Reingeniería de las Veedurías Ciudadanas, un ‘home-run’ en materia de Control Social

Como se sabe entre la dirigencia gremial, política, cívica y comunitaria local de Cartagena, luego del florecimiento de las Veedurías Ciudadanas entre los años 1999 y 2001, al llegar al nuevo siglo muchos de quienes integraron los más paradigmáticos de dichos colectivos se cambiaron literalmente de bando. Con el tiempo, varios de los que se mostraban como decididos luchadores contra la corrupción terminaron convertidos en abiertos defensores de funcionarios venales, y otros más se ‘salieron del clóset’ y, aunque prosiguieron portando el rótulo de ‘veedores’ en varios escenarios, el correcto ejercicio del control social lo dejaron abandonado a la vera del camino (leer ‘Las veedurías en Cartagena, ¿realmente ciudadanas?‘).

Por ello a pocos sorprendió que, mientras numerosos ciudadanos reaccionaron con indignación ante los graves hallazgos establecidos por la Contraloría en el Programa de Alimentación Escolar -PAE – en la capital de Bolívar, y exigieron un ejemplar castigo a los responsables, algunos de los llamados ‘veedores ciudadanos’ se pusieron del lado de los cuestionados operadores y de manera descarada salieron en su defensa (leer ‘Conocidos ‘veedores’, divididos por hallazgos de la CGR en el PAE de Cartagena’).

No obstante, durante el 2017, un año que estuvo signado por los más sonados escándalos de corrupción de los últimos tiempos (solo comparable con los sucedido en 1999, cuando el entonces alcalde Nicolás Curi Vergara, el contralor Evaristo Ujueta Amador y el personero José David Ramírez Barakat, así como varios otros altos funcionarios, fueron privados de la libertad acusados de la comisión de varios delitos, paralelamente hubo también un resurgimiento del ejercicio del legítimo y auténtico control social.

Al tiempo que la prensa -por un lado – registraba día a día un nuevo hecho de corrupción, y que para el fiscal Néstor Humberto Martínez, por sus declaraciones, era claro que en la Ciudad Heroica algunos funcionarios y servidores públicos se habían amangualado para apropiarse de la Contraloría distrital, un grupo de ciudadanos -por el otro – tomaba la decisión de no dejarse vencer por la desesperanza y, en materia de control social, pasar de la indignación a la acción.

A pesar de ser conscientes de que, por el comportamiento de los integrantes de algunas de las llamadas Veedurías Ciudadanas, estas habían caído en el desprestigio, un grupo de profesionales de diversas disciplinas, por un lado, y varios dirigentes cívicos y políticos, por el otro, le apostaron a la constitución de sendos colectivos cuyo fin principal sería evitar que la ciudad que fue pionera en el ejercicio del control social viera menguar la importancia de dicha figura por las malas prácticas de ciertos ‘veedores’.

Los primeros constituyeron ‘Control Visible’, “una corporación sin ánimo de lucro conformada por profesionales y estudiantes en diferentes áreas encargados de la promoción del ejercicio del buen gobierno, adecuadas prácticas administrativas, la eficiencia, eficacia, transparencia, saneamiento y modernización de la gestión pública; la integridad y cultura política, la lucha contra la corrupción, la promoción y defensa de los DDHH en Colombia y América Latina, con el objetivo de alcanzar la igualdad y equidad social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento del Estado social de derecho, la democracia y las instituciones públicas en todos los niveles” (entrar a Página de la Corporación Control Visible).

Y los segundos constituyeron ‘Transparencia Caribe’, “una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro y organizada con fundamento en el artículo 270 de la Constitución Política y la ley de Veedurías Ciudadanas” que “vigilará la gestión de todas las autoridades públicas sin excepción alguna, incluidas las gubernamentales, judiciales, electorales, legislativas, políticas; órganos de control y entidades privadas nacionales e internacionales que empleen recursos públicos o presten servicios públicos, incluyendo contratación estatal en todos sus niveles; políticas; proyectos; planes y programas en todo el territorio nacional, especialmente en los departamentos de la región caribe, la cual se realizará con sujeción al servicio de los intereses generales y la observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad (entrar a Página de Transparencia Caribe – Veeduría Ciudadana).

Al frente de ‘Control Visible’ se encuentra el abogado Jair Baleta Iriarte, y hacen parte de su Comité Ejecutivo, además, el también abogado y administrador público Edgardo Ayola Trespalacios; el administrador de empresas Wilis Ruiz Díaz; el contador público Fabián Barraza Aparicio; y el administrador público Julio Ruíz Hernández; y cuenta con un cuerpo de asesores del cual hacen parte, entre otros, los abogados Neil Fortich Rodelo y Orlando Díaz del Castillo, y el politólogo Luis Torres Fernández.

Y al frente de ‘Transparencia Caribe’ se halla el dirigente Reynaldo Tovar Carrasquilla, quien con Verónica García y los restantes directivos de la corporación han hecho alianza con colectivos de todos los departamentos del Caribe colombiano para la promoción del control social en la Región, y se ha convertido en ‘socio’ de la Procuraduría general de la Nación en Cartagena y Bolívar, según lo ha expresado en reiteradas ocasiones el propio titular del ente de control, Fernando Carrillo Flórez.

De acuerdo con lo que se ha podido establecer, entre las acciones administrativas adelantadas por las dos Veedurías Ciudadanas, por disposición de sus directivos, se encuentra recuperar la confianza ciudadana en el ejercicio del control social.

Y para ello, coincidieron en manifestar Baleta Iriarte y Tovar Carrasquilla, una de las primeras decisiones fue promover la transparencia en todas sus actuaciones, para lo cual informan oportunamente todas sus actuaciones y presentan en cada semestre una completa rendicion de cuentas.

 

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