Propietarios de la Casa Morales le ganan viejo pleito a los dueños de la Casa Barbur

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena resolvió a favor de los propietarios de la Casa Morales (y en contra de los dueños de la Casa Barbur o Villa Ana María , donde hoy funciona el Banco agrario, en la Calle Larga), un incidente de desacato por el incumplimiento de una sentencia judicial; les impuso una millonaria multa a a estos últimos: las compañías Inversiones Amín Bajaire (hoy Braniun S.A.S.) y Promotora Amín Bajaire S. en C.; y los conmina a acatar en el término de la distancia el fallo incumplido.

En su sentencia, suscrita por el juez Hernán Darío Guzmán Morales, se dispone informar de la existencia de la acción popular y de los resultados de la misma “a la Gerencia del Centro Histórico del Distrito de Cartagena, con el objeto de que estudie su contenido y adopte las decisiones que en el marco de sus competencias contribuyan al cabal cumplimiento de la decisión judicial contenida en la sentencia de 1 de marzo de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar”; y convocar al comité de verificación “del cumplimiento del fallo de la acción popular” con el fin de que propicie el cumplimiento de las decisiones adoptadas.

Los miembros de este comité son el accionante de la acción popular: Juan Vicente Villarroya López, apoderado de los propietarios de la Casa Morales; los representantes legales de las compañías accionadas: Inversiones Amín Bajaire (hoy Braniun S.A.S.) y Promotora Amín Bajaire; la Curaduría Urbana No. 2; y un delegado de la Alcaldía de Cartagena, la Dirección Administrativa de Control Urbano, la Personería de Cartagena y la Defensoría del Pueblo.

Y se determinó -asimismo – “compulsar copias de la actuación incidental a la Procuraduría Provincial de Cartagena, a fin de que se investigue la conducta disciplinaria de las autoridades del IPCC (Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena)”.

En concepto del juez, se requiere que el Ministerio Público investigue “si la conducta de los servidores del IPCC” en cumplimiento de lo dispuesto en el fallo de tutela “es constitutiva de falta disciplinaria por el incumplimiento de sus deberes funcionales y la desatención a las órdenes que le fueron impuestas en la sentencia”.

Para el togado, del estudio de las pruebas practicadas y las respuestas de los accionados dejan claro que “el desacato de las órdenes dadas en el fallo no solo fue producto de un obrar consciente de las sociedades accionadas, sino que el mismo se produjo con actitud omisa y poco diligente de las autoridades del IPCC, en el cumplimiento de la sórdenes que profirió el Tribunal, pues en lugar de actuar con presteza a efectuar las labores de asesoría técnica a las aludidas empresas para que estas adelantaran las obras conforme fue determinado en el fallo, de la forma más idónea posible, dejaron pasar más de tres años sin actuación alguna”.

La sentencia incumplida (proferida, como ya se dijo, el 1 de marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, también a favor de los propietarios de la Casa Morales), tras establecer que los propietarios de la Casa Barbur sí habían incumplido una serie de disposiciones urbanísticas, dispuso que las mismas fueran corregidas.

Una vieja historia

Por los trabajos realizados en la Casa Barbur, varios ventanales de la Casa Morales quedaron literamente clausurados.

El pleito ‘propietarios de la Casa Morales Vs. dueños de la Casa Barbur’ es una vieja historia: se remonta a 2006, varios inversionistas dieron inicio a unas obras en esta última edificación con la intención, según se supo, de alquilarla al Estado para el funcionamiento del Banco Agrario.

Tras evidenciarse que que las obras violaban notoria y protuberantemente normas urbanísticas y de conservación del patrimonio cultural e histórico de Cartagena, que afectaban directamente a la Casa Morales, los abogados de los propietarios de esta instauraron una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Bolívar con el fin de que se “amparara y protegiera los derechos o intereses colectivos del patrimonio público y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos” que respeten las disposiciones jurídicas.

Inicialmente, ante la contundencia de las pruebas presentadas, el Tribunal, mediante auto del 17 de abril de 2006, decretó como medidas cautelares la intervención y la suspensión de las obras, pero las obras continuaron ejecutándose causando daños a los vecinos y, en general, al invaluable patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Para esas fechas, Revista Metro pudo establecer que los funcionarios del Distrito que avalaron la demolición de invaluables bienes históricos y culturales, permitiendo la construcción de obras nuevas, se ampararon en que, para ellos, el Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena “no incluye dicho bien como uno de los que tienen el tratamiento de conservación arquitectónica”.

Para el Ministerio de Cultura, sin embargo, y así lo expresa un concepto de la época, “en el evento de que un inmueble declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional no hubiese sido considerado en el POT de Cartagena como de conservación arquitectónica, el inmueble señalado no perdería su condición de Bien de Interés Cultural de Interés Nacional -BICN. Por lo tanto, el Distrito debería ajustar el POT en este sentido”.

Por considerar que, además de las acciones administrativas, los hechos acaecidos ameritaban la intervención -también – de la Fiscalía, los propietarios de la Casa Morales instauraron la correspondiente denuncia penal. Este proceso, de acuerdo con lo que este portal pudo establecer, cursa en la Fiscalía 16 Seccional bajo el Radicado No. 197960. Entretanto, en el Tribunal Administrativo de Bolívar el expediente reposa bajo el Radicado No. 03-2006-0404-00.

“Nuestros jueces no comen cuento de influencias”: Murra

Consultado sobre el fallo del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena que ratifica lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que les da la razón a los propietarios de la Casa Morales, el dirigente gremial William Murra Babún manifestó que “es otra muestra de que nuestros jueces no comen del cuento de las influencias o amistades políticas que puedan tener los violadores de normas de construcción en el Centro Histórico, ni del padrinazgo político de los hampones que aún pululan en algunas dependencias del IPCC que tanto daño le han hecho al Patrimonio Histórico y Cultural  de la ciudad con sus trampas, avaladas por abogaditos hambrientos y arquitectos que entraron sin ropa a trabajar y hoy son potentados ciudadanos”.

Murra Babún, a la sazón presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros capítulo Bolívar -Aciembol, lideró la defensa de los intereses de los propietarios de la Casa Morales, ya que entre estos, como le reveló en su momento a Revista Metro, figuran algunos familiares suyos residentes en Bogotá.

Contexto:

– Denuncian (otra) supuesta apropiación ilegal de un terreno en La Boquilla

– Comunidad de San Francisco exige que se cumpla fallo de Acción Popular

– La comunidad y el Concejo ratifican rechazo a construcción de marinas en Manga y Bocala

– Comunidad de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito rechazan construcción de edificio de 35 pisos al lado de la Base Naval

– Comunidad de Crespo y barrios circunvecinos piden que las obras sean revisadas

– Comunidad de Crespo y barrios circunvecinos rechazan terraplenes en Marbella

 

1 Comment

  1. Petronila ponte dice:

    Felicitaciones al Jurista Villarroya

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