Se cierra el cerco: la PGN también aprieta el puño para evitar que se afecte el Castillo

La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Juez Décimo Administrativo Oral del Circuito de Cartagena ordenar la suspensión inmediata de las obras de construcción del cuestionado proyecto ‘Aquarela’, en el barrio Torices de Cartagena, a pocos pasos del emblemático Castillo de San Felipe de Barajas.

Como medida cautelar, el Ministerio Público solicitó la suspensión de las resoluciones que otorgaron las licencias de construcción y modificaron el Plan de Ordenamiento Territorial -POT, así como la cesación inmediata de las obras que adelanta el constructor, ya que, de no adoptarse estas medidas, se podría generar un grave perjuicio a las familias que adquirieron de buena fe los apartamentos.

En su carta al togado, el ente de control disciplinario argumentó para su petición que se hacía necesario proteger sin dilaciones, por medio de una decisión judicial, los derechos e intereses superiores de la Nación, y puso de presente que, de acuerdo con las indagaciones preliminares que adelanta, es claro que la entonces secretaria de Planeación Distrital de Cartagena, Dolly González Espinosa, al expedir en diciembre de 2013 “la circular que creaba, modificaba y complementaba las normas del POT de la ciudad, no respetó las disposiciones sobre protección del patrimonio cultural, las cuales prevalecen frente las normas de ordenamiento del territorio”.

Para la Procuraduría, además, es evidente que la suscriptora de la cuestionada circular “se atribuyó la facultad de modificar o adicionar el POT, con lo que otorgó la posibilidad de construir viviendas de interés social sin limitaciones en su altura, trasgrediendo las disposiciones existentes para la construcción de vivienda multifamiliar en el barrio Torices”.

Sobre la actuación del curador urbano número uno, Ronald Llamas Bustos, el órgano de control indicó que, con la licencia que otorgó al proyecto urbanístico, “se vulneraron gravemente los derechos e intereses colectivos a  la moralidad pública, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, del patrimonio cultural e histórico de la Nación, y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y con prevalencia del beneficio de la calidad de vida de los habitantes”.

Adicionalmente, al órgano de control “le preocupa y alarma la falta de medidas oportunas y urgentes encaminadas a prevenir la inminente afectación del paisaje urbano en el Paseo Bolívar, la alteración del estado emocional de los ciudadanos, y la pérdida del valor escénico o paisajístico que puede repercutir negativamente en el potencial turístico y económico del centro histórico de Cartagena, especialmente en el área de influencia del Castillo San Felipe de Barajas”.

La drástica solicitud de la Procuraduría fue hecha un día después de que el secretario de Planeación del Distrito, Irvin Pérez Muñoz, anunciara a El Universal que “en pocos días le entregaremos a la Procuraduría lo que ha solicitado” sobre las acciones que el Ejecutivo local ha adelantado frente a la construcción del proyecto, y que se sigue trabajando en un informe detallado en el que expondrán de manera detallada cuáles han sido las actuaciones de las diferentes dependencias de la Alcaldía en torno al cuestionado caso.

Para justificar las razones por las cuales no había entregado aún lo solicitado, el funcionario señaló que la información “no es solo de Planeación” sino “del Distrito en general”, por lo cual “tenemos una mesa de normalización urbanística al pie de todo” (leer ‘“Entregaremos pronto el informe a la Procuraduría”: Planeación).

¿Se cierra el cerco?

La solicitud de la Procuraduría a un juez de la República para que ordene la inmediata suspensión del proyecto ‘Aquarela’ se suma a la petición que en igual sentido, y con similares argumentos, hizo el Ministerio de Cultura mediante una Acción Popular que hace tránsito en el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Cartagena.

Y se suma a la decisión de la Alcaldía de Cartagena, por intermedio de la Inspección de Policía de la Comuna Número Dos, de sellar las obras que se adelantaban por el incumplimiento de varias normas urbanísticas por parte de sus constructores.

En la Procuraduría Provincial se llevó a cabo un encuentro de seguimiento a las acciones que se desarrollan en el Distrito en contra de las construcciones ilegales.

Y tanto el órgano de control como MiniCultura y la Alcaldía actuaron como consecuencia de la indignación expresada por varios sectores ciudadanos luego de apreciar la grave afectación que por contaminación visual y vehicular generarían las cuatro torres de más de 30 pisos, con casi 94 metros de altura y 772 apartamentos, que se proyectaban construir.

Para los distintos actores, es claro que las más de tres mil personas que ocuparían las viviendas, que se presentaron como de interés social pero que, por lo que se ha podido establecer, en un alto porcentaje fueron compradas por ciudadanos de estratos altos, hubiera representado una carga poblacional adicional que pudo haber impactado negativamente en la calidad de vida de los habitantes del sector, además de las graves afectaciones que, como ha se ha dicho, hubieran ocasionado al Castillo de San Felipe.

Sobre esto último, el Ministerio Público conceptuó que la construcción del complejo habitacional representa una grave amenaza para la conservación y protección no solo del invaluable patrimonio sino en general del Centro Histórico de Cartagena y su área de influencia, “pues las cuatro torres impiden drásticamente la visibilidad desde el centro histórico hacia el Castillo de San Felipe de Barajas, y viceversa, con lo cual se afectan notablemente las características arquitectónicas y urbanas de la ciudad antigua en su conjunto”.

Pero las acciones de la Procuraduría, el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Cartagena no se encaminan solo a evitar mayores daños a la Ciudad Heroica y a la Nación. Además, como se ha podido conocer, paralelamente se buscará determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados.

Como se sabe, ante las tres entidades, y también ante la Superintendencia de Notariado y Registro, que desde el pasado mes de julio tiene la atribución de vigilancia y control sobre las Curadurías Urbanas, siguen llegando documentos y testimonios que probarían que sobre este y otros casos más lo que ha habido es un entramado delincuencial en el que presuntamente habrían participado distintos servidores públicos.

Para los presidentes de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia -RedVer, Pablo Bustos Sánchez, y de la veeduría Transparencia Caribe, Reynado Tovar Carrasquilla, los organismos de control deben investigar concretamente la actuación del curador urbano Ronald Llamas, quien en abierta contradicción con el interés general y amparado en una dudosa e inopinada interpretación de la Ley, otorgó licencia de construcción al cuestionado proyecto urbanístico.

La posición del Concejo

Para el Concejo de Cartagena, una de las primeras entidades en poner el grito en el cielo cuando conoció los alcances del proyecto ‘Aquarela’, es clave también que se investigue si todos los compradores cumplen los requisitos para acceder a viviendas de interés social. Para ello, la corporación edilicia pidió a Corvivienda y a los órganos de control que, con el apoyo del Fondo Nacional del Ahorro y las distintas entidades financieras, determinen si las personas que efectuaron crédito de vivienda para acceder al proyecto están dentro de los parámetros establecidos.

Para el concejal César Pión, es necesario verificar el carácter social del proyecto, toda vez que, al parecer, “es un proyecto disfrazado, en el que la mayoría de las viviendas fueron adquiridas de contado y no a través de subsidios de entidades bancarias como normalmente ocurre con los proyectos de interés social dirigidos a personas de bajos ingresos”.

Por su parte, el concejal Américo Mendoza señaló que era necesario también determinar si es cierto que muchos de estos apartamentos los adquirieron personas con el interés de alquilarlos a turistas, incrementando la parahotelería que afecta negativamente a los hoteles que pagan cumplidamente sus impuestos.

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