Para el juez José Luis Robles, la elección de la contralora se dio tras “un pacto criminal”

De acuerdo con el concepto del juez Cuarto de Control de Garantías, José Luis Robles Tolosa, los audios presentados por la fiscal 53 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Liliana Velázquez Trespalacios, permiten inferir razonablemente que la elección de la abogada Nubia Fontalvo Hernández como contralora de Cartagena se llevó a cabo gracias a un ‘pacto criminal’ del cual habrían participado -al menos – el alcalde Manolo Duque Vásquez, su primo José Julián Vásquez Buelvas, el concejal Jorge Useche Correa y la propia beneficiada: la titular del ente de control fiscal del Distrito.

Como consecuencia de esa inferencia, los tres funcionarios y el particular que, según los señalamientos de la Fiscalía, ejerció en la práctica funciones públicas, deben ser cobijados preventivamente con detención intramural, con lo cual le dio la razón a la fiscal del caso y desestimó de plano los argumentos de la defensa.

Y por ello, el togado ordenó que al alcalde Duque Vásquez y al concejal Useche Correa los trasladen a la cárcel de Sabanalarga, Atlántico, al pabellón de funcionarios públicos; a la contralora Fontalvo Hernández a la cárcel de mujeres de San Diego; y a Vásquez Buelvas a la cárcel de San Sebastián de Ternera.

Para el juez Robles, la solicitud de medida de aseguramiento con detención intramural realizada por la fiscal Velázquez se ajustó en todas sus partes a establecido por la Ley Penal, ya que en esencia es una medida preventiva que tiene como propósito evitar que mientras se surte el proceso los imputados “alteren, desaparezcan, dañen o modifiquen elementos probatorios”.

En una extensa intervención, durante la cual justificó las razones por las cuales tomaba la decisión de privar de la libertad a los cuatro imputados, Robles Tolosa “sorprendió a los asistentes con al menos dos argumentos con los cuales no se contaba”, según admitió una fuente que pidió reserva de su nombre, “y fue, por un lado, que muchos se iban por el tema de las pruebas que supuestamente no eran contundentes, y él dejó claro que de lo que se trataba era de tener o no la inferencia razonable de que hubo un concierto para delinquir, y él sí la tuvo; y por el otro que, al margen de que se pueda o no probar que lo de los ‘tres libros y medio” era plata, para él lo importante es que se infería que eran dádivas, lo cual, para el caso, era igual de grave”.

Al término de la audiencia, los apoderados de los imputados: Juan Carlos Cabarcas, de Duque y de Vásquez; Hernando Osorio, de Useche; y William Castaño, de Fontalvo, anunciaron que en el término de la distancia presentarán los recursos de ley.

Al conocerse la decisión del juez de control de garantías, decenas de seguidores de Manolo Duque, apostados en las afueras del complejo judicial de la Judicatura, elevaron su voz de protesta, aseguraron que Manolo es inocente y reclamaron que, en todo caso, se midiera con la misma vara todos los actos que la Fiscalía investiga.

Desde el instante mismo en que se difundió a través de las redes sociales la noticia de que los cuatro imputados permanecerían privados de la libertad, en diferentes escenarios comenzó a debatirse sobre la conveniencia de que Manolo Duque renuncie o no con el fin de que se abra paso una elección que permita -al menos en teoría – que sea la ciudadanía en general y no unos cuantos dirigentes políticos los que decidan quién debe regir los destinos de la Ciudad Heroica.

Lo (primero) que se viene

Lo primero que se viene, como se dijo, es la utilización de los recursos de ley por parte de los abogados de los imputados, y este recurso será, de acuerdo con lo informado a varios medios, el de apelación, la cual se presentará ante el superior jerárquico de Robles: un juez Penal del Circuito.

En todo caso, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, los argumentos de cada apelación (la de los penalistas Cabarcas, Osorio y Castaño) deberían ser escuchados por Robles, pero este salió ayer viernes de vacaciones, por lo que deberá esperarse que se posesione quien lo reemplazará mientras dure su ausencia.

Teniendo en cuenta que el juez Penal del Circuito que conozca de la apelación deberá escuchar la mayor parte de los audios presentados por la Fiscalía, se calcula que se tomará un tiempo para decidir no inferior a dos meses. Durante ese tiempo, los cuatro imputados deberán permanecer en sus respectivos sitios de reclusión.

De fondo -sin embargo – lo que se viene es la respuesta jurídica a las imputaciones de la fiscal 53 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Liliana Velázquez Trespalacios. Como se sabe, al alcalde Manolo Duque y su primo José Julián Vásquez la fiscal los acusa de los supuestos punibles de concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público y cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo sucesivo. A la contralora Nubia Fontalvo la sindica de concierto para delinquir y cohecho. Y al concejal Jorge Useche le imputa los presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y asociación para la comisión de un delito contra la Administración Pública.

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