Cero y van 47 las licencias falsas detectadas por la Supernotariado en Cartagena… y contando.

La Superintendencia de Notariado y Registro identificó 19 nuevas edificaciones con 24 licencias falsas, lo que agrava el escándalo de las construcciones ilegales en Cartagena en las cuales estarían comprometidos tanto servidores públicos como constructores e inversionistas.

Las edificaciones afectadas se encuentran en los barrios Alto Bosque, Chipre, El Recreo, Buenos Aires y Los Alpes, entre otros.

Con los nuevos hallazgos, la cifra de licencias falsas llega a 47, lo que pone en entredicho la legalidad de 532 unidades de vivienda.

El nuevo hallazgo de la Supernotariado se dio, de acuerdo con un comunicado de prensa de la entidad de vigilancia y control, en el marco de las investigaciones adelantadas a las licencias de construcción que comprometen el registro de actos jurídicos de la Oficina de Registro Instrumentos Públicos del Distrito de Cartagena.

Estas indagaciones, como se recordará, se abrieron luego de establecerse que la licencia que sirvió de base a la construcción del edficio Portales de Blas de Lezo II, que se desplomó el pasado 27 de abril ocasionando la muerte de 21 obreros muertos.

En esa oportunidad, como también deberá recordarse, las autoridades tanto locales como nacionales comenzaron a poner sus lupas a los procesos de licenciamiento por parte de las Curadurías Urbanas de Cartagena, con el fin de determinar si otras edificiaciones, entre ellas un ‘hermano gemelo’ del desplomado edificio, también se habrían erigidos con documentos falsos y violando varias normas urbanísticas.

La Supernotariado, a través de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, iniciará las actuaciones administrativas correspondientes con el fin de establecer la realidad jurídica de los corresponientes folios de matrícula y, si es del caso, procederá al bloqueo de los mismos. De ocurrir ello, estos folios quedarían por fuera del tráfico inmobiliario.

En el remitido, la entidad informa que tras los primeros hallazgos, el 25 de agosto de 2017, se interpuso la debida denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Con las pruebas de las nuevas licencias falsas dicha denuncia será ampliada en las próximas horas.

En el primer caso, la denuncia fue interpuesta contra Wilfran Enrique Quiroz Ruiz, quien, según la investigación realizada, sería el responsable de desplegar las conductas relacionadas con dichas falsedades.

Sobre el grave hecho, el superintendente de Notariado y Registro (e), Carlos Medina Ramírez, manifestó que “la Superintendencia tomará los correctivos desde el punto de vista notarial y registral, con el fin de prevenir que este tipo de conductas delictivas se sigan desplegando. Estamos totalmente articulados con el alcalde encargado del Distrito de Cartagena y reaccionando de forma rápida para responder a las expectativas de la ciudad”.

El pronunciamiento de la Cámara de Comercio

María Claudia Páez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena

Al tiempo que la Superintendencia de Notariado y Registro señala que, producto de sus investigaciones, se han identificado hasta la fecha 47 licencias falsas que ponen en entredicho la legalidad de 532 unidades de vivienda en Cartagena, la Cámara de Comercio de esta ciudad, refiriéndondo particularmente al caso del proyecto Aquarela, hizo un llamado para que “prime la legalidad y se tomen los controles pertinentes desde la concepción de la norma para que luego no se presenten problemas en el desarrollo de los proyectos urbanísticos”.

Mediante un remitido de prensa hecho llegar a los medios de comunicación, “los directivos de la entidad aseguran que no es conveniente para nuestro progreso y estabilidad social y económica que se presenten este tipo de situaciones, ya que desdibujan la imagen de los empresarios del sector de la construcción y de la clase dirigente”, y “advierten que si bien algunos han cometido errores, hay muchos que se rigen a la ley y son cumplidores de sus compromisos y no puede darse que, acogidos a la norma, luego sea puesto en entredicho sus licencias”.

“Esto plantea una enorme inestabilidad a este gremio”, se indica en el comunicado; “tal  es el caso de lo sucedido con el proyecto Acuarela, estigmatizado en estos días por su cercanía al Castillo San Felipe. El cuestionamiento no es para el constructor, este recae sobre el que planeó y proyectó la norma que soportó los permisos, pero además, también para quién tiene la labor de direccionar desde las competencias que da el Estado, y su implementación. Preocupa  la situación del promotor, ya que aduce tener todas sus licencias en regla de acuerdo a lo que exige la norma. Lo que hoy llega a ser inconcebible es que por no preveer que esta edificación obstruiría la visual del Castillo San Felipe, se pone en riesgo la economía, ilusiones y estabilidad de decenas de familias que, a la final son los más perjudicados”.

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