Playa Blanca: S.O.S

Por Juan Diego Perdomo Alaba *

El pasado viernes en La W Radio, Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), se despachó al aire en respuesta a la preocupación de Julio Sánchez Cristo sobre qué hacer “ante semejante desorden en Playa Blanca”. La funcionaria reconoció el caos que se vive en esta “área marina protegida”, denunció la proliferación de construcciones ilegales, la falta de autoridad para cumplir con la capacidad de carga estipulada (3.124), la ausencia de un plan de manejo de basuras y la violación sistemática de las restricciones decretadas. “Necesitamos más compromiso de la Alcaldía de Cartagena y la Policía para que entren a ejercer control y autoridad; que actúen”, enfatizó.

“Playa Blanca, ¿tierra de nadie?”, es el título de una nota dominical en el periódico El Universal donde advierte los excesos acaecidos en los primeros días de 2018 sobre el balneario insular. Falta de autoridad, basuras, sobreocupación de playa, etcétera. El texto arranca con un punto importante a tener en cuanta antes de hacer cualquier análisis al respecto: “La pelota de las responsabilidades no quiere caer en manos de nadie”. Pues Miranda, en efecto, al inicio de su intervención en el noticiero de Sánchez Cristo, precisa que el tema Playa Blanca es particular “porque en este sitio confluyen varias autoridades” que -ya en mi opinión – se tiran la pelota cada tanto: PNNC, Cardique y la Dimar. La funcionaria insta entonces a una articulación de todas las instancias nacionales y locales, tanto del Ejecutivo como de la Rama Judicial, para encontrar una solución integral, pero sobre todo sostenible.

En Playa Blanca hay que tomar medidas, que por tardías, deben ser drásticas. A eso nos lleva una vez más la negligencia estatal. Pero ojo, hay que tener en cuenta que no es una playita cualquiera, es un área protegida y merece un tratamiento especial. El balneario está tugurizado y existe un conflicto socio-ambiental agudo que hay abordar con responsabilidad y sin pretensiones populistas, pues la demagogia es otra forma de corrupción que no conduce a soluciones inteligentes e integrales.

El Decreto 0885 del 27 de junio de 2016 que prohibió el ingreso de comidas y bebidas al lugar, se está cumpliendo parcialmente. El Distrito, en abstracto, actúa generalmente por inercia o con base en la agenda que le imponen medios de comunicación y líderes de opinión, es decir, “prende empujao”. También es cierto que no tiene suficiente capacidad institucional para intervenir, atender y ejercer la autoridad que desde la comodidad de su oficina en Bogotá reclama doña Julia. Y como lo que no se dice no es, hoy vemos cómo a las carreras, la Secretaría del Interior envía registros de “estricto control” y del cierre de la Playa por límite de carga. ¿Medidas permanentes?, difícil… Es imperioso controlar de manera consistente, vía marítima y terrestre, la capacidad de carga de un ecosistema protegido como Playa Blanca para mitigar su impacto social y medioambiental y mantener su equilibrio ecológico. Por eso es necesario un punto de control de ingreso como los hay en otras áreas protegidas de PNNC, que tiene la potestad de cobrar la entrada a sus jurisdicciones, tal como se hace otros parques nacionales en el mundo. ¿En qué quedó la propuesta de cobrar por el ingreso al balneario? El interino alcalde Sergio Londoño anunció en octubre que se iba a habilitar un contenedor donde funcionaría una caseta de PNNC para el recaudo, tal como opera en el Tayrona.

La medida no implica privatización. El recaudo, ‘reinvertido’ en el Parque Corales del Rosario, lo hace PNNC, entidad pública adscrita al Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, lo que sí debemos alegar es que se cambie el modelo de reinversión pues esos dineros van a una bolsa común y son redistribuidos para el mantenimiento de las demás áreas protegidas del país. Está demostrado que la inversión de Parques en Barú es inferior a lo que percibe por los cobros que hace vía marítima y de la cual la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo) se come un pedazo generoso por operarle el cobro en el muelle La Bodeguita. Lo que el mismo Londoño califica como “Jurisdicción extractiva”. Ojalá se pueda corregir esta situación para así focalizar de manera eficiente la inversión en el lugar de recaudo, como debe ser.

Soluciones. ¿Qué hacer?

Paralelo al cobro futuro, propongo al alcalde (e) diseñar un Plan estratégico de desarrollo sostenible para la zona apoyándose en las autoridades ambientales del nivel regional y nacional donde haya participación activa de los nativos y prestadores de servicios turísticos.

Cerrarlo por 30 días para darle un descanso al balneario y permitir la restauración y regeneración de los diferentes ecosistemas que conforman el área protegida. Algunos dirán que va en contra de la economía local. Pues en el Tayrona cierran anualmente por solicitud de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra como estrategia concertada con el fin de darle un respiro a la fauna y flora del lugar. Ellos cuidan y conservan el entorno que les da de comer, lo que aquí llamamos la “gallinita de los huevos de oro”. Tenemos tanto que aprenderles a nuestros hermanos ancestrales…

Instalar boyas para la seguridad de bañistas, hacer visible la lista de precios al público –el nativo raya en el abuso-, capacitar al nativo para un manejo adecuado de los residuos sólidos. Evitar la preparación de alimentos con fogatas y el vertimiento de aguas residuales a la ciénaga. Realizar control de embarcaciones. Y lo más importante: se necesita una mínima infraestructura, baños, cocinas, un puesto de salud, una bodega de basuras. El deterioro ambiental es evidente y mantener el equilibrio ecológico es primordial.

Pero un escollo histórico, quién lo creyera, para hallar soluciones al problema, es la comunidad nativa del lugar. Tema que requiere tacto, capacidad resolutiva y muchísima paciencia. Ha habido comités sin éxito entre el Distrito, Parques y la comunidad. Parece no convenirles, en un afán egoísta, mezquino, codicioso y hasta anarquista, que el lugar sea tratado como área protegida, pues tanto orden y ‘control’, al parecer, les merma ingresos. Tan diferentes a los indígenas, ¿verdad?

Para concluir, prefiero un cobro por entrada reinvertido en el lugar que el tal ‘peaje social’ que iba a ser manejado y usufructuado por particulares a través de un contrato evidentemente leonino. Esperamos soluciones.

ADENDA: ¿Y Playetas qué? ¡Salvemos a Barú!  

* Comunicador Social – Periodista de la Universidad de Cartagena

 

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