Procuraduría deberá indagar por supuestas irregularidades en Plan de Revitalización

(Archivo Revista Metro )

Ante la serie de críticas realizadas por la ciudadanía a los pésimos acabados de las obras que se ejecutan en la Plaza de La Aduana, la Plazoleta de Telecom y el Parque del Centenario -las cuales saltan a la vista – y ante las presuntas violaciones a las normas que buscan preservar el patrimonio histórico denunciadas por varios arquitectos, el dirigente político Reynaldo Tovar Carrasquilla asegura que “eso es lo menos grave, porque sobre esos elementos puede haber distintos criterios, en cambio las irregularidades cometidas en las etapas precontractuales y contractuales del Plan de Revitalización del Centro Histórico están allí, de bulto, y sobre ellas no creo que pueda haber discusión” (leer ‘”Plan  de  revitalización  del  Centro  Histórico, plagado  de  irregularidades”:  Reynaldo  Tovar’).

Continuando su narración “cronológica” – según dijo – “para que se entienda de mejor manera”, el exacandidato al Concejo y exaspirante a la alcaldía Local Número Uno indicó que “el 27 de febrero de 2010, mediante un acta, se suspendió la ejecución del contrato, según se dijo por la necesidad de concertar las acciones en materia cultural, social y urbanísticas del Plan de Revitalización, especialmente en Getsemaní, en aras de garantizar un mayor impacto para este componente en la mencionada zona”.

Para Tovar, “la fundamentación fáctica para la ampliación en tiempo y en dinero de la OPS, precisamente por los impactos y los trabajos realizados en Getsemaní, se caen por su propio peso ya que nos encontremos que tan solo el 9 de Agosto de 2010 el arquitecto se dirigió a la Junta de Acción Comunal de ese barrio, para explicarle los alcances del proyecto”.

“En este punto es buen aclarar algo”, acotó el denunciante, “y es que el mencionado contrato por casi $515 millones iniciales no es para construir nada, ni siquiera para diseñar nada, ya que las obras y los diseños fueron contratados por aparte”.

Por ejemplo, en el caso de los diseños -señaló – “el 9 de octubre de 2009 la doctora Vivian Eljaiek, como secretaria General, firma un convenio interadministrativo con la Universidad de Cartagena, para la consultoría en la elaboración de los estudios técnicos para la ejecución de las obras contempladas en proyecto de revitalización, elaboradas por la Cámara de Comercio y el BID, por valor de $460 millones, con una duración de un mes”.

“Según las obligaciones de la Universidad”, sigue narrando Tovar, “se deben realizar investigaciones históricas sobre la evolución del sector, levantamientos topográficos, proyectos estructurales, hidráulicos, sanitarios y drenajes de aguas lluvias, instalaciones eléctricas, iluminación, ventilación mecánica y estudios de casos, y establece -además – que dichos estudios correspondientes a las obras de la Plaza de la Aduana, Puerto Duro, Parque de la Marina, Eje peatonal Torre del Reloj – Puerto Duro, Paseo peatonal perimetral a la muralla, Plazoleta Telecom y Plazoleta de la Olímpica”.

“En dicho convenio se indica expresamente que la Secretaría General del Distrito elaboró los estudios previos esa contratación”, asegura el quejoso, “lo que causa inquietud, ya que en la OPS firmada el 2 de septiembre de 2009 -por $514 millones 880 mil – una de las principales funciones que debía realizarse era de la asesoría en la elaboración de estudios previos a las contrataciones inherentes a la revitalización del centro histórico, lo que prueba que la administración sí contaba con personal para la realización de ese tipo de estudios”.

Otro hecho que llama la atención y que según Tovar “constituiría otra violación a las normas sobre contratación, es que el convenio interadministrativo, que fue firmado por la secretaria General, establece que la interventoría la ejercerá la misma Secretaría General”.

Para Tovar, el contrato “denota una total falta de planeación, ya que presentó tres modificatorios en el plazo y una suspensión desde el 18 de diciembre de 2009 hasta el 8 de octubre del 2010; es decir, se firmó para ser ejecutado en un mes y duró más de un año”.

“Continuando con el relato cronológico” – recordó – “en agosto de 2010 se suscribe otro contrato, en esta oportunidad con Alberto Samudio Trallero como persona natural, ahora por $20 millones durante dos meses, quedando establecidos honorarios mensuales de $10 millones para hacer exactamente lo mismo que establecía el contrato de anterior, suscrito con Alberto Samudio Trallero pero como persona jurídica, por valor inicial de $514 millones 880 mil con un plazo de cuatro meses”. Según Tovar, ni la Administración ni la Alcaldía, “a pesar de varios derechos de petición que he presentado, han podido explicar esa singular situación”.

“En octubre de 2010” -prosiguió – “otra vez la secretaria General suscribe una OPS con Alberto Samudio Trallero EU, esta vez por $70 millones y una plazo de 4 meses, para hacer exactamente lo mismo que establecía el contrato inicial por valor de $514 millones 880 mil con un plazo igual de cuatro meses, y exactamente lo mismo que establecía el contrato suscrito después Alberto Samudio Trallero como persona natural por $20 millones por espacio de dos meses”.

“Pero si lo anterior no fuera de por sí escandaloso” – manifestó Tovar, riendo – “y, sí, hasta risible, sino fuera porque estamos hablando de mucha plata que debió invertirse mejor en proyectos sociales, en febrero de 2011 se suscribe otra OPS, esta vez con la persona natural de Alberto Samudio Trallero, por valor de $110 millones por espacio de 11 meses, para hacer exactamente lo mismo que los contratos anteriores”.

Según sugiere el dirigente político en su queja, “antes del 2011 se había contratado a través de OPS con Alberto Samudio persona jurídica y natural la suma de $862 millones 320 mil para hacer funciones y obligaciones idénticas que no se realizaron”; para esas fechas, de acuerdo con sus investigaciones, “solo se efectuó el proceso licitatorio de Puerto Duro y unos supuestos trabajos sociales”.

“Ese juego, el de asignar honorarios mensuales diferentes en los contratos realizados con la misma persona jurídica, y además asignar honorarios mensuales diferentes a la misma persona natural, que a su vez es el dueño de la persona jurídica, evidencia un gran detrimento fiscal, ya que la contratación total de las OPS para hacer lo mismo está en el orden de los mil millones”, puntualizó Tovar.

Para Tovar, la Procuraduría deberá determinar “qué tan grave es que, además de Samudio, aparezca otro arquitecto, Carlos Pérez Royo, trabajando en empresa unipersonal y después contratando directamente con la Alcaldía para desarrollar -exactamente – las mismas funciones.

Según él, la prueba de que fue contratado para realizar los mismos trabajos se encuentran “en el informe 01 del 27 de febrero de 2011, de la OPS 87 del febrero del mismo año, por valor de $66 millones, en el cual el Pérez Royo entrega detalles de las labores realizadas, que resultaron ser exactamente las mismas que debía haber realizado Alberto Samudio Trallero EU desde el 2009 hasta 2010, lo que deja ver un claro favorecimiento a este último contratista, a quien -en últimas – lo que hicieron fue pagarle por labores no efectuadas o por trabajos que, cuando fueron desarrollados por otros, costaban infinitamente menos”.

“Yo le agradezco” -dijo Tovar, dirigiéndose al periodista – “que quede claro que no se trata de nada personal, pero sí da rabia que se hable de honestidad y transparencia cuando, en este caso, me han negado sistemáticamente información, y lo que es evidente es que se feriaron fuertes sumas en labores que están en entredicho”.

“Y debe quedar claro también que esas plata entregada tanto a la persona jurídica, a la natural y a varios de quienes aparecen como sus trabajadores, no fue para diseños, que como dije fueron contratados por la Universidad de Cartagena, ni para las distintas obras, que también fueron contratadas por aparte”.

“Y fíjese” -continuó – “que se trata de sumas millonarias que no se compadecen con los trabajos realizados (Ver Relación de Pagos); y a eso súmele lo que ya le dije: que cometiendo un grave delito, no hicieron los aportes con base en las sumas reales percibidas sino, mintiendo de manera grave y dolosa, con base en el salario mínimo. Eso ya es un tema penal, y ahora entiendo es por qué ni los contratistas ni la secretaria General quisieron nunca respondernos y tuvimos que acudir a una Acción de Tutela primero y a un Incidente de Desacato después para que pudieran entregarnos esa información” (Ver Apartes de Incidente de Desacato).

Según Tovar, la remodelación del Parque del Centenario tuvo un costo inicial de $5.597 millones, y el contratista es el consorcio Parque del Centenario Cartagena; las obras de la Plaza de la Aduana ascienden a $2.917 millones, y fueron contratadas con Consorcio Plaza de la Aduana Cartagena; y la remodelación de las plazoletas Joe Arroyo (antigua Olímpica) y Benkos Biohó (antigua Telecom), fueron adjudicadas por $6.969 millones al consorcio Parques y Avenidas Cartagena.

“De todo esto, lo único bueno es que el alcalde Campo Elías Terán, con muy buen tino, supuró la vena rota y no ha autorizado nuevas OPS. Aunque también debe decirse que es positivo” -concluyó – “que cualquiera que lea con atención los documentos que aporto como prueba tiene que reconocer que teníamos razón quienes, en todo momento, dijimos que la transparencia durante el gobierno anterior fue más discurso que realidad”.

 

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