Relación del Concejo y la Alcaldía de Cartagena: unas de cal y otras de arena

Ayer, durante una sesión que duró más de seis horas, la plenaria del Concejo de Cartagena aprobó el Proyecto de Acuerdo 084 “Por medio del cual se efectúa una incorporación en el presupuesto de rentas de capital y recursos de fondos especiales, apropiaciones de funcionamiento y de servicios a la deuda del Distrito de Cartagena de Indias, vigencia fiscal 2017”.

Con el esperado visto bueno del cabildo cartagenero, el Ejecutivo distrital podrá disponer presupuestalmente de la suma de $38 mil 900 millones provenientes de la Nación para poder iniciar, sin solución de continuidad, los procesos de contratación de los servicios de aseo a las instituciones educativas de la ciudad, así como el transporte de los educandos de las escuelas oficiales y el urgente mejoramiento de la estructura de los centros educativos, al igual que diversos programas sociales del Distrito, entre ellos la atención al adulto mayor.

Esta iniciativa, como se recordará, fue calificada de vital por el secretario General de la Alcaldía, Johnny Ordosgoitia Osorio, durante la instalación del periodo de sesiones extraordinarias convocada para el estudio de 13 Proyectos de Acuerdo.

No obstante, otro proyecto por el que también ‘pujó’ la Administración del Distrito: el número 081, que busca “celebrar un nuevo contrato de concesión o prorrogar el actual con la empresa Circulemos para el suministro de infraestructura tecnológica, administración, actualización y mantenimiento del sistema de información de tránsito y transporte al DATT”, fue rechazado por la corporación edilicia (leer ‘“Cartagena es la ciudad de la esperanza, pero es hora de que sea la ciudad de la concreción”‘).

En el primer caso, a favor del proyecto votaron 14 de los 17 cabildantes (el Concejo de Cartagena, por Ley, tiene 19 curules, pero en la actualidad dos de ellas permanecen vacías tras la aprehensión de Jorge Useche Correa (del Partido Conservador) y Ángelica Hodeg Durango (del Partido Alianza Verde) acusados de la supuesta comisión de delitos contra la Administración Pública).

En el segundo caso, 11 de los concejales votaron en contra, a pesar de que los ponentes del proyecto: César Pión González (del Partido de La U), Américo Mendoza Quessep (de la Alianza Social Independiente) y Antonio Salim Guerra Torres (de Cambio Radical), presentaron ponencia positiva. De los restantes concejales, tres votaron por el Sí y tres estuvieron ausentes.

Durante el correspondiente debate, el concejal Guerra Torres informó que de manera oportuna le hicieron unas recomendaciones a la Administración del Distrito, así como varias solicitudes de información, pero ni las unas ni las otras fueron atendidas. “El alcalde devolvió el proyecto como estaba originalmente, sin los cambios sugeridos; el alcalde nos ha dejado solos. No me parece que se deba lavar las manos con este tema; debería estar aquí defendiendo el proyecto”, reclamó el cabildante.

Por su parte, el concejal David Dáger Lequerica (del Partido Liberal) expresó que tiene “una posición que he manifestado desde el primer día que conocí el proyecto: para mí hay una ambigüedad en la propuesta presentada en cuanto a la facultad del alcalde, y hemos solicitado una aclaración y no se ha dado”.

Contexto:

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial