La Contraloría General de la República -CGR, durante una Auditoría de Cumplimiento realizada a la ejecución a los Recursos del Sistema General de Participaciones en el 2016 y, de manera específica, a los destinados al Programa de Alimentación -PAE, estableció 30 hallazgos administrativos, de los cuales 27 tienen presunta incidencia disciplinaria, 11 tienen connotaciones fiscales y uno obligaría a la apertura de una indagación penal.
En el caso de los hallazgos con incidencia fiscal, el ente de control determinó que estos podrían ascender a la suma de $8.376.495.038.
Así lo informó el contralor delegado para el Sector Social, José Antonio Soto Murgas, al alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, en carta recibida en el Palacio de la Aduana el pasado viernes 24 de noviembre, tres días después de que el contralor general, Edgardo Maya Villazón, durante un evento de rendición de cuentas, denunciara públicamente la comisión de presuntas irregularidades en el manejo del PAE de la capital de Bolívar.
Se trata, de acuerdo con fuentes de la Gerencia Regional de la Contraloría para el Departamento de Bolívar, de hechos diferentes a los revelados por el contralor, aunque sucedidos también durante la vigencia fiscal de 2016 por la entonces administración de ‘Primero la Gente’.
En un extenso informe de 171 páginas del cual posee una copia simple este portal, la CGR calificó el Control Interno de la Alcaldía como ineficiente e inadecuado.
Sobre el PAE, el ente de control fiscal señaló que se «incurrió en una ineficiente e ineficaz administración de los recursos (…) debido a que se encontraron incumplimientos que afectan la ejecución del programa, tales como: inicio de su ejecución en forma tardía (…), sobrecostos en algunos productos (…)» y «pago de grandes cantidades de insumos».
Con respecto al componente de la Primera Infancia, la CGR asegura que «se presentó incumplimiento material (…) por la inobservancia en los mecanismos de control y seguimiento (…), ocasionando incumplimiento de la obligación constitucional de gestionar las políticas públicas a la primera infancia y la orientación que se le debe dar a estos recursos».
En materia de salud se dice que en desarrollo del convenio suscrito con la ESE Hospital Local de Cartagena para realizar actividades del Plan Institucional de Capacitación -PIC – se ejecutaron actividades que «no guardan coherencia con lo programado en el COAI (Componente Operativo Anual de Inversiones en Salud) del Distrito, situación que no impacta a la comunidad en cuanto a una mejora en su situación epidemiológica».
En materia deportiva, entre otros puntos, «se evidenció que hay compromisos que no presentan los documentos soportes completos en la etapa precontractual, contractual y postcontractual, para su formulación, legalización y pago por $835.105.000».
Y en cuanto al sector educativo en general, la auditoría realizada determinó que hubo «inoportunidad en la suscripción de contratos de prestación de servicios (…), situación que afectó a los estudiantes quienes no pudieron asistir a las aulas durante más de 60 días del año lectivo 2016».
La Contraloría, «como resultado de la auditoría realizada(…) considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con los recursos del Sistema General de Participaciones que ejecutó el Distrito de Cartagena durante la vigencia 2016 no resulta conforme en todos los aspectos significativos», y ponen como ejemplo que «a 31 de diciembre de 2016 la Secretaría de Educación Distrital presentó incumplimiento material en el manejo presupuestal y financiero, fundamentado en la no depuración de saldos en las cuentas de ahorro» y «ajustes de saldos de fechas anteriores sin los soportes (…)», entre otros, «lo que conlleva a que los recursos no se utilicen de forma eficiente en beneficio de la población infantil».
«La Administración debe actuar»: Transparencia Caribe
Para el director de la veeduría ciudadana ‘Transparencia Caribe’, Reynaldo Tovar Carrasquilla, quien desde la fundación del colectivo ha venido realizando una vigilancia especial al manejo de la PAE en Cartagena y Bolívar, lo grave de los dos últimos informes de la Contraloría es que las irregularidades detectadas «generaron una enorme deserción escolar, evidenciada en una investigación que presentó hace varios meses el Centro de Estudios del Banco de la República». En concepto del dirigente cívico, «la cantidad de jóvenes en extraedad que están por fuera del sistema educativo se debe justamente a la no aplicabilidad en su momento del PAE».
Según Tovar Carrasquilla, de los informes de la CGR se desprende que los malos manejos «no solo han sido con los recursos del PAE sino también de otros sectores; fíjese que en el sector de la Educación hubo también inoportunidad en las OPS, y falta del sistema de gestión de calidad para el recobro de incapacidades, e incumplimiento de la ejecución presupuestal que afectó la calidad educactiva, ya que proyectos como la cualificación de docentes en bilingüismo, entre otros, presentaron incumplimientos en las metas propuestas, que se observan claramente en las últimas pruebas Saber, y en las Saber-pro, donde la calidad y cantidad de becas en ‘Ser Pilo Paga’ evidencia una disminución considerable».
Sobre los hallazgos en distintas áreas, el director de ‘Transparencia Caribe’ se preguntó qué pensará el alcalde Londoño y, particularmente, qué respuestas dará a la Contraloría.
«¿Cuáles son las denuncias que el señor alcalde ha realizado sobre estos casos, cuando al momento de recibir el cargo tuvo que haber recibido los informes correspondientes como lo manda la Ley?», se preguntó Tovar.
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