Juez acoge solicitud de Mincultura de suspender construcción del Aquarela

Definitivamente, el Ministerio de Cultura, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, la Personería de Cartagena y un sector de la comunidad de esta ciudad le ganaron el pulso a los constructores del edificio Aquarela, a la Cámara Colombiana de la Construcción -Camacol, al curador urbano No. 1 y a varios ‘veedores ciudadanos’, al ordenarse la inmediata suspensión de toda construcción o intervención en todas y cada una de las cinco etapas del proyecto multifamiliar que comenzó a construirse a pocos metros del Castillo de San Felipe.

La decisión fue tomada por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena, acogiendo la petición que en tal sentido realizara la ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, con el fin de detener de manera temporal la construcción del cuestionado proyecto urbanístico como medida cautelar para evitar que continuara agravándose la afectación sobre el emblemático e invaluable bien patrimonial.

Con el propósito de que la suspensión de las obras sea definitiva, el Ministerio instauró una Acción Popular que fue coadyuvada por la Procuraduría y la Personería y respaldada decididamente por varios sectores ciudadanos.

En contra de la acción del Ministerio se mostraron -claro está – los constructores del Aquarela: la sociedad Promotora Calle 47 S.A.S.; el curador urbano No. 1, Ronald Llamas Bustos, quien expidió las cuestionadas licencias; y varios periodistas radiales y ‘veedores ciudadanos’, así como Camacol, el gremio de la construcción, cuya gerente en Bolívar, Angélica Salas Salas, manifestó sobre el hecho que las autoridades nacionales desconocen las situaciones jurídicas consolidadas y el principio de legalidad y cambia las reglas de juego en perjuicio de los constructores.

En su resolución, el juez Haisary Castaño Villa ordena -además – la suspensión provisional y de manera inmediata de las cinco actos administrativos expedidos por el curador urbano No. 1 que permitían la ejecución del proyecto urbanístico.

Las resoluciones cuyos efectos cesan inmediatamente por la decisión judicial son las 0595 de diciembre de 2015, 0470 de septiembre de 2016, 0486 de septiembre de 2016, 0611 de diciembre de 2016 y 0363 de julio de 2017.

Sin embargo, la Circular del 10 de diciembre de 2013 de la Secretaría de Planeación del Distrito, cuyos efectos también pidió suspender el Ministerio de Cultura, se mantuvo en firme por considerar el juez que “se trata de un acto administrativo de carácter general, contentivo de una serie de directrices (…)”, y, “como se observa, la circular no hace ninguna referencia en particular frente al edificio Aquarela”.

Sobre los efectos de dicha Circular, la Procuraduría conceptuó que “el curador urbano No. 1, al expedir las licencias urbanísticas (…) posiblemente le dio un alcance distinto e ilegal a las disposiciones establecidas” en la misma, “en particular las relacionadas con la altura máxima y densidad, toda vez que autorizó la construcción de cuatro torres de 31 pisos únicamente por tratarse de un proyecto de vivienda de interés social, desconociendo manifiestamente las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena en cuanto a los terrenos o usos que están destinados para construir VIS, al igual que las normas referidas a la altura máxima permitida en ese sector”.

En concepto del Ministerio Público, “no podía, por tanto, el curador urbano desconocer los usos del suelo estipulados en el POT para desarrollar proyectos VIS, ni darle prelación o mayor jerarquía a las normas de vivienda de interés social VIS que a las normas que reglamenta el POT, menos en la forma en que estas fueron creadas, a través de una circular de la secretaria de Planeación y no por el Concejo Distrital de Cartagena que es la única autoridad en el Distrito que puede ajustar o modificar el Plan de Ordenamiento Territorial”.

Para la Alcaldía de Cartagena -asimismo – es claro que (contrario a lo argumentado por el curador Ronald Llamas: que la Circular de la Secretaría de Planeación del Distrito le permitió expedir las cuestionadas licencias) dicho acto administrativo “no contiene una autorización para construir en la manzana 186 del barrio Torices un proyecto de vivienda de interés social sin límites de altura y con afectación al Castillo de San Felipe de Barajas”.

No obstante, en su escrito al juez de la causa, la apoderada de la Alcaldía, Gloria Inés Yepes Madrid, señaló que “el Distrito ha adoptado las medidas pertinentes de suspensión de las obras del proyecto Acuarela (SIC) en el marco de sus competencias, por lo cual se presenta una carencia actual del objeto de la medida de suspensión de las mismas”.

En efecto, el Ejecutivo distrital, por intermedio de la Inspección de Policía de la Comuna Número Dos, suspendió temporalmente las obras del Aquarela, pero los argumentos del cierre se circunscriben al incumplimiento de normas normas referidas a los aislamientos y al mal manejo de los residuos sólidos.

Por ello: como en cualquier momento esos hechos podían ser corregidos y, en consecuencia, el cerramiento debía levantarse, el juez se apartó del criterio de la apoderada de la Alcaldía y desestimó que las medidas solicitadas presenten una carencia actual de su objeto.

“A diferencia de lo que plantea el Distrito (…), el Juzgado considera que frente a la medida (…) no se configura el fenómeno de la carencia actual del objeto”, ya que “las decisiones de sellamiento a la obra están referidas a fallas detectadas en materia medio ambiental e infracciones al Código de Policía, y ninguna tiene como propósito amparar derechos o intereses colectivos, como los ventilados en esta acción, por una posible afectación a los entornos paisajísticos del Fuerte de San Felipe”.

Lo establecido a lo largo de la Resolución y, sobre todo, lo expuesto ante el togado por el accionante y los coadyuvantes, deja muy mal parado al curador urbano que expidió las licencias que se suspenden, ya que todos coinciden en que, con su actuación, el servidor público se apartó de los dispuesto en el POT y varias normas urbanísticas y en materia de viviendas de interés social.

“Denunciaremos al curador Llamas”: TC y CCV

Una vez tuvo en su poder los 42 folios del auto del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena ordenando la inmediata suspensión de las obras del Aquarela, este portal consultó la posición de los voceros de las veedurías ciudadanas Transparencia Caribe -TC – y la Corporación Cartagena Visible -CCV, que habían coincidido en informar que les pedirían a los órganos de control investigar la actuación del curador urbano número 1, Ronald Llamas, en el polémico caso.

Tanto para Reynaldo Tovar Carrasquilla, de TC, como para Dora Valencia, de CCV, las consideraciones expuestas por el Ministerio de Cultura, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, por la Alcaldía y por Personería de Cartagena, que son los mismos que han venido exponiendo, desde hace más de un año, varios concejales y otros actores, deberían obligar a la Procuraduría, a la Fiscalía y a la Superintendencia de Notariado y Registro a investigar a Llamas de manera inmediata, de oficio.

No obstante, con el fin de que se garantice que dichas investigaciones sí se realicen, Tovar y Valencia anunciaron que instaurarán las respectivas quejas, denuncias y demandas, y en todos los casos varias de las pruebas que aportarán serán -justamente – las consideraciones del Ministerio, la Procuraduría, la Personería y la Alcaldía.

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