Prohibir el parrillero hombre en Cartagena, ¿es la solución? Varias propuestas

Por Juan Diego Perdomo Alaba *

Con el fin del fortalecer la seguridad en Cartagena, golpeada desde hace meses por una ola de delincuencia que no da tregua y que las autoridades no han podido intervenir con contundencia, el Distrito prorrogó la medida de restricción de parrillero en moto en el área de influencia del Centro Histórico y la hizo extensiva al barrio suroccidental Alto Bosque.

Los barrios Las Gaviotas y Los Alpes, donde -cuentan sus vecinos – hay diariamente por lo menos tres robos en motocicleta, también habían solicitado la medida. Lo cierto es que del flagelo no escapa ningún sector de la ciudad.

Las medidas restrictivas denotan mediocridad operativa y falta de capacidad institucional para disuadir el delito. Se pone entonces en duda la efectividad de estas prohibiciones en ciudades como Cartagena donde no hay suficiente pie de fuerza para hacerlas cumplir. También es cierto que existe una afectación innecesaria para miles de ciudadanos que usan su moto para fines personales y laborales ya que la medida es indiscriminada. Sin embargo, en ciudades donde se ha aplicado la restricción, muestra un impacto positivo en la seguridad; la reducción de índices de criminalidad hace que los gobiernos locales sostengan la medida que por motivos jurídicos debe ser temporal.

El pico y placa en Cartagena, por ejemplo, lo que hizo fue estimular la compra de motos, la par e impar, medida cortoplacista que agravó el problema.

Existe pues una tensión de derechos, una problema social y de seguridad complejo que necesita ser abordado con responsabilidad, criterio técnico -que no electoral-, diligencia y creatividad.

Este tipo de medidas es susceptible a una acción de nulidad pues ya tiene jurisprudencia de inconstitucionalidad. Y precisamente para no echar a todos en el mismo costal y porque no todos los mototaxistas son delincuentes, es necesario identificarlos y en general distinguir el uso de los motorizados: personal, empresarial o informal. Cuantificar el número de motos que ruedan por la ciudad. Obtener datos indicativos sobre su utilización.

Según datos del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte -Datt-, hay poco más de 64 mil motocicletas matriculadas en la ciudad, -en realidad hay más rodando-, pero no existe un dato exacto de cuántas son usadas para el mototaxismo. Urge entonces, paralelo a la medida restrictiva, que el Distrito realice a través de su organismo de tránsito, un censo tecnológico de caracterización de motocicletas para cuantificarlas, definir su uso, y que los resultados sirvan de línea base para aplicar restricciones con eficacia pero con precisión, diseñar una política pública de movilidad y agrupar a los mototaxistas en cooperativas para carnetizarlos. El fenómeno del mototaxismo se debe intervenir reglamentándolo, no prohibiéndolo; no obstante, cualquier medida debe acompañarse de un plan integral de reinserción laboral donde participen el Sena como actor formativo y el sector privado como potencial empleador.

¿Y Transcaribe? 

Con base en los resultados del censo, y para mejorar la movilidad, el Distrito deber entonces contemplar la posibilidad de restringir el tránsito de motos por la troncal Transcaribe en toda su extensión, salvo en las intersecciones, pues el paralelismo al Sistema es uno de sus enemigos y la coexistencia con los demás vehículos ralentiza el tráfico.

Ahora, antes de acoger la sugerencia tardía pero necesaria que hizo la Policía Metropolitana de Cartagena de restringir el parrillero hombre en toda la ciudad, el Distrito debe primero garantizar una oferta eficiente y digna de transporte público, hoy precaria e insuficiente. Recordemos que Transcaribe no da abasto, excede la capacidad de usuarios en un 40% y en un día sin moto moviliza hasta 25 mil personas más de lo habitual. Imagínense un probable escenario al prohibirse el parrillero en moto en toda Cartagena: ¡colapsa Transcaribe y de paso la ciudad! Hay una flota represada en Pereira que supuestamente llegará en diciembre; de ocurrir, es probable que se corrijan los problemas de frecuencia y sobrecupo; entonces, hasta que no ingresen al Sistema, señores, será imposible aplicar una restricción general de parrilleros. Además, mucha demanda y poca oferta genera informalidad, estimula la ilegalidad y acrecienta el problema: taxis colectivos, jeeps, mototaxis, Uber. Ideal sería, por ejemplo, que el servicio de mototaxi, reglamentado, sirva de alimentador al Sistema, que lo complemente en sectores a donde este no llega. Así se ensayó en Barranquilla aunque de manera informal.

El Distrito que lidera el interino Sergio Londoño, pero sobre todo esa veintena de aspirantes mesiánicos a la Alcaldía, deben tener en cuenta estas observaciones y diseñar una agenda de propuestas viables, concretas pero jurídica y técnicamente estructuradas sobre estos temas para socializarla, debatirla y concertarla con todas las fuerzas vivas de la ciudad. Ya es momento de intervenir un lío que tiene más de una década y que está a punto de estallar.

ADENDA: Sin caer en actitudes xenófobas, preocupa el masivo éxodo de venezolanos a Cartagena. Ya no es mera percepción mediática, ¡están en todas partes!, en los barrios, las avenidas, en el centro, en los semáforos. La mayoría luchándola como el resto, al sol y al agua. Pero ni la ciudad ni el país están preparados. El Distrito debe prender las alarmas y sugerir al Gobierno Nacional que adopte políticas de fondo para fortalecer los sectores de educación, salud, empleo y seguridad, atacados por este fenómeno migratorio que nos puede explotar en la cara. 

* Comunicador Social – Periodista de la Universidad de Cartagena

 

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