Por Amylkar Acosta Medina *

El Partido Liberal realizó una Consulta abierta el pasado domingo para elegir su candidato de cara a la elección presidencial del próximo mes de mayo, cuando tendrán lugar los comicios, los cuales estarán mediados por los del mes de marzo para elegir a quienes integrarán el Congreso de la República el próximo cuatrienio. Su convocatoria estuvo precedida del pulso entre los eventuales aspirantes que se someterían a la misma y de los cuestionamientos sobre su procedencia, los cuales arreciaron después de conocerse los resultados que arrojó su realización.

amylkar-acosta2Al Partido Liberal le llovieron rayos y centellas tanto a través de los medios como de las redes sociales y entre los señalamientos que se le hacen están la baja participación en la misma (2.12% del censo electoral) y los costos en los que se incurrió ($40.000 millones), para concluir que dicha consulta fue un rotundo fracaso y que se malversaron recursos que bien podían tener una mejor destinación, dadas las afugias fiscales que afronta el Estado colombiano en estos momentos. Tal planteamiento, como trataremos de demostrarlo, además de simplista, entraña varias falacias, de tal suerte que en la controversia que se suscitó a propósito de esta consulta ha habido más calor que luz.

LA CONSULTA: UNA CONQUISTA

Como lo afirma el senador Juan Manuel Galán, la Consulta popular para escoger el candidato del Partido Liberal a la Presidencia de la República fue una conquista que le debemos a su padre, el inmolado Luis Carlos Galán “y fue el motivo principal por el cual regresó al partido después de haber hecho los diálogos y los acuerdos de unión liberal”. Y coincidimos con él en que de no darse estaríamos “retrocediendo 35 años, volviendo a las malas prácticas que tanto criticó mi padre, donde unos caciques políticos se reúnen y toman todas las decisiones, excluyendo a la base del partido”. Por ello, nos pareció plausible la decisión del Congreso del Partido de convocar dicha consulta, en la que lamentablemente, por diversas circunstancias, solo participaron dos de los aspirantes: Humberto De la Calle y Juan Fernando Cristo.

La reforma política contenida en el Acto legislativo 01 de 2009, en procura del fortalecimiento de los partidos políticos, como pilares de la democracia, dejó abierta la opción de que todos ellos puedan “celebrar consultas populares o internas o interpartidistas, que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas”. El 13 de septiembre de 2017 la Registraduría Nacional al establecer el calendario electoral, mediante la Resolución 100 05, fijó el 19 de noviembre como la fecha en la que todos “los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos” pueden acudir a la Consulta para escoger sus candidatos, “propios o de coalición”, con miras a las próximas elecciones. La Consulta del pasado domingo, entonces, no fue un invento ni fue fruto del capricho del Partido Liberal, sino que tuvo sustento en una norma legal. El Partido Liberal no tiene la culpa que cuatro de las cinco colectividades que le habían manifestado a la autoridad electoral inicialmente interés en recurrir al mecanismo de la Consulta para escoger sus candidatos, entre ellas el Centro Democrático y el Partido Conservador, al final desistieran de hacerlo y que, por lo tanto, la misma se limitara solo al Liberalismo. Y nada hay que reprocharle a las otras colectividades el que hayan optado por otros mecanismos menos democráticos, menos participativos, para proclamar sus candidatos, pues cada cual es libre de hacer de su capa, en este caso su bandera, un sayo.

Con gran despliegue en primera página tituló El Tiempo en su edición del lunes siguiente de la Consulta: “en la Consulta (Liberal) solo participaron algo más de 700 mil de los 35 millones de votantes habilitados”. Pero, la baja concurrencia a las urnas por parte de los ciudadanos tiene varias explicaciones, empezando por el inveterado abstencionismo en Colombia. Recordemos que, a pesar de que en la Constitución Política de 1991 se consagró en su artículo 258 el voto como “un derecho y un deber ciudadano”, no son muchos quienes lo ejercen. Prueba de ello es que en la  elección presidencial de 2014 de los 33 millones de ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al sufragio, solo votaron 13.2 millones, el 40% (¡!), es decir seis de cada 10 prefirieron quedarse en sus casas y darle la espalda a esta cita con la democracia. Huelga decir que no son comparables unas elecciones ordinarias, sean estas parlamentarias o para elegir Presidente de la República, con una Consulta partidista.

Esta vez otras circunstancias acentuarían lo que ha sido una tendencia en las elecciones ordinarias, tales como el hecho de ser solo el Partido Liberal el que se sometiera a este mecanismo de participación para elegir democráticamente su candidato, con el agravante de que a la misma finalmente solo concurrieron dos de los varios aspirantes que se disputaban su nominación a la Presidencia. Y, como si lo anterior fuera poco, por limitaciones presupuestales, la Consulta, para reducir su costo desde los $85.000 millones iniciales a los $40.000 millones, se limitó solo a las cabeceras municipales, marginando de dicho proceso a los ciudadanos que tienen sus cédulas inscritas fuera de ellas. En todo caso, no pueden desestimarse los 744.521 sufragios depositados por los ciudadanos que se movilizaron para concurrir a las urnas en las condiciones más adversas, sin el aliciente ni el interés que despiertan las elecciones a los cuerpos colegiados o de las autoridades regionales, en frío, a “palo seco” y sobre todo después de una campaña relámpago de algo más de mes y medio. Nadie en su sano juicio esperaba, con todas esas limitaciones y restricciones, una avalancha de electores el pasado domingo. Y, desde la perspectiva democrática, tiene un inmenso valor, con mucho mayor mérito que servirse del recurso demoscópico de las encuestas, que no consultan más de 3 mil personas al azar o, lo que es peor, la escogencia del candidato a través de convenciones amañadas o del acostumbrado dedazo, como enantes.

LA DEMOCRACIA CUESTA

Se ha dicho también que fue un despropósito el haber invertido esa gruesa suma de dinero, supuestamente para satisfacer el ‘ego’ de estos dos ilustres caballeros, que la misma hubiera quedado mejor invertida en casas gratuitas o en el programa Ser pilo paga. A ello qué podemos responderle. En primer lugar, esa afirmación no pasa de ser un sofisma de distracción, no es sino traer a colación lo acaecido en Colombia en 1986, cuando el Gobierno de Belisario Betancourt renunció a la sede que el entonces destacado dirigente deportivo Alfonso Senior había conseguido con denodado esfuerzo para Colombia del Mundial de Futbol. Colombia es el único país que se ha dado el lujo de renunciar a una Copa Mundial. En palabras del Presidente Betancourt “como preservamos el bien público, como sabemos que el desperdicio es imperdonable, anuncio a mis compatriotas que el Mundial de Fútbol 1986 no se hará en Colombia… Aquí tenemos muchas otras cosas que hacer”. Pues, no se hizo el Mundial y muy seguramente las “muchas otras cosas” tampoco, nos quedamos sin el pan y sin el queso. Bien dijo Senior, “Colombia es un país enano al que no le quedan bien las cosas grandes. Y la empresa de realizar el Mundial es un compromiso grande. Yo quería para Colombia algo de ese porte, y Colombia me falló”.

Además, sostener y defender la democracia colombiana, por más escarnecida que esté, cuesta y ese costo debe asumirlo la sociedad, pues sigue siendo cierto el aserto de Sir Winston Churchill cuando sentenció que “en verdad, se ha dicho que es la peor forma de gobierno, excepto todas las demás formas que han sido probadas en su oportunidad”. Podríamos prescindir de los mecanismos de participación previstos en la Constitución Política que nos rige, que es eminentemente participativa, podríamos ahorrarnos los gastos que le significan al país las elecciones periódicas de sus autoridades y cuerpos colegiados, amén de las consultas populares o los procesos de revocatoria de mandatos, pero al precio de convertir nuestra democracia en lo que denominaba el Premio Nobel de Literatura José Saramago “un latón que hace mucho ruido y cada vez tiene menos contenido”.

¡APAGA Y VÁMONOS!

Y a eso se ha venido reduciendo la democracia en Colombia, en donde sus partidos políticos se han venido degradando, convertidos como lo están en simples dispensadores de avales y que funcionan como si fueran franquicias, que se manejan en las regiones por parte de sus titulares, que son aquellos que tienen la credencial de congresistas de unos partidos totalmente parlamentarizados. Ello y la corrupción, de la que son portadores, explican su desprestigio y su descrédito, cada día mayor, corroyendo y debilitando la democracia, al punto que sus propios dirigentes y usufructuarios prefieren tomar distancia de ellos en el vano intento de mostrarse ajenos a sus culpas y miserias[1]. Las candidaturas por grupos significativos de ciudadanos que antes eran la excepción, como lo contempla la norma, pero para darle representación a las minorías, se ha tornado en la regla y por allí anda camuflado más de un curtido politicastro convertidos en buhoneros de la política recolectando firmas mediante cuestionados métodos, tratando así de engañar incautos. Ya son más de 50 aspirantes los que andan por doquier recogiendo firmas; eso es un relajo. Y para añadir desdoro a la deshonra, ahora se les ha dado a muchos congresistas, abogando con mezquindad en causa propia, por institucionalizar el transfuguismo, a través de un mico que le colgaron a un remedo de reforma política que se tramita al socaire del Acuerdo Final con las Farc, al mejor estilo del gatopardismo: “si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Esto es una vergüenza. Si esto sigue así, vamos con los ojos abiertos camino al precipicio y podremos exclamar como en la comedia española: ¡apaga y vámonos!

[1] Amylkar D. Acosta M. El populismo al acecho. Septiembre, 10 de 2017

* Miembro de Número de la ACCE. Exministro de Minas y Energía y exdirector ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos.

 

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