El espacio público de Cartagena de Indias, ¿parcelado y concesionado? – I

Por Carlos Ardila González *

Cuando el pasado 14 de diciembre el alcalde de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, expidió el Decreto Número 1604, mediante el cual restringió el tráfico vehicular “en algunos tramos de vías internas del Centro Histórico”, en amplios sectores ciudadanos se escucharon voces de satisfacción.

La idea -se creyó – era facilitarle al peatón un cómodo y seguro desplazamiento por las calles del lugar con el fin de que pudieran admirar sin contratiempos “la belleza del Centro Amurallado y su entorno arquitectónico”, como se indica en el citado acto administrativo. Y por ello -en términos generales – la medida fue bien recibida por tirios y troyanos.

No obstante, lo que tras la promulgación del Decreto 1604 de 2017 realmente se dio en varias calles del Centro Histórico y su área de influencia no fue una peatonalización, como se anunció con bombos y platillos, sino una toma invasiva de todos los espacios públicos, con sillas y mesas de negocios variopintos, y ello -como era de esperarse – llevó a que la complacencia inicial de muchos ciudadanos se convirtiera en una nueva decepción.

Esa toma masiva del espacio público tuvo su culmen el 31 de diciembre. El último día de 2017, los parques, plazas, plazoletas, espacios residuales y muchas calles del Centro, San Diego y Getsemaní, así como el Muelle de la Bodeguita y los extremos del paseo peatonal de Manga, estuvieron literalmente cerrados. En muchos de esos lugares, como se dijo en corrillos y redes sociales, por el arriendo de una mesa y varias sillas llegaron a cobrarse sumas millonarias. Las principales inquietudes, sin embargo, fueron por las incomodidades causadas en varios lugares (leer Inquietudes Ciudadanas).

Y ello convirtió la decepción inicial en una inquietud que se tradujo en varias preguntas, entre ellas: ¿es legal el aprovechamiento económico del espacio público por parte de particulares?; ¿pagan algún tributo o similar al Distrito quienes se lucran con dicho uso?; y, en todos los casos, ¿el Distrito recibió el respectivo pago o hubo algún tipo de ‘excepción’?

Para responder esas preguntas, Revista Metro dialogó con el gerente de la Oficina de Espacio Público y Movilidad Urbana del Distrito, Iván Castro Romero; con el presidente de la Junta de Acción Comunal de Manga, Julio Romero Alandete; con el presidente de la Asamblea de Copropietarios del Edificio Regatta, Javier Doria Arrieta, así como con otras fuentes que pidieron no divulgar sus identidades por distintas circunstancias.

Calle del Centro Histórico

Con Castro Romero porque es él quien, como funcionario, tiene la misión de velar porque el uso y disfrute del espacio público sea un derecho de todos, aunque en unos casos otros servidores públicos ejerzan funciones similares en sus respectivas jurisdicciones.

Con Romero Alandete porque el barrio del cual es uno de sus más representativos líderes fue, con el Centro Histórico, San Diego y Getsemaní, donde la apropiación -legal o no – del Espacio Público tuvo mayor impacto y suscitó más inquietudes.

Con Doria Arrieta porque, según se dice, fue quien inicialmente -hace varios años – tuvo la idea de ‘hacer una vaca’ con sus vecinos para recibir el Año Nuevo, en comunidad, sobre el paseo peatonal de Manga, lo que más tarde sería replicado en otros lugares.

Y con otras personas: algunos servidores públicos y otros ciudadanos del común, porque quisimos constatar lo del alquiler de silla, mesas y espacios a utilizar, así como -claro está – para cumplir con el deber de contrastar las versiones de las restantes fuentes.

Para una nota posterior entrevistamos también a la secretaria del Interior del Distrito, Yolanda Wong Baldiris, quien habría de manifestar que tras lo vivido durante el fin del 2017 y el comienzo del 2018 ya tiene listo un paquete de propuestas para poner en práctica dentro de un año. Como se recordará, Wong Baldiris solo está al frente de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana del Distrito desde el pasado 18 de diciembre.

“Aprovechamiento económico del Espacio Público es legal”: Castro

Muelle de la Bodeguita

Para el gerente de Espacio Público, Iván Castro Romero, no debería causar inquietud que un espacio público sea utilizado de manera temporal para obtener algún beneficio económico, ya que el Acuerdo 010 del 4 de agosto de 2014, suscrito por el entonces alcalde Dionisio Vélez Trujillo, así lo permite.

“Todo titular de una licencia o permiso conferido para realizar actividades de uso temporal con aprovechamiento económico del espacio público paga una retribución o tarifa que, en el caso que nos ocupa, equivale al 5% del salario mínimo mensual legal vigente por cada metro cuadrado”, señaló el funcionario sobre el tema.

Algunos deben realizar otros pagos, como aquellos a quienes se les autorice cerrar calles, que deben cancelar una cierta suma en el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte -DATT; o los que contraten grupos musicales o instalen equipos de sonido, que deberán hacerlo al Establecimiento Público Ambiental -EPA – y a la Organización Sayco (Sociedad de Autores y Compositores de Colombia) y Acinpro (Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos). En otros casos, hay pagos que deben realizarse al Cuerpo de Bomberos, a la Policía Nacional o a la Secretaría del Interior.

Sobre la ocupación de calles y otros espacios, Castro Romero indicó que muchos hoteles, restaurantes y bares del Centro Histórico y su área de influencia solicitaron el correspondiente permiso y realizaron el respectivo pago, “por lo que todo estuvo dentro de lo legal”. Y lo mismo ocurrió con un sector del Muelle de la Bodeguita y los extremos del Paseo Peatonal de Manga: frente al edificio Regatta y al lado del Fuerte del Pastelillo. “El problema”, dijo, “estuvo en otros lugares, donde en efecto muchas familias instalaron mesas y sillas”. Y para intentar controlar esa situación, la dependencia a su cargo apenas contó con 30 brigadistas y 40 unidades de la Policía Metropolitana. “Hubo avances en el control, pero debo admitir que hubo lugares donde se instalaron numerosas mesas y sillas sin permiso”, como en los alrededores del Parque de la Marina y muchos otros.

“Una vez cada 365 para disfrutar en comunidad amerita un sacrificio”: Romero

El presidente de la Junta de Acción Comunal de Manga, Julio Romero Alandete, reconoció que a lo largo de la Avenida Miramar  “hubo problemas por la afectación a la libre movilidad vehicular”, pero se preguntó si “una vez cada 365 días para disfrutar en familia y con una inmensa hermandad, como ocurrió con la comunidad manguera la noche del 31 de diciembre, no amerita un sacrificio de esa mínima minoría por aquella inmensa mayoría”.

Con esa “mínima minoría” se refiere el dirigente comunal a varios vecinos de Manga que se quejaron por el caos vehicular causado a lo largo de la avenida por numerosos vehículos estacionados en lugares prohibidos y porque, según ellos, cuando bajaron de sus edificios a instalar mesas y sillas sobre el Paseo Peatonal, como hicieron el 31 de diciembre de 2016, ya no encontraron ningún lugar desocupado.

“Bajar al Paseo Peatonal fue una idea que se nos creció”: Doria

Desde hace tres años el presidente de la Asamblea de Copropietarios del Edificio Regatta, Javier Doria Arrieta, viene organizando una ‘fiesta comunitaria’ sobre el Paseo Peatonal de Manga, a un lado del Muelle de Edurbe, para despedir el Año Viejo. “La primera vez, el 31 de diciembre de 2015, bajamos unas 20 familias del edificio; el segundo año fueron ya unas 30, todas del edificio; y en esta ocasión se sumaron vecinos de los edificios cercanos, quienes se sumaron a la ‘vaca’ que hacemos. Con lo que recogemos contratamos unos grupos musicales y varios meseros”, señaló Doria Arrieta.

Doria, a quien se le recuerda en los círculos políticos por su paso por la Secretaría del Interior del Distrito durante la Administración de Carlos Otero Gerdst, reconoce que “fue una idea que se nos creció”, y aclara que, en todos los casos, diligenció los permisos requeridos.

Una idea, por lo visto, que comenzó a ser replicada en otros lugares, entre ellos el otro extremo del Paseo Peatonal de Manga, al lado del Club de Pesca. Allí, como coincidieron en asegurar varios vecinos del barrio, quien lideró la ‘vaca’ realizada, o como se la quiera llamar, fue el edil Federico de la Rosa Echávez.

¿Un negocio incontrolable?

Amparados en el Acuerdo 010 del 4 de agosto de 2014, los propietarios de los establecimientos comerciales aledaños a plazas, plazoletas, parques, paseos peatonales y espacios públicos residuales pueden hacer uso de estos, por largos periodos o durante eventos temporales, con el fin de obtener un aprovechamiento económico. Como se ve, la norma no menciona entre los espacios aprovechables ni calles ni andenes. De hecho, en su Artículo Cuarto, el Acuerdo 010 de 2014 establece explícitamente que las aceras o andenes son la “franja longitudinal de la vía urbana, destinada exclusivamente a la permanencia y circulación de peatones”.

Para ello, una vez obtenida la respectiva licencia o permiso, en cumplimiento del Artículo Décimo Primero deben pagar “una retribución o tarifa, entendida como el pago que se hace a la ciudad por las ventajas y beneficios económicos particulares derivados del uso de espacio público”.

Pero lo que quedó claro el pasado 31 de diciembre es que muchas personas no pagan esa retribución o tarifa, o al menos no lo hacen de manera formal y oficial.

En el caso de Manga, lo que se dijo fue que los eventos realizados frente al edificio Regatta y al lado del Fuerte del Pastelillo pagaron por el uso del espacio público utilizado, pero a lo largo del Paseo Peatonal, entre uno y otro sitio, se instalaron decenas de mesas y sillas que fueron alquiladas sin ningún control. Y lo mismo ocurrió, de acuerdo con lo que se pudo constatar, en los alrededores del Parque de la Marina y frente al cordón de murallas que corre paralelo al Palacio de la Aduana, entre muchos otros sitios.

Espere: ‘El espacio público de Cartagena de Indias, ¿parcelado y concesionado? – II’

Si el objeto de una norma es “velar por la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”, ¿cómo se cierran calles durante largos periodos con el único fin de obtener provecho económico? La ocupación permanente de las calles 39 y 39-A, entre las carreras 9a. y 8a. que circundan el Parque de San Diego, un caso para analizar. Conozca qué propone la secretaria del Interior, Yolanda Wong, para evitar que en diciembre de 2018 se repita la historia del 2017.

* Director de Revista Metro

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