Suspensión de obras en el Centro Histórico: algo pasa en la División de Patrimonio del IPCC

El pasado viernes 10 de noviembre, 17 días después de denunciar a través de este portal lo que a su juicio eran unas claras violaciones a las normas urbanísticas por parte de los constructores del centro comercial La Serrezuela (leer ‘Denuncian que obras de La Serrezuela también afectan bienes patrimoniales de Cartagena), el presidente de la veeduría ciudadana Transparencia Caribe, Reynaldo Tovar Carrasquilla, le solicitó a la ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, ordenar la suspensión y el sellamiento de las correspondientes obras.

En concepto del veedor ciudadano, resulta inconcebible que a la vista de todas las autoridades, tanto del Distrito como nacionales, los zócalos, capiteles, gradas, balcones y arcadas de la afamada plaza de toros, por cuya incomparable belleza la Plaza de Toros fue declarada Monumento Nacional en 1995, fueran literalmente destruídos; que se estuvieran utilizando predios no contemplados en la licencia de restauración; y que se estuviera construyendo un sótano de más de cuatro metros de profundidad, lo que ha producido un grave impacto sobre las murallas, entre otras violaciones a las normas.

Pero más incomprensible aún, señaló Tovar Carrasquilla, es que el 6 de febrero del 2013, en fallo de segunda y definitiva instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar haya ordenado a la Alcaldía de Cartagena, al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena -IPCC – y al Ministerio de Cultura que adoptara un Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP – específico para el proyecto con el fin de garantizar que el bien se proteja y se restaure y no, como terminó sucediendo, se destruya totalmente para reemplazarlo por un bien distinto, “y cuatro años después no se haya cumplido ese fallo”.

En diálogo con Revista Metro, el denunciante se lamentó de que hayan pasado cuatro años “y ese fallo judicial no solo se ha incumplido sino que siguen sucediendo hechos que ponen en riesgo el lienzo de murallas”. Para el veedor, “el Tribunal fue claro en establecer un plazo perentorio para que se garantizara la conservación del bien patrimonial, y lo que se ha visto es que, por desidia y no sé si algún interés particular, hoy vemos con dolor que ese bien ya no existe y está siendo reemplazado por otro” (leer ‘Parte Resolutiva del Fallo del Tribunal’).

En su carta a la ministra, Tovar Carrasquilla advirtió que todo lo anunciado “constituye una grave amenaza y vulneración de derechos e intereses colectivos”, lo que obliga a “la adopción de medidas para evitar el daño contingente y hacer cesar el preligro presente en nuestras murallas, ya que la afectación es palpable y estamos en riesgo de que puedan colapsar”.

De acuerdo con Reynaldo Tovar, las obras han producido un grave impacto sobre las murallas.

Entre estas medidas, y en vista además de que “se observa con claridad meridiana que el B.I.C. (Bien de Interés Cultural) Plaza de Toros La Serrezuela desapareció, viéndose afectada su conservación histórica y cultural”, el dirigente cívico pidió que “se suspenda y selle dicho proyecto de manera inmediata, e inicie las investigaciones correspondientes para determinar quiénes han sido los responsables por la acción y omisión en tal descalabro”.

Dos días después de enviar su petición, el director de Transparencia Caribe habría de enterarse, por intermedio de un comunicado de prensa, que el Ministerio de Cultura había ordenado “la suspensión inmediata de las obras de la plaza de toros de La Serrezuela, por incumplimientos en el desarrollo del proyecto arquitectónico aprobado en 2009 y ajustado en 2016”.

Según el remitido, “esta decisión obedece a que el Ministerio de Cultura evidenció en una de las últimas visitas de inspección a las obras, que efectivamente se habían vinculado tres inmuebles colindantes al proyecto de intervención que no estaban contemplados en el proyecto aprobado en 2009, ni en el ajuste aprobado en 2016”.

De igual forma, “se constató que el sótano que se viene construyendo tiene una medida superior a la autorizada en razón a la vinculación de estos tres inmuebles”.

De acuerdo con el comunicado “el Ministerio de Cultura oficiará al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, para que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Cultura, proceda de manera inmediata a ejecutar la orden impartida”.

Sobre la decisión de Mincultura, voceros de la Promotora Cohen, impulsores del proyecto, manifestaron que aún no han sido debidamente notificados, razón por la cual las obras todavía no se han suspendido.

También mediante un comunicado de prensa hecho llegar a los distintos medios de comunicación, los promotores de las obras aseguraron que el proceso de licenciamiento del proyecto se ha desarrollado en estricto cumplimiento de las normas.

“Que investiguen las ías”: Transparencia Caribe

Para los miembros de Transparencia Caribe, todos estos hechos deberían ser investigados no solo por MinCultura, como ya comenzó a hacerse, sino también por la Procuraduría, la Fiscalía y la Superintendencia de Notariado y Registro, cada una en el marco de sus competencias.

Justamente, en su carta a la ministra de Cultura, el director de dicha veeduría advirtió que las acciones y omisiones de algunos servidores públicos en torno al grave caso “tiene graves implicaciones penales, disciplinarias y fiscales”.

“Vaya y dese cuenta cómo la División de Patrimonio del IPCC ha venido sellando algunas obras por razones menores pero dejado de sellar otras con problemas más graves, lo cual a mí al menos me deja mucho que pensar”, le pidió Tovar a este reportero.

La posición del Concejo de Cartagena

En julio de 2015, el Concejo de Cartagena pidió a los órganos de control que pusieran sus ojos sobre las obras del centro comercial La Serrezuela, luego de escuchar las exposiciones de Álvaro Barrera, vocero de la firma constructora Barrera y Barrera y de la Promotora Cohen; de Dolly González y Ramón Pérez, los entonces secretaria de Planeación y jefe de la Oficina de Control Urbano del Distrito, respectivamente; de Henry Pérez, delegado de la Curaduría Urbana No. 2; de Mónica Orduja, delegada de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura; y del director de Patrimonio del IPCC, de Alfonso Cabrera.

En esa ocasión, sorprendidos de ver cómo, sospechosamente, el funcionario del IPCC se dedicó a defender más los intereses de los constructores que de la ciudadanía en general, los cabildantes se declararon inconformes y pidieron la intervención de la Personería, la Procuraduría y la Fiscalía, entre otras cosas para evitar que se siguiera construyendo un gran parqueadero subterráneo que, de acuerdo con varios de los intervinientes, podría causar un daño irreparable al lienzo de murallas que circunda el tradicional barrio San Diego (leer ‘El Concejo pide investigar a los funcionarios que autorizaron el proyecto de La Serrezuela).

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