de algunos parques, plazas, plazoletas, paseos peatonales y espacios públicos residuales aledaños a sus negocios, a cambio de una retribución o tarifa equivalente a un porcentaje del salario mínimo mensual legal vigente, dependiendo de varios factores, por cada metro cuadrado entregado para el respectivo usufructo.

Lo que ha llamado la atención de varios analistas, a los cuales se les sometió a análisis el citado decreto, es que a lo largo de este se establece como áreas de aprovechamiento económico las correspondientes a plazas, plazoletas, parques, paseos peatonales y espacios públicos residuales y nunca a calles, andenes o aceras, y justamente lo que causa mayor rechazo es la toma sistemática de estas, ya sea que se pague o no por el uso que se le de. “El tema es, si se quiere, legal: no se entiende -por ejemplo – que se diga que las aceras o andenes deben estar destinados exclusivamente a la permanencia y circulación de peatones, cuando lo que se vio, y se sigue viendo en varias partes, es que estas se han entregado para el usufructo de algunos particulares”, recalcó uno de los consultados.

Y -asimismo – cuestionan que se indique que el “principio fundante del presente marco regulatorio” es “velar por la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”, cuando lo que bajo su amparo se realiza es exactamente lo contrario.

De acuerdo con varias de estas fuentes, aunque la norma habla de la obligación por parte del Distrito de “distribuir justa y equitativamente las oportunidades para realizar las distintas actividades que se realicen en el espacio público, de conformidad con el principio constitucional de igualdad”, ello no es precisamente lo que ocurre durante la temporada que termina.

Calles 39 y 39-A, entre las carreras 9a. y 8a. de San Diego, ¿inexistentes?

Definitivamente, de todos los expuestos, el caso que más llamó la atención de los analistas consultados es el de la ocupación permanente de las calles 39 y 39-A, entre las carreras 9a. y 8a. del Parque de San Diego, un hecho que ha despertado inquietudes y sospechas desde al menos el 2002, cuando, no obstante la férrea oposición de un amplio sector de la comunidad, y a pesar de un fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar, confirmado en segunda instancia por el Consejo de Estado, la entonces directora del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte -DATT, Martha Barrios de Muñoz, autorizó a colocar mesas y sillas sobre dichas calles, aunque solo durante la temporada turística. De hecho, ante los cuestionamientos ciudadanos, los entonces secretario del Interior y gerente de Espacio Público, Dumek Turbay Paz y Freddy Sierra Varela, respectivamente, dejaron claro que ellos no habían expedido ningún permiso para ocupar la vía pública (leer ‘Otra polémica alrededor del Parque de San Diego‘).

Pero desde el año 2015 ocurre que, bajo el amparo de la figura del uso compatible del espacio público, la Alcaldía suscribió con varios de los establecimientos de comercio de los alrededores del parque un contrato que les permite a estos colocar mesas y sillas sobre andenes y vías.

Y al preguntársele al gerente de la Oficina de Espacio Público, Iván Castro Romero, porqué lo hacían, si ni andenes ni calles pueden ser objeto de ese tipo de usufructo, al tenor del Acuerdo 010 de 2014, su respuesta fue que la Secretaría de Planeación del Distrito, al expedir el concepto requerido, señaló que no se trataba de calles. De hecho, lo que dicha dependencia estableció en su momento es que la nomenclatura de las mismas no existían, porque el lugar es una plaza que se extiende hasta las cuadras circundantes. Y es ese inopinado concepto el que le permitió al entonces alcalde Dionisio Vélez Trujillo expedir el Decreto 0356 del 27 de febrero de 2015 que hoy permite que los propietarios de varios restaurantes y bares exploten comercialmente las calles 39 y 39-A, entre las carreras 9a. y 8a. de San Diego.

Planeación y DATT, dos conceptos enfrentados

Lo curioso es que, mientras para un asesor de la Secretaría de Planeación el lugar sobre el cual los establecimientos ‘Juan del Mar Restaurante’, ‘Juan del Mar Mesa Peruana’, ‘Juan del Mar Pizzería Gourmet’, ‘La Tumba Muertos Burguer Bar’, ‘La Galería Gourmet’ y ‘Teriyaki’ colocan permanentemente mesas y sillas no son calles, ya que -en su concepto – el lugar es una plaza y no un parque, para el DATT sí se trata de unas vías, y sus nomenclaturas son claras: corresponden a los tramos de las calles 39 y 39-A, entre las carreras 9a. y 8a. que circundan el Parque de San Diego, como aparecen en los actos administrativos que la entidad expide.

“No es un asesor externo el que cambia el uso de una calle, o establece si un espacio es un parque o una plaza, sino los Concejos municipales y distritales”, señaló sobre el caso la directora encargada de la Corporación Cartagena Visible -CCV – Dora Valencia Alfaro; “y el Concejo de Cartagena no ha cambiado el uso de las calles 39 y 39-A de San Diego, como tampoco el uso del emblemático parque”.

De acuerdo con la dirigente cívica, “el caso viene de 1.999, cuando la comunidad de San Diego, con el apoyo del abogado Danilo Contreras Guzmán y de los personeros de esa época, interpuso una acción popular para recuperar el espacio público que, poco a poco, algunos avivatos habían comenzado a invadir; y gracias a ello el Consejo de Estado dejó claro que el parque de San Diego es para uso y disfrute de toda la comunidad y no solo de unos pocos particulares” (leer ‘Mediante Decreto, la Alcaldía legaliza ocupación de las calles aledañas al Parque de San Diego‘).

Lo grave, segúnValencia Alfaro, es que la Alcaldía pretenda entregarle a unos particulares el uso de unas calles, “cuando hay varias sentencias judiciales que le dan razón a la comunidad” (leer ‘De parque a plaza, ¿la nueva estrategia para lograr la eliminación de dos calles?‘).

A corregir errores de cara al próximo 31 de diciembre

Como anunciamos en la entrega anterior de este somero análisis sobre la ocupación del espacio público en Cartagena, este reportero entrevistó a la secretaria del Interior del Distrito, Yolanda Wong Baldiris, con el fin de conocer qué lecciones le deja a la Administración las situaciones vividas en esa materia durante la temporada que termina, y cómo hará para evitar que en diciembre de 2018 se cometan los mismos errores del 2017, si es que en su concepto los hubo.

Yolanda Wong, secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana

“Hemos planteado al alcalde tener unas zonas comerciales, por decirlo de alguna manera, que puedan usufructuar organizaciones que estén interesadas en realizar eventos el 31 de diciembre, pero también que tengamos unas zonas que sean de responsabilidad y coherencia social, de integración comunitaria, para aquellos que no tengan la oportunidad de adquirir en los lugares VIP la cena de San Silvestre”, señaló la funcionaria sobre el tema.

“La idea”, explicó, “es que logremos realizar una planimetría del Centro Histórico para tener claridad de cuáles son las zonas aprovechables para esos efectos, y que desde el mes de mayo comencemos a promocionar como un evento multitudinario la cena de San Silvestre en el Centro Histórico de Cartagena, lo que le daría al Distrito la posibilidad de recoger, por un lado, unos impuestos, pagados por aquellos que desen explotar comercialmente el espacio público, pero también de responder favorablemente a aquellas familias cartageneras que quieran llegar también al Centro Histórico a pasar el Año Nuevo, ya que Cartagena es de todos”.

Para Wong Baldiris, “es claro que tenemos que tener un orden”, por lo que “haciendo esa planimetría tendríamos la opción de que los ciudadanos, con la debida antelación, puedan organizarse y saber dónde van a estar y cómo lo van a hacer, y tendríamos zonas interesantísimas, que internacionalmente podrían ser explotadas, como el Muelle de los Pegasos, el sector de Los Alcatraces y los alrededores de la India Catalina, entre varios otros, donde muchos quisieran estar”.

En su diálogo con Revista Metro, la funcionaria manifestó que “lo más importante es que logremos hacer una verdadera compensación social, donde -claro está – puedan venir los extranjeros que tengan la capacidad de pagar una mesa a un buen precio, lo que beneficiaría a Cartagena vía impuestos y tributos, pero también que las familias cartageneras que lo deseen puedan disfrutar del Centro Histórico a unos precios módicos”.

Lo que ya ha propuesto, dijo, es que se comience a “estudiar debidamente la capacidad de carga, las zonas de ingreso, los parqueaderos, las zonas más atractivas, etc., y cómo le sacamos provecho, por ejemplo, al Parque del Centenario y al Camellón de los Mártires, en fin, como se hace internacionalmente, que lo hacen de manera ordenada y todo el mundo disfruta sin ningún tipo de exclusión”.

Espere: ‘El espacio público de Cartagena de Indias, ¿parcelado y concesionado? – III’

Lo qué piensan algunos dirigentes cívicos, gremiales y políticos, entre estos varios eventuales candidatos a la Alcaldía de Cartagena, sobre el uso del espacio público durante todo el año y en fechas especiales. 

* Director de Revista Metro

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