Dirigentes gremiales piden a Londoño que reconsidere el primero de sus nombramientos

 
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El 5 de octubre de 2016, el Ministerio de Comercio, Industrial y Turismo, por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC, sancionó en segunda y definitiva instancia a la jefe de Control Interno de la Alcaldía de Cartagena, Verónica Gutiérrez de Piñeres Morales, por no colaborar en un requerimiento hecho en el marco de una inspección realizada por la entidad a la Secretaría de Infraestructura del Distrito, durante la cual un servidor público adscrito a esta dependencia se negó a entregar la información que reposaba en un computador aduciendo que era de su propiedad (leer ‘Resolución 66636 de 2016’).

El caso de la negativa de un contratista a suministrar información sobre los asuntos que la SIC indagaba en la Secretaría de Infraestructura del Distrito fue reseñado con lujo de detalles por un medio nacional: la W-Radio, y fue objeto de comentarios de toda naturaleza en los corrillos locales (oír audio ‘Por negligencia de Alcaldía de Cartagena, no se realizó inspección de la SIC).

Para varios dirigentes gremiales, cívicos y comunitarios, sin embargo, los hechos iban mucho más allá de la mera anécdota de un abogado corriendo, con un computador portátil entre sus brazos, para evitar que los sabuesos de la SIC tuvieran acceso a una información que -según él – era de su exclusiva propiedad.

Para quienes estaban complacidos porque -por fin – una entidad estatal hubiera decidido investigar la serie de presuntas irregularidades denunciadas tanto en los procesos contractuales como en la ejecución de numerosas obras durante la Administración de Dionisio Vélez Trujillo, la mayoría de ellas bajo la dirección de la Secretaría de Infraestructura del Distrito, la “obstrucción a la visita administrativa llevada a cabo el 26 de mayo de 2015”, como se señala en el auto proferido, resultaba un duro golpe a sus pretensiones. Muchos de ellos, como se recordará, venían denunciando que en el Gobierno de Vélez, particularmente en el Despacho a cargo de Mario Ramos Juliao, venían realizándose adjudicaciones supuestamente amañadas (leer ‘El malestar de la SIC tras inspección en la Alcaldía).

De acuerdo con lo que en su momento se pudo establecer, la inspección de la SIC, en concreto, buscaba determinar la presunta violación a la Ley de Libre Competencia, ya que los esfuerzos de los ingenieros constructores locales por participar en los procesos licitatorios se estrellaban con los presuntos amañamientos denunciados, como lo denunciaron en reiteradas ocasiones varios gremios locales y nacionales (leer ‘Cogen vuelo denuncias de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar y de la Cámara Colombiana de Infraestructura’).

La sanción proferida hace 10 meses contra la jefe de Control Interno de la Alcaldía, Verónica Gutiérrez de Piñeres, no fue conocida -que se sepa – por ningún particular en Cartagena. Y de la obstrucción a una diligencia oficial por parte de unos servidores públicos hace más de dos años ya pocos se acordaban.

Ambos hechos, sin embargo, salieran a relucir ayer jueves 10 de agosto luego de que Revista Metro informara que, mediante Decreto No. 1011 del 3 de agosto de 2017, el alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, había nombrado al abogado Jorgly José Torres Ramos como nuevo director de la Unidad Asesora de Contratación de la Alcaldía.

Y ello -justamente – porque quien como principal misión tendrá la coordinación de los procesos contractuales más complejos y de mayor monto de la Alcaldía; quien a partir de su posesión tendrá la salvaguarda de las ofertas de centenares de oferentes deseosos de que al menos la Administración les permita competir en igualdad de condiciones, sin cartas marcadas; y quien -en fin – debería ser un profesional que genere absoluta confianza, para lo cual sobre sus actuaciones no debe haber ningún tipo de duda ni cuestionamiento, será el mismo abogado que, según informó la W-Radio y fue reproducido por otros medios de comunicación, “se habría negado a entregar detalles como la contratación realizada por esta Secretaría, las hojas de vida de los funcionarios que ahí laboraban y los datos recopilados en el computador”, obstruyendo la labor de la SIC.

Este hecho prendió las alarmas en varios círculos locales, entre ellos la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar -Siabol, para cuyo presidente, el ingeniero Jorge Mendoza Diago, “es alarmante que al frente nada menos que de la Unidad Asesora de Contratación del Distrito se haya puesto a un funcionario que estuvo envuelto, como es de conocimiento público, en un escándalo nacional relacionado con los casos que más han causado escozor en los últimos años en Cartagena: la contratación de las obras financiadas por el empréstito de los $250 mil millones durante el gobierno de Dionisio Vélez para vías, escuelas y puestos de salud que no se han podido terminar, o se terminaron y ya están deterioradas, además del pago ilegal de una comisión de éxito para conseguir un crédito que ya estaba garantizado, unos asuntos que vienen siendo investigados por todos los organismos de control”.

Para el dirigente gremial preocupa que una persona con esos antecedentes “haya sido ahora nombrado jefe de una dependencia tan clave y proclive a las indelicadezas como es la Unidad Asesora de Contratación”.

A la voz de rechazo de Mendoza Diago se sumó la de William Murra Babún, miembro de la Asociación de Ingenieros de Colombia -Aciem, para quien “desde hace ocho años la Unidad de Contratación es un nido de ratas que ha maltratado a la Ingeniería local, pero la situación empeoró en los años 2014, 2015, 2016 y algo del 2017. Los gremios de la Ingeniería, como la Siab, Aciembol y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, lograron que la SIC practicara una visita en el 2015 a varias dependencias distritales para investigar las quejas, y en ese entonces el señor Torres Ramos era el brazo derecho en la Jurídica de la Secretaria de Infraestructura que estaba en contubernio con la oficina de contratación, y durante la visita salió corriendo con un PC para que no lo revisaran los auditores”.

En concepto de Murra, “es una ofensa a la Ingeniería que ese señor ahora maneje la Oficina de Contratación; estoy seguro que a Sergio (Londoño, el alcalde encargado) lo engañaron recomendándole a quien trabajó en asuntos de contratación en la época más corrupta que haya tenido la contratación en la ciudad”, por lo cual debe rectificar el error cometido.

Otra dirigente gremial: Mónica Fadul Rosa, vocera de la Federación Nacional de Comerciantes -Fenalco – capítulo Bolívar, también se pronunció tras el anuncio del nombramiento de varios funcionarios y las reacciones generadas por el caso de Torres Ramos, pero lo hizo en términos generales, recordando que “el alcalde Londoño tiene el deber y la necesidad de restablecer la gobernabilidad y el derecho de hacerse acompañar de las personas que le generen la confianza necesaria para avanzar en esto”. Para Fadul Rosa, el mandatario interino “ha tomado sus decisiones de manera informada y tenemos certeza que si tuviera que corregir en algún momento, porque encuentre razones para ello, no dudo que lo hará. Ha nombrado gente joven, con amplia formación y con experiencia y lo que esperamos ahora es que pongan, como lo está haciendo él, todas sus capacidades y su energía en este empeño al que han sido llamados, sin perjuicio del deber que nos asiste a todos de disponer de las propias para seguir trabajando por el bien de nuestra ciudad”.

Para un líder cívico que pidió reserva de su nombre “por estudiar en una institución de propiedad de personas poderosas que podrían causarme algún perjuicio”, según dijo, “lo más grave es que, de acuerdo con lo que se asegura en los corrillos, el señor Torres Ramos ha seguido trabajando de la mano de Mario Ramos, quien desde sus oficinas en el edificio Protección, en Bocagrande, ha seguido tratando de impulsar un gran negocio en torno a la Central de Abastos, sobre lo cual hay denuncias y, afortunadamente, parece que no se saldrán con la suya; por todo ello”, señaló, “estoy seguro que el alcalde Londoño corregirá su error, cometido seguramente por no conocer todos estos hechos”.

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1 Comment

  1. Gustavo Idárraga C. dice:

    Siempre he creído que el inconsciente colectivo nuestro ,tiene mucho que ver con la esclavitud y la fe en San Pedro Claver…Eso nos lleva a elegir y “DEJAR HACER, DEJAR PASAR”.
    La “loma de Bazurto” hoy inexistente-Corredor de carga , cómo y por donde no era-Avenida del lago, a la que se le robaron un carril y el separador-Avenida Pedro Romero, que no es ni ida ni venida, Transcaribe, que se lleve más tiempo en su construcción que el canal de Panamá, son algunos indicadores de algunas de las formas como se han robado nuestra Ciudad.
    Ojalá este SUNAMI que vivimos gracias al nuevo fiscal, deje algunos buenos ejemplos.
    Si se destaparan todas las ollas podridas, no tendríamos camas en los hospitales, así como no hay cárcel para tanta gente.
    UNA ORACIÓN POR EL DOCTOR PIEDRAHITA, QUE EN PAZ DESCANSE…

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