Siete edificios más (para un total de 26 hasta la fecha) se construyeron con licencias falsas

 
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Una vez más, un alto funcionario de la Superintendencia de Notariado y Registro llegó a la capital de Bolívar a notificar personalmente a la registradora especial de la ciudad, Maydinayiber Mayran Urueña Anturi, así como a los siete notarios del círculo de Cartagena: Margarita Jiménez Nájera, Eudenis Casas Bertel, Alberto Marenco Mendoza, Evelia Ayazo Aguilar, Elith Zúñiga Pérez, Martha Méndez de Ordosgoitia y Mario Echeverria Esquivel, que las escrituras de Propiedad Horizontal de varios edificios habían sido registradas con base en documentos falsos, y como consecuencia los folios inmobiliarios de los apartamentos de cada uno debían ser ‘bloqueados’ o ‘congelados’, lo que implica que deben salir de inmediato del mundo comercial, es decir no pueden ser vendidos o negociados bajo ningún título.
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El anuncio lo hizo en esta oportunidad el propio superintendente, Jairo Mesa Guerra, y su advertencia fue perentoria: se descubrieron 7 edificios más en Cartagena construidos con licencias falsas, los cuales se suman a los 19 ya revelados en una visita anterior, para un total de 26 edificaciones piratas, y adicionalmente -dijo – se halló que habían violado claras normas sobre sismorresistencia, lo que obliga a la evacuación de las correspondientes unidades residenciales.

Mediante un acto administrativo, la Superintendencia, entidad, que desde el pasado mes de agosto asumió una nueva competencia: la vigilancia y control a las Curadurías Urbanas de todo el país, ordenó cerrar los folios de matrícula de los apartamentos localizados en los edificios Shalom, en El Recreo; Calipso Tower, Atlanta e Innova, en el Alto Bosque; Brisas de la Castellana, en Chipre; Villa Ana, en Buenos Aires; y 5 Letras, en El Bosque.

Las personas que, según Mesa Guerra, habrían cometido una estafa de más de $450 mil millones (más grande que la realizada con las pirámides de DMG, que escandalizó al país y hoy tiene preso a su autor: David Murcia), serían María de las Nieves Quiroz (en representación de ‘Construcciones, Proyectos y Desarrollo S.A.S.); Delis del Carmen Quiroz Ruiz; Dagoberto Quiroz Ruiz; Jonnathan Rivera Quiroz; Emis Quiroz Ruiz y Eusebio Quiroz Ruiz, que fueron quienes diligenciaron con licencias falsas los respectivos registros. “Por lo que se puede apreciar, el cartel de los Quiroz podría ser el clan estafador más grande de Cartagena”, manifestó el funcionario.

El superintendente de Notariado y Registro le aseguró a la prensa local que no le temblará la mano para denunciar a los urbanizadores piratas.

Como se recordará, el pasado 20 de septiembre, el superintendente Delegado para la Vigilancia de las Curadurías, Marcos Parra Oviedo, llegó a Cartagena en compañía de varios inspectores de la entidad para notificar el hallazgo -como se dijo – de 19 edificios piratas, así como para comenzar a determinar si los dos curadores urbanos: Ronald Llamas Bustos y Guillermo Mendoza Jiménez, vienen implementando los controles que garanticen la confiabilidad de los procesos de licenciamiento.

En esta oportunidad, el superintendente anunció que se comenzará además a investigar la eventual responsabilidad de algunos funcionarios de las Notarías y de la propia Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en el entramado delincuencial detectado. La razón: no se entiende que con unos documentos falsos se hayan podido registrar, como si nada, las Escrituras de Propiedad Horizontal de 26 edificios. Tras estas investigaciones -señaló el alto funcionario – personalmente interpondrá las quejas y denuncias correspondientes. “No me temblará la mano para hacerlo”, recalcó.

Las investigaciones deberán determinar si para la fecha de los hechos las Curadurías cumplían con la obligación de publicar en sus páginas web las licencias otorgadas.

Se deberá establecer -asimismo – qué pasó con el control y vigilancia en cabeza de funcionarios de la Alcaldía de Cartagena, independientemente de si la responsabilidad de ello estaba en cabeza de la Secretaría de Planeación, la Oficina de Control Urbano o las Inspecciones de Policía.

En total, hasta la fecha la Superintendencia de Notariado y Registro ha identificado 332 apartamentos construidos bajo el amparo de documentos falsos.

Lo grave, como lo reconoció Mesa, es que los más perjudicados son quienes les compraron los apartamentos a los presuntos estafadores, ya que no solo deberán evacuarlos, por el riesgo de desplome que pesa sobre sus propiedades, sino además iniciar un proceso civil para recuperar los recursos invertidos.

Entre los eventuales perjudicados figuran también las entidades financieras que realizaron los préstamos, ya que en muchos casos ampararon estos embargando los apartamentos. Ahora, al cancelárseles a estas propiedades sus folios de matrícula, se quedan automáticamente sin garantías.

En estos casos, sin embargo, el superintendente infiere que pudo haber algún tipo de responsabilidad por parte de funcionarios de las entidades bancarias, ya que -como en los posibles casos de funcionarios de las Curadurías, las Notarías y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos – no se entiende que hayan conferido cuantiosos préstamos sin verificar la autenticidad de los documentos presentados.

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