De supuestos torcidos, direccionamientos e inquietudes en Transcaribe

El próximo martes (26 de septiembre), desde las 9 de la mañana, se reunirá la junta directiva de Transcaribe para tomar varias importantes decisiones.

Aunque oficialmente no está contemplado en la agenda de la reunión, de no ocurrir nada extraordinario, en el punto de varios se tocarán aspectos de la etapa final de un proceso licitatorio por más de $2 mil 144 millones que tiene en ascuas al Consorcio Transcaribe (integrado por PYV Ingeniería SAS y Gestión Vial Integral SAS), a la Sociedad Señalizaciones y Construcciones SAS (Señalcon), y a la Unión Temporal Vías Seguras Transcaribe (integrada por Protrafic SAS, Unigecol SA y Javier Bastidas Campaña): los tres únicos oferentes; y a varios ‘veedores ciudadanos’ que, curiosamente, han actuado en las audiencias en defensa de varios de estos.

Asimismo, podrían anunciarse varios cambios en los rostros directivos de la entidad. Hace un mes el gerente del sistema, Humberto Ripoll Durango, les pidió la renuncia a su equipo de colaboradores más cercanos; todos ellos, salvo el jefe de Control Interno, en cargos de libre nombramiento y remoción. Y eso, claro está, tiene expectantes a la directora Administrativa y Financiera, Heidy García Montes; a la secretaria General, Tania Díaz; a la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Ercilia Barrios; al jefe de Control Interno, Álvaro Caraballo; y al director de Planeación e Infraestructura, Dionisio Arango, quienes vienen en la entidad desde hace 14, 13, 10, 8 y 4 años, respectivamente.

De acuerdo con fuentes estrictamente confidenciales, el único que se muestra tranquilo a pesar de la solicitud de renuncia (ordenada, según se dijo, por el alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek), es el director de Operaciones y Recaudo, Freddy Sarmiento, quien fue nombrado por el actual gerente de Transcaribe hace aproximadamente un año. Y quien debería estar más intranquila es Tania Díaz. La razón: según las mismas fuentes, “por orden superior” esta iba (¿o aún va?) a ser reemplazada por la actual asesora externa Laura Herrera Sierra.

E igualmente podría aclararse si fue legal o no que el gerente de Transcaribe adjudicara hace más de un año: el 25 de agosto de 2016, un contrato “para el diseño y elaboración del manual de imagen y señalética del sistema” a la sociedad 3 A Publicidad y Mercadeo SAS a pesar de que el correspondiente comité evaluador recomendó que la firma a contratar fuera otra.

El periodista Humberto Mercado Pérez, tanto en el periódico La Verdad como a través de las redes sociales y otros medios, denunció ayer que “Ripoll sacó las garras en direccionamiento y favorecimiento de contrato de señalización (y) le adjudicó al esposo de su asesora”; que dicha contratación “fue amañada y direccionada (…y) articulada especialmente para favorecer una firma licitante cuyo representante legal tiene nexos familiares estrechos con una alta funcionaria” de Transcaribe; y que “muy a pesar de las observaciones del comité evaluador (…), el gerente (…) de manera extra y con sospechosos argumentos sin piso jurídico se apartó de la evaluación para adjudicar la licitación (…) a la propuesta del valor más bajo pero la más endeble financieramente” (SIC).

De acuerdo con el concepto de Mercado Pérez, es grave no solo que Ripoll Durango se haya apartado del criterio del comité evaluador sino, además, de que el representante legal de la firma a la que se le adjudicó el contrato, Juan Sebastián Salas, sea “esposo o compañero permanente de la señora Laura Herrera, asesora personal del mismo Humberto Ripoll, lo cual constituía en ese momento una clara inhabilidad, además de la mala intención al licitar y ocultar el parentesco…” (SIC).

Según el director de La Verdad, “este medio consultó algunos funcionarios de Transcaribe, quienes afirmaron que 3 A Publicidad y Mercadeo ejecutó el contrató con materiales de mala calidad y poca duración, lo cual podría constituir un claro detrimento a la entidad”.

“Se sabe que alguno contratistas además se han quejado ante Ripoll por las presiones indebidas de la asesora  Laura Herrera, quien aduce tener una estrecha relación de amistad con el alcalde Sergio Londoño”, asegura igualmente el periodista.

Para Mercado, “queda demostrado que el afán de hacer las cosas torcidas y favorecer círculos personales es inocultable”.

“Todo se encuentra ajustado a la Ley”: Ripoll Durango

Con el fin de conocer las respuestas del gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, a las inquietudes del periodista Humberto Mercado, este reportero entrevistó al funcionario en su despacho en la Urbanización Anita, a un costado del Patio Portal del sistema.

“En el proceso que se cuestiona se presentaron tres propuestas: una, por Casa Productora, por la suma de $103 millones 980 mil; otra, por Company Media SAS, por la suma de $92 millones 450 mil; y otra, por 3 A Publicidad y Mercadeo, por la suma de $66 millones 752 mil; y yo como ejecutor del gasto decidí adjudicar el contrato a la de menor precio, con lo cual se ahorraron recursos por más de $40 millones”, señaló Ripoll.

Y a la pregunta de por qué actuó en abierta contradicción con lo conceptuado por el comité evaluador, que recomendó rechazar la propuesta de 3 A Publicidad y Mercadeo por considerarla con precio artificialmente bajo, muy por debajo del presupuesto oficial, que ascendía a la suma de $111.673.246, el gerente de Transcaribe respondió que “en primer lugar, permítame aclararle que es perfectamente legal que el ejecutor del gasto no acoja la recomendación de un comité evaluador si tiene argumentos para hacerlo, y yo los tuve. Lo que decía el comité es que la propuesta económica presentada por el proponente no garantizaba el producto final esperado por el contratante, y dio sus razones para justificar ese concepto, pero en reunión con los representantes del oferentes, una audiencia aclaratoria que se realizó el 2 de agosto del año pasado (en cumplimiento de lo que establece la ley para estos casos), se demostró por parte de estos que sí estaban en capacidad de presentar el producto final esperado, y obtener las ganancias respectivas”.

“Le repito, en mi condición de gerente de la entidad me aparté del concepto del comité evaluador porque consideré que la propuesta había sido justificada y representaba una mejor oferta en términos económicos y de calidad para Transcaribe”, manifestó Ripoll.

“Permítame aclararle algo más”, pidió el funcionario; “y este es otro craso error del denunciante: el contrato que cuestiona no fue para construir ningún objeto físico: unos avisos, o tableros, o algo que se le parezca, o para realizar unas pinturas, lo que según él se hizo con materiales de mala calidad y poca duración, sino para idear un manual de señalética; el producto final es, en consecuencia, un libro o un disco compacto, con todas las directrices para que después sí se construya lo pertinente. En consecuencia, mal puede hablarse de detrimento si fue todo lo contrario; en un detrimento pude haber incurrido, ahí sí, si no hubiera escogido la oferta más barata, siempre y cuando el producto entregado fuera recibido a satisfacción, como en efecto ocurrió”.

Para Ripoll, “debe aclararse, además, que por ese contrato se pagó exactamente lo pactado, es decir no hubo ningún adicional, por lo cual es absurdo hablar de detrimento”.

En respuesta a si, entonces, no era cierto que había sacado las garras para favorecer un contrato de señalización, como se decía en varios medios, el gerente de Transcaribe respondió de inmediato: “como ya le expliqué, no fue un contrato de señalización; eso es un error; y, viéndolo bien, sí, sí saqué las garras, pero para defender el erario. No debe perderse de vista que el principio de selección objetiva establece la obligación de escoger la mejor propuesta bajo criterios objetivos”. “El Decreto 1082 de 2015 dispone que en el caso de que un ordenador del gasto no acoja la recomendación de un comité evaluador debe justificar su decisión, y eso hice yo de manera oportuna”, recalcó.

Con relación al supuesto impedimento del representante legal de 3 A Publicidad y Mercadeo para contratar por tener vínculos civiles con una asesora de Transcaribe, Ripoll fue enfático en decir que “las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos son taxativos, y están claramente establecidos en la Ley. La señora Laura Herrera es asesora externa, es decir lo que tiene es una orden de prestación de servicios, y no tuvo absolutamente nada que ver con el proceso que sospechosamente se cuestiona más de un año después de haberse adjudicado”

Y sobre “las presiones indebidas de la asesora  Laura Herrera” que, según el denunciante, algunos contratistas habían puesto en su conocimiento, Ripoll fue categórico: “eso es rotundamente falso; a mí nadie me ha puesto nunca ninguna queja de ella”.

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