Judith Pinedo, ¿de ícono de la lucha contra la venalidad a indiciada por actos de corrupción?

Un caso judicial contra la exalcaldesa Judith Pinedo Flórez, la exsecretaria de Hacienda Vivian Eljaiek Juan, el exconsultor externo Giovanni Torregroza y los particulares Rafael Ceballos y Luis Édgar Restrepo: el de la venta de 240 metros cuadrados de playa al Hotel Dann por parte de la Alcaldía de Cartagena, se encuentra hoy, nueve años después, en etapa preparatoria.

Y será un juez promiscuo del vecino municipio de Turbaco el que finalmente decida, durante la audiencia preliminar convocada para tal fin, si acepta o no cualquiera de las medidas que puedan ser solicitadas tanto por el fiscal del caso, para quien la venta del terreno de playa denominado polígono de Las Velas, en El Laguito, fue un acto ilegal; como por el ciudadano Juan Diego Useche Ortegón, quien, como propietario de un negocio en el espacio público vendido, adujo que se le había perjudicado económicamente y por ello fue declarado víctima dentro del proceso.

Tal como han informado de manera profusa diferentes medios de comunicación, Pinedo Flórez fue denunciada por varios concejales porque autorizó la venta de un sector de la playa al Hotel Dann, por la suma de $204 millones, con lo cual, según ellos, violó flagrantemente la Constitución y la Ley, ya que estas contemplan que las playas no pueden ser objeto de enajenación ni compraventa de ninguna especie.

De acuerdo con fuentes cercanas tanto a la exalcaldesa como a la exsecretaria de Hacienda, para los apoderados de los indiciados al fin había llegado la oportunidad legal y constitucional para demostrar la inocencia de estos.

La defensa de los indiciados

Con el fin de entender cómo la abogada Judith Pinedo Flórez había terminado acusada por un supuesto acto de venalidad, siendo que primero como concejal, después como columnista de El Universal, más tarde como directora de la Fundación Cívica social pro Cartagena -Funcicar – y finalmente como alcaldesa de Cartagena, había mantenido un duro discurso público contra la corrupción, Revista Metro consultó a fuentes cercanas a los indiciados y supo, a grandes rasgos, cuáles serán los argumentos centrales de su defensa.

De acuerdo con lo que se pudo establecer, el criterio general es que Pinedo Flórez tomó la decisión amparada en que la Alcaldía de Cartagena, en el año 1999, declaró baldío el lote en cuestión, mediante Escritura Pública registrada legalmente en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena; y en que el Concejo del momento facultó al Ejecutivo a vender varios baldíos con el fin de captar recursos para inversión social.

Escritura Pública 3570 de 8 de noviembre de 1999, registrada el 7 de diciembre de 1999 en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena.

Este portal profundizó en este caso y tuvo acceso a documentos que prueban que, en efecto, amparado en las normas vigentes en la época, el terreno vendido fue declarado baldío durante el gobierno interino de Eduardo Vizcaíno Zagarra, y la decisión fue oficializada mediante Escritura Pública 3570 de 8 de noviembre de 1999, registrada el 7 de diciembre de 1999 en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena según matrícula inmobiliaria Nº 060 -178207.

Más tarde, el 14 de diciembre de  2006, mediante Acuerdo N° 30 de la fecha, se confirieron facultades a la Alcaldía Mayor de Cartagena para vender varios baldíos, entre ellos el polígono de Las Velas. Una parte de este ya venía siendo ocupada por dicho hotel así como por otro particular: el empresario Juan Diego Useche, quien más tarde sería declarado víctima de la acción gubernamental ya que había instalado un negocio de alquiler de muebles playeros sobre un sector del lote.

Sobre la línea de playa de Bocagrande y El Laguito habría varios lotes ocupados irregularmente por particulares. Foto de Nomascorruptos.

Para los apoderados de la exalcaldesa, esta se amparó en una declaración formal y legal de bien baldío, realizada diez años atrás, sobre la cual nunca hubo ningún tipo de oposición. Además, señalan, se trata de un caso donde no hay dolo, ya que no se ha determinado ningún tipo de detrimento. Se trataba, en últimas, de legalizar un hecho ya cumplido, ya que el lote en litigio y varios otros lotes en la línea de playa de Bocagrande y El Laguito estaban y aún están en manos de particulares.

Para una nota anterior, este reportero dialogó con el abogado Giovanni Torregroza, para quien lo que debe tenerse en cuenta es que el Hotel Dann, antes llamado Las Velas, venía ocupando un terreno en la parte trasera sin pagar absolutamente nada al Estado, no obstante que, según los títulos aportados, dicho lote estaba a nombre de la Alcaldía. Lo que se buscó, dijo, es que los propietarios del inmueble pagaran por el bien y, a partir de allí, cancelaran debidamente los impuestos correspondientes.

Para la misma nota, la exmandataria, tras recalcar que en los respectivos expedientes está claro que durante su gobierno no fue cuando se escrituró el lote a nombre del Distrito, declaró que “si la discusión posterior es si el lote lo determinaron como propiedad del Distrito, no sé quién lo determinó. Si alguien se equivocó, no es responsabilidad de este gobierno”.

La acusación

La síntesis de la denuncia, como se ha dicho, es que en ningún caso las playas pueden ser objeto de compraventas de cualquier especie. Para los acusadores, y al parecer también para la Fiscalía, la prueba reina es que tanto el capitán de Puerto de la fecha de los hechos, Víctor Hurtado, como el posterior director de la autoridad marítima, Juan Francisco Herrera, fueron claros en manifestar que en Colombia es imposible legalmente escriturar una playa, ya que es un bien inalienable, imprescriptible e inembargable.

Además de lo anterior, los denunciantes insisten en que durante la venta del lote hubo otras irregularidades, entre ellas la no convocatoria a una licitación pública y que el avalúo no fue realizado por peritos adscritos a la Lonja de Propiedad Raís de Cartagena o al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como lo exige una norma distrital.

Para los denunciantes, en todo caso, lo importante es que el mar llegaba hasta la piscina del Hotel Dann, sobre el sector de playa en cuestión, y esta es propiedad de todos la ciudadanía y no de nadie en particular.

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