“Un gran reto es la construcción de la paz en el disenso”: Alejandrina Pacheco Peña

Por Francisco Javier Flórez Bolívar *

Teniendo en cuenta los múltiples debates generados en el país por los diálogos que para esos días se adelantaban en La Habana, Cuba, entre voceros del gobierno colombiano y de la entonces guerrilla de las Farc, con el fin de terminar un conflicto de más de cincuenta años, entrevistamos a la docente, abogada, terapeuta popular y magister en Desarrollo Educativo y Social, Alejandrina Pacheco Peña. A partir de su experiencia en la lucha armada y de su posterior participación en un proceso de paz a comienzos de los años noventa del pasado siglo, esta mujer nos ofrece su visión sobre las vicisitudes propias de un proceso como este.

¿Cuándo, cómo y por qué tomó la decisión de abandonar la lucha armada y apostarle a un proceso de paz?

Fue una decisión colectiva en los años 90, considero que la más acertada, en un momento histórico en el que el país clamaba por una Asamblea Nacional Constituyente. Para nosotros fue un logro político importante porque el hecho de llegar a acuerdos no fue fácil; demandaba grandes retos y desafíos que estábamos dispuestos a asumir.

El 1 de marzo del 1991 se firmaron los acuerdos entre el gobierno nacional y el Ejército Popular de Liberación (E.P.L). Después de una negociación de varios puntos, nos empeñamos en plantear una Constituyente como camino y búsqueda hacia la paz, la cual emprendimos en los diálogos con el presidente Belisario Betancur en 1984. Hicimos una tregua e inicialmente se le consideró como una propuesta absurda, porque atentaba contra lo establecido en la antigua Constitución de 1886. Era un atentado en contra del Estado. Sin embargo la gente de las bases clamaba por el cambio, y ello se expresaba en las concentraciones, manifestaciones, conferencias y foros realizados en múltiples ciudades.

Nuestro planteamiento era que la manera de solucionar el conflicto armado en ese momento, era convocar una Asamblea Nacional Constituyente, a través de elección popular directa, para conseguir una nueva Constitución Política que ofreciera garantías democráticas y derechos efectivos, y que otorgara un lugar a  las reformas políticas y sociales requeridas para la paz. Entre 1990 y 1991 se dan los diálogos y acuerdos con el M-19 que, de igual forma, pedían la participaron de algunos de sus miembros en la Asamblea Nacional Constituyente. Con la presión del movimiento estudiantil por la Séptima Papeleta y la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Cesar Gaviria se vio obligado a convocar a la Constituyente y posteriormente se vio el nacimiento de una nueva Constitución Política con el aporte de  diversos sectores. Para nosotros este hecho fue significativo, marcó un hito. Por primera vez en la historia política de Colombia concurrieron todos los sectores económicos, políticos, sociales y culturales, presentando propuestas y discutiendo alrededor de mesas de trabajo. Participaron activamente, y con resultados electorales positivos, fuerzas políticas alternativas al bipartidismo. Se destacaron y visibilizaron los movimientos indígenas, afrodescendientes, movimientos de mujeres, religiosos, comunales y cívicos, estudiantes, intelectuales y obviamente los exguerrilleros. De nuestro movimiento participaron cuatro miembros, los cuales hicieron valiosos aportes en las diferentes comisiones.

Considero que la construcción de la paz costó muchas vidas, asesinatos, desapariciones y todo un proceso de luchas sociales que la historia no ha contado con objetividad; fueron unos antecedentes históricos que generaron circunstancias para que el país tuviera otras condiciones, lo que fue opacado y frenado por el proyecto paramilitar.

En los últimos años usted se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos. Descríbanos cómo fue esa transformación de mujer vinculada a un actor armado a lideresa dedicada a hacer valer la dignidad y los derechos de las víctimas de la violencia en Colombia.

Mi convicción y apuesta ética, política y jurídica a nivel personal y como organización es que en nuestro país existan condiciones de igualdad, inclusión, oportunidad, justicia y equidad en donde la dignidad del ser humano se respete y el Estado garantice el goce efectivo de los derechos de hombres y mujeres. Así lo afirma la nueva Constitución Política cuando plantea que Colombia es un Estado Social de Derecho, desarrolla también el concepto de principios de los derechos humanos colectivos. El hecho de hacer parte de un proceso de reinserción en donde convergen diferentes actores en una sociedad con diversas problemáticas estructurales no resueltas, es todo un desafío porque nos vemos vulnerados en nuestros espacios privados y públicos.

Nosotros pactamos unos acuerdos y en el marco de estos actuamos, cumplimos y aportamos a la construcción de paz. Dentro de estos puedo mencionar: la representación en la Asamblea Nacional Constituyente, la promoción del proceso de paz, la promoción del proyecto político, la participación ciudadana y promoción de los derechos como aportes a la convivencia pacífica, la ejecución de proyectos comunitarios en las zonas donde se tenía influencias, entre otros. Sin embargo, somos parte de un conglomerado social que padece la extralimitación u omisión de un Estado que no garantiza los Derechos Humanos, con el agravante que continúa el conflicto en sus diversas expresiones. Es así como hacemos parte de diferentes instancias de la sociedad civil desde donde se re significan acciones y re reorientan prácticas diarias en la búsqueda de la paz como opción de vida digna.

En Colombia liderar procesos en defensas de los derechos humanos es entrar en un mundo donde las estigmatizaciones y las amenazas están a la orden del día. ¿Qué opinión le merece esta situación de vulnerabilidad en que se encuentran los defensores de derechos humanos en nuestro país y cómo ha sido su experiencia en este nada tranquilo contexto?

Considero que hay que saber liderar, orientar y desarrollar un trabajo por procesos en donde las comunidades, las organizaciones con sus líderes y lideresas se apropien y actúen como sujetos de derechos, con acciones legales, y el debido uso de las herramientas y mecanismos jurídicos constitucionales en los escenarios apropiados. Es importante no colocarlas en riesgos, es decir cuando se ejerce un acompañamiento integral lo importante es tener en cuenta el enfoque de acción sin daño, potenciar los recursos y factores protectores con los que cuentan las organizaciones y  comunidades. Realizar trabajos en alianzas y hacer parte de las plataformas de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional.

Somos conscientes de los riesgos que se corren en la exigibilidad jurídica. Un aspecto fundamental es saber leer el contexto local, regional y nacional, para tomar decisiones y aplicar estrategias de protección. Se deben tomar medidas preventivas, exigir el acompañamiento del Ministerio Público y visibilizar los hechos ante el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Es importante trazar una ruta de atención a casos y activar el sistema de protección como dispositivo efectivo, y en caso de requerirlos pedir acompañamiento internacional.

En su labor diaria usted ha compartido con numerosas víctimas de desplazamiento forzado y de la violencia en Colombia. ¿Cuáles son las experiencias más traumáticas de las cuales las víctimas hablan y qué tipo de respuestas y soluciones exigen a las instituciones nacionales?

Con la expedición de la Ley de Víctimas y restitución de tierras, el Estado y la sociedad colombiana han dado un paso trascendental en el reconocimiento de las secuelas del prolongado conflicto armado y la necesidad urgente de trazar políticas publicas orientadas a garantizar el goce de los derechos de las diferentes víctimas. Existen múltiples casos emblemáticos, de afectaciones directas e indirectas; es decir, diversos hechos victimizantes, y de experiencias difíciles, así como duelos no superados, miedos y violaciones sistemáticas, para lo cual orientamos en la ruta de gestión ante las entidades del Estado en el marco de la ley 387 y actualmente desde la ley 1448.

Los impactos individuales se manifiestan en las afectaciones de la salud mental con emociones como rabia, miedo, ira, desconfianza, desesperanza, aislamiento, entre otras. A nivel familiar hay cambios en los papeles en las familias, desarticulación familiar, violencia intrafamiliar y cambio de parejas y el impacto comunitario es desintegración de las organizaciones y movimientos sociales, estigmatizaciones, asesinatos, desapariciones, masacres, desplazamiento, despojo y amenazas; pero también pérdidas de bienes materiales y de los elementos culturales como los platos típicos, música, bailes, practicas gastronómicas y fiestas religiosas, relaciones de fraternidad y solidaridad. Todos estos son aspectos que no se han visibilizado.

En la implementación de la Ley de Víctimas en los territorios hay unos riesgos inminentes que tienen los líderes y lideresas representantes de organizaciones de las víctimas y las organizaciones defensoras de estas; para lo cual demandan las garantías necesarias para implementar el protocolo de participación, mesas municipales y departamentales y comités de justicia transicional. Las víctimas manifiestan los diferentes tipos de despojos a que se vieron sometidos y la revictimización que enfrentan en la ruta de la restitución; especialmente los impactos sufridos por las mujeres, los niños, niñas y adolescentes. De igual manera, piden la atención psicosocial, que es un aspecto indispensable en el proceso de reparación integral en la medida que el proceso psico-jurídico facilita el restablecimiento de sus derechos de manera integral

¿Qué piensa del actual proceso de paz que el gobierno en cabeza de Juan Manuel Santos adelanta con las Farc?

El proceso de negociación que se viene dando entre el gobierno nacional con la guerrilla de las Farc, es una apuesta prioritaria en este país paraterminar con un conflicto armado demás de 50 años. Considero que se requiere de apoyo colectivo de las organizaciones de la sociedad civil en sus diferentes expresiones; de la confianza de la nación colombiana y del acompañamiento de la comunidad internacional como garante. Desde mi punto de vista un proceso de paz es una negociación política y jurídica que implica tensiones e intereses de poderes y ceder en aspectos que se tratarán básicamente en la justicia transicional. Es importante anotar que el reconocimiento que hace el gobierno del conflicto interno colombiano brinda a las Farc una posición política que le permitirá acceder a los beneficios políticos, jurídicos y sociales que se deriven y que trasciendan la firma de los acuerdos, la desmovilización y la reintegración.

Desde su experiencia, ¿qué  posibilidades y riesgos visualiza  en torno al dialogo que se viene realizando desde La Habana?; y, ¿cuál cree usted son los múltiples retos que supone el postconflicto para el gobierno y la sociedad colombiana en general?

Es un momento histórico que tiene unas condiciones especiales para hacer este tipo de acuerdos; las crisis humanitarias a la que está avocado el país no dan más espera. Hay interés y voluntad política del presidente Juan Manuel Santos, elemento clave para que se dé una negociación. El Estado en alianza con la sociedad civil debe garantizar el éxito de esta negociación y superar los  obstáculos inherentes a este tipo de proceso. Para generar un ambiente favorable a la negociación es indispensable que los medios de comunicación tengan un discurso pedagógico y una motivación permanente hacia la ciudadanía en torno a la paz y las negociaciones en La Habana.

Es importante la representación y participación de sectores fundamentales del país: gremios económicos, asesores de paz, organizaciones de mujeres, personas y organizaciones que provengan de acuerdos de paz, que por su experiencia le pueden hacer importantes aportes a estos procesos aunque sean diferentes momentos. El avance de cualquier proceso de negociación es la medida de la verdad, la justicia y la reparación. Si se deja de lado alguno de ellos, es difícil el avance. La firma de un tratado de paz con las Farc no representa el fin del conflicto ni la ausencia de violencia. Para ello hay que hacer cambios estructurales inclusive en los temas planteados en la agenda de negociación.

En los procesos de reincorporación y reinserción, es fundamental que el Gobierno nacional tenga en cuenta a los municipios, departamentos y la articulación e implementación de los programas y las políticas públicas acordes a sus especificidades. Un proceso de paz que desconozca la realidad política, social y económica de las regiones y la lógica particular del conflicto, estaría excluyendo actores e intereses, y dejaría de lado las soluciones particulares que deben formularse para resolver el conflicto de acuerdo al origen del territorio. Y el proceso de paz no puede convertirse en una estrategia política del presidente Santos para aumentar su favorabilidad en un proceso electoral. Por ello, un gran reto es la construcción de la paz en el disenso. No es nada fácil pero es posible.

* Historiador de la Universidad de Cartagena, con Maestría en Historia, Graduate Certicate in Latin American Studies y PH. D en Historia de la Universidad de Pittsburgh.

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