Breve análisis económico del crimen

Por Miguel Felipe García Castaño *

Gary Becker, quien en 1992 ganó el Premio Nobel de Economía, fundó lo que hoy se conoce como la “economía del crimen”.

El análisis económico del crimen parte del hecho que los criminales son individuos que actúan racionalmente, como cualquiera otro individuo, y buscan maximizar su ‘bienestar’, que en otras circunstancias es la propia utilidad.

En la ciudad de Cartagena de Indias, y en el resto de municipios del Departamento de Bolívar, la dirigencia no ha creado instrumentos ni herramientas que determinen el comportamiento económico criminal de los reseñados y de los potencialmente ‘involucrados’.  El mercado del crimen es ilimitado, puesto que no hay factores que determinen una satisfacción total del perfil criminal. Para muestra, los recientes y continuos atentados terroristas en el Mundo, así como los tentáculos del mercado de la corrupción publica y privada. Todo ello es crimen para la Humanidad. Atracos, robos, sicariato, plagio, por doquier. En muchas ocasiones, es incierto predecir, preestablecer, cuando podría ocurrir un delito. Las herramientas las hay, falta la estabilidad y voluntad política en el apoyo a las autoridades competentes.

A manera de ilustración, veamos tres noticias criminales en fechas distintas:

Pese a que se ha reducido el sicariato como un fenómeno que atenta contra la vida en Cartagena, las alarmas se han encendido en la ciudad con el aumento de los homicidios por hurto que ha alcanzado un punto del 60 al 65%; así como la intolerancia y la violencia intrafamiliar y las riñas de pandillas, según el Centro de Observación y Seguimiento del Delito, Cosed[1].

Dicen que después de la tormenta viene la calma, pero en Cartagena fue todo lo contrario: luego de cinco días en los que no se registraron muertes violentas, en menos de 24 horas, entre la noche del sábado y en la mañana de ayer, hubo nueve casos fatales[2].

Incremento de Homicidios. “El informe (COSED) revela, de acuerdo a su director el profesor Fredi Goyeneche, que “los homicidios ocurridos durante 2017, son 252 en total, lo que registra un crecimiento sobre las del año anterior de 14 casos que representan 5.8% de aumento desde los 238 casos ocurridos en 2016”[3].

El hombre, como ser humano, tiene necesidades primarias que las satisface con alimentos, vestidos, educación, salud, recreación; pero cuando hablamos de seres humanos racionales, pero de comportamientos irracionales, la satisfacción es incierta, dada la complejidad de su actitud y deseos, quieren es mas, actúan buscando el mayor placer y “beneficio”. Su optimo lo calculan versus el efecto e impacto en la sociedad.

El análisis económico del crimen supone que los criminales son racionales en el sentido de que ellos miden los costos y beneficios de sus acciones, y que el crimen puede ser disuadido mediante políticas que reducen los beneficios del crimen vis-a-vis los de las actividades legales[4].

Tal y como están diagnosticado los municipios de Bolívar, incluyendo la ciudad capital, Cartagena, con zonas deficientes y desiguales en la cobertura de servicios públicos, deterioro de parques, zonas de deportes, deficiente infraestructura educativa, mala iluminación, calles en mal estado, limitado acceso al mercado laboral, son factores de riesgos que contribuyen al aumento de tasas de crimen y violencia. La fragilidad y vulnerabilidad, acompañada de la desigualdad de oportunidades, son abonos y caldo de cultivo para que la población en situaciones social y económicamente criticas vean al delito y al crimen como actividades rentables mucho mas que cualquier oportunidad legal que se les brinde. Y adicionado a lo anterior, la llegada de ciudadanos de otros países, empiezan a impactar la seguridad de los municipios bolivarenses y del resto del país.

En ese contexto, es fundamental poner a funcionar métodos preventivos y correctivos, coordinados con la Policía Nacional, el ICBF, Alcaldías, Personerías, Defensoría, Fiscalía, y sociedad civil organizada para disminuir y combatir la ilegalidad de los ciudadanos que están comprometidos con dichas acciones. Las Alcaldías territoriales tienen el deber Constitucional y legal de buscar soluciones para las familias de su jurisdicción, en representación del Estado. Y esas acciones indiscutiblemente deben generar mejores oportunidades en áreas de empleo, educación, salud, recreación, medio ambiente, y cultura ciudadana. Pero al mismo tiempo, actuar con severidad en el castigo a los criminales, que no les de espacio para pensar en la futura rentabilidad frente a la pena que podría purgar el malhechor. Educación para la resocialización, pero al mismo tiempo firmeza para el castigo, sobretodo si es reincidente. 

[1] El Heraldo, Julio 20 de 2017

[2] El Universal, 18 de Diciembre de 2017

[3] El Universal, 9 de Enero del 2018.

[4] Sebastián y Laura Jaitman, Una Introducción al Análisis Económico del Crimen

* Economista, especialista en Planeación Urbana y Rural, especialista en Gerencia Pública, especialista en Contratación Estatal y magister en Desarrollo Social.

 


 

 

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