Rasero del fiscal general, ¿diferente para ‘vargaslleristas’ y no ‘vargaslleristas’?

La captura del exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar, cuando se encontraba en el aeropuerto Simón Bolívar de la capital del Magdalena en el preciso instante en que se disponía a viajar a Bogotá para entregar en la Registraduría más de dos millones de firmas con las que busca ser candidato a la Presidencia de la República, tiene con los pelos de punta a numerosos dirigentes políticos de todo el país y opinando con insistencia en las redes sociales a centenares de analistas, académicos y líderes de opinión.

En Twitter, Facebook y en los foros virtuales de diversos medios nacionales, innumerables cibernautas manifestaron su asombro porque se hubiera detenido como a un vulgar ladrón a un dirigente que, como Carlos Caicedo, desde el mismo momento en que tomó las riendas de la Alcaldía de Santa Marta enfrentó decididamente la corrupción que se encontraba enquistada en diferentes dependencias de la Administración, e inició un arduo proceso para poner fin a una serie de concesiones que, según sus argumentos, favorecían desproporcionadamente a unos pocos particulares en contra de los intereses generales, entre ellas las del recaudo de impuestos, la administración del mercado público y la prestación de los servicios de agua y alcantarillado.

En Santa Marta y todo el Magdalena, indignados ciudadanos se enfocaron -principalmente – en cuestionar que, mientras por un lado la Fiscalía ordena la aprehensión del exalcalde Caicedo y el actual mandatario: Rafael Alejandro Martínez, por otro lado no haya dado muestras siquiera de intentar investigar los fuertes ruidos que emanan del proyecto de la Vía de la Prosperidad, durante cuya ejecución los señalamientos por graves irregularidades ha sido el común denominador (leer ‘La Vía sin Prosperidad que hacen los aliados de Char y Vargas‘).

En Cartagena, al conocerse que la captura de Caicedo fue porque porque durante su mandato supuestamente autorizó anticipos para la construcción de varios puestos de salud que finalmente o no se han terminado o se entregaron con obras faltantes, la pregunta inmediata fue porqué -entonces – si en la Ciudad Heroica está probado que se dieron hechos iguales durante la administración de Dionisio Vélez Trujillo, el ente de control penal no ha iniciado siquiera las respectivas investigaciones.

El exalcalde de Santa Marta es acusado por la Fiscalía porque en julio de 2014, en el marco de un plan de renovación de la infraestructura de la salud, ordenó la apertura de un proceso licitatorio por valor de $6.532 millones para la adecuación de cinco centros de salud en sendos barrios de la ciudad, pero por diferentes causas varias de las obras no pudieron terminarse y tuvo su sucesor que proceder a una nueva contratación, en este caso por $5.863 millones.

En Cartagena, la situación fue que en octubre de 2014 el gobierno de Dionisio Vélez contrató la construcción de 39 hospitales y puestos de salud por $100 mil millones, en el camino se disminuyó a 25 el número de unidades a construir, dejando por fuera 14 de las obras iniciales, y finalmente se supo que los recursos asignados solo alcanzaban para 12 hospitales, todo consecuencia de una mala planeación y otra serie de irregularidades que han sido denunciadas públicamente por entidades como la Fundación Cívico – social pro Cartagena -Funcicar, entre muchas otras (leer ‘Con un informe de Funcicar como prueba, la Fiscalía deberá investigar irregularidades en unas obras civiles‘), e incluso por la actual la directora del Departamento Administrativo de Salud del Distrito -Dadis, Adriana Meza Yepez (leer ‘“Nosotros sí pusimos en conocimiento de los entes de control los hechos detectados”: Meza‘).

Nicolás Petro, hijo del candidato presidencial Gustavo Petro, resumió en un trino lo que -por lo visto – piensan muchos magdalenenses sobre la detención del alcalde y el exalcalde de Santa Marta: “con la captura de Carlos Caicedo y Rafael Martinez (…), los beneficiados políticos son los Cotes y los Char, que tienen un sin números de investigaciones, pero como son socios políticos de Vargas Lleras y el del fiscal, no les pasa nada”.

En la capital de Bolívar, las inquietudes son las mismas, pero con otros actores. Para muchos, resulta sorprendente que, a pesar de que la Contraloría estableció el hallazgo de presuntos detrimentos al erario, por diferentes cuantías, por los cuales deberán responder durante sendos juicios de responsabilidad fiscal tanto el exalcalde Dionisio Vélez como varios de sus entonces funcionarios (leer ‘Gerencia Regional de la Contraloría ratifica procesos fiscales contra Dionisio Vélez‘), sobre los mismos hechos la Fiscalía mantiene un inopinado mutismo. Y lo que se sabe es que Dionisio Vélez, aunque llegó al Palacio de la Aduana con los avales de los partidos Liberal y Alianza Verde, es uno de los aliados locales del candidato presidencial Germán Vargas Lleras.

En concepto del dirigente gremial William Murra Babún, miembro de la veeduría de la Asociación Colombiana de Ingenieros -Aciem, “preocupa que los actos más corruptos conocidos en la vida republicana de Cartagena se hayan dado en la administración de Dionisio Vélez pero, a la fecha, con excepción de un caso investigado por la Contraloría, que encontró presunto detrimento patrimonial, pareciera como si las leyes en Cartagena son diferentes a las del resto del país. Miren que el caso de Santa Marta es por obras inconclusas y omisión, exactamente lo que ha pasado con 35 supuestas obras para la salud de las que solo se podrán ejecutar unas diez, si acaso”.

Al dirigente cívico y político Danilo Contreras Guzmán le llama la atención “la oportunidad de la materialización de la captura: justo en el momento en que el exfuncionario viajaba a Bogotá a inscribir su candidatura presidencial con algo así como dos millones de firmas. Esto, considerando que se trata de contratos suscritos hace tres años. Igualmente me llama la atención que las irregularidades que se indilgan a Caicedo, como lo son falta de planeación y de conceptos técnicos para la construcción de centros de salud, son muy similares a las irregularidades denunciadas por Funcicar contra administraciones del pasado reciente, que parecen revestidas del efecto teflón de que hablan algunos”.

Por su parte, el comunicador social y activo cibernauta Juan Diego Perdomo Alaba sí destaca “la estupenda labor de la Fiscalía General que dirige Néstor Humberto Martínez, convertida vulgarmente en la policía política del candidato Germán Vargas Lleras, muy severa persiguiendo contradictores políticos con eficacia y celeridad, pero bastante laxa y benévola con los afines a Cambio Radical. Sobre la detención del precandidato presidencial Carlos Caicedo Omar, a quien admiro sus luchas y me inspiró la columna ‘La izquierda caduca‘ (hacer click), la labor de justicia selectiva de la Fiscalía de Martínez Neira, miembro fundador de Cambio Radical, tiene el censor mal calibrado, pues en el caso del exalcalde samario nota con gran rigor un caso de responsabilidad fiscal y penal en obras que superan los $5.000 millones, pero no le parece irregular la inversión que hizo el exalcalde cartagenero Dionisio Vélez Trujillo de $100 mil millones para la adecuación y construcción de 39 puestos de salud en el Distrito, de los que sólo entregó 12, recursos obtenidos de un polémico empréstito de $250 mil millones que al parecer generó un detrimento patrimonial en la ciudad, hechos alertados por la Fundación Cívica pro Cartagena a través de su observatorio a la contratación pública”.

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