Nuestra agricultura, alternativa de paz – Tercera parte

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La pluriculturalidad de nuestra región nos permite tener grupos minoritarios como indígenas y grupos étnicos que tienen espacios ganados a través de la historia en nuestro territorio, deben tener garantías de estabilidad y tenencia a estos sectores y resguardos sin afectar, ni permitir que se afecten sus derechos y menos en reducir sus propiedades. El Decreto Ley  902; es el resultado del primer punto en discusión en el acuerdo de paz con las FARC, es de mucho valor saber que se está avanzando en temas que se debió hablar hace mucho tiempo y que debe ser abordado con la responsabilidad que significa estar por primera vez en la historia del lado de los campesinos; Si  bien está contemplado en  Artículo 13 del decreto denominado Módulo étnico en el RESO. “El módulo étnico del RESO incluirá a los pueblos y comunidades indígenas, así como a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras.” El decreto Ley, 902 (29 de mayo, 2017, p 21),  no hay que perder de vista antes durante y después el comportamiento con estas comunidades con el fin de evitar que sean sujeto de presiones que les permitan apartarlos de la norma que los cobija.

Las tierras son valoradas desde dos puntos de vista; uno es el valor productivo y el valor que tiene como propiedad y patrimonio de quienes la poseen. Existen fuertes preocupaciones por la  posible  entrada de medianos y grandes empresarios a ser propietarios sin justificación o historial alguno, es algo que es factible si no se incentiva el regreso de nuestros campesinos que hoy están en la ciudad y que son casi el 12% de la población Colombiana. Según Rubén Darío Lizarralde; “Lo que estamos viendo con éste proyecto es que sí se negoció el modelo económico, y que a través de este proyecto- que de convertirse en ley- no solo se impacta la estructura legal, sino también la agrícola, de infraestructura, la minero energéticas, y las hidroeléctricas”. (Lizarralde, 2017 párr 2)

Las propuestas planteadas por la ANT; Agencia Nacional de Tierras, tiene inquieto a parte de la población Colombiana y algunos sectores políticos, gremiales y empresariales, sienten temor a que se ponga en  riesgo la propiedad privada, argumentan que se está entregando paulatinamente y por decreto el sector rural a las FARC. Esta discusión ha generado incertidumbre ya que de ser así seguiremos en la misma disputa siendo el campesino el que siempre queda sin tener respuesta a lo largo de la historia y terminaría como siempre; utilizado para sacar partida política algunos sectores con intereses creados. La tierra por lo expuesto en el proceso de paz y los que analizamos en el contexto político, sigue siendo el punto frágil de la discusión, pero si nos detenemos a pensar en el campesino y su capacidad de producir, o garantías competitivas podemos concluir que por sí sola no son de gran utilidad, es importante que estén seguros de no ser expropiados ni desplazados nuevamente.

Considerando la agricultura y ganadería Colombiana como pilar de la economía, en el pasado, sostenimiento a base de luchas en el presente y proyectándola como alternativa de paz y la mejor industria en el futuro; el presidente de FEDEGAN; Felix L (comunicación personal 01, junio, 2017 ) manifiesto estar de acuerdo con el pasado y que también el presente de la economía a pesar de todo; pero el futuro no lo va a ser, tengo clara  certeza del peligro que se cierne sobre la propiedad privada en Colombia.

En la revista contexto ganadero publicada el 05 de junio del 2017 el mismo presidente de FEDEGAN,  opina que el decreto ley no es la ruta del conflicto; “todo lo contrario. Con este Decreto van a ocurrir 2 cosas principales entre otras muchas. Por una parte el sector rural se convertirá en un semillero de conflictos y, por otra, se generará un desestimulo a la inversión privada porque claramente se afectó la propiedad”. (Fedegan, 2017, párr 4)

Si el decreto ley 902 y todas las normas que se desprendan después de la ley 1448 no son un complemento para la terminación del conflicto y el comienzo de la reactivación de la economía, agraria y ganadera en el país, podríamos decir que estamos rezagados y condenados a crecer en la mendicidad, la sobrepoblación urbana seguirá disparándose, el índice de desempleo no bajará y los Colombianos cada día estamos más distantes de la verdadera equidad por lo que estamos convencidos que una buena política agraria es una verdadera alternativa de paz. 

El gobierno nacional debe brindar garantías al campesino, mejorando las condiciones de infraestructura vial, precios de insumos agrícolas regulados por una entidad que evite la especulación para que el campesino no vea escapar su rentabilidad por estos factores que encarecen la producción.

Es importante tener en cuenta las cadenas de supermercados ya que han sido  uno de los factores de quiebra de los pequeños productores cuando al comprarles para codificar sus productos, les exigen grandes cantidades, controles sanitarios complejos, les ponen precios a Sus productos sin importar los costos de producción y como si fuera poco les pagan  a cuotas diferidas hasta 90 días  lo que significa que el pequeño campesino es quien está subsidiando al grande capitalista.

Estas plataformas son monopolios con mucho poder que no entran a negociar sino que imponen condiciones, acaban con las rentas del campesino y terminan aboliendo pequeños y medianos tenderos de barrio que de alguna manera eran un soporte del sector agrario o la nueva opción de muchos desplazados en algunas ciudades sobre todo del Caribe Colombiano.

Alternativas de solución 

En el año de 1.944 nació lo que inicialmente se llamó INA; esta organización con iniciativa privada pero con juicio público tuvo como objetivo inicial el apoyo a la agricultura regulando los precios del campo en beneficio de todos los sectores; pero sobre todo la regulación de los precios mínimos de algunos productos. En 1968 pasó a llamarse IDEMA, pero en el mes de junio de 1.997 se liquidó mediante  Decreto número 1675; los campesinos  coinciden que es una de las instituciones que más les ha servido.

La apertura de mercados fue el detonante para que el IDEMA entrara en decadencia ya que se perdió el control de los precios mínimos y aparecen las especulaciones, lo peor de todo es lo poco que el gobierno hizo para sacarlo a flote y que por el contrario apresuraron su liquidación en el gobierno de Ernesto Samper Pizano. Es urgente que entre en función una entidad que cumpla con las funciones que tenía anteriormente el IDEMA; que regule los precios y que sea el principal intermediario entre el campo y los hogares colombianos a través de las plazas de mercado, tiendas de barrio almacenes de cadena y que además pueda percibir recursos que se utilicen en la entrega de beneficio a los agricultores. El ministerio de agricultura, los departamentos y municipios en sus planes de desarrollo deben asignar recursos que fortalezcan el agro y subsidio de transporte a campesinos distantes de las cabeceras municipales,  se deben promover proyectos de producción y transformación de los productos agrícolas.

Para saldar la deuda de la creación  de esa nueva institución que reemplazaría el IDEMA; es oportuno que los alcaldes integren a los comerciantes, intermediarios y campesinos, para sacar los productos directamente de las fincas productoras a la mesa de las familias mediante la creación de una asociación o el mecanismo que consideren   pertinente adecuando centros de acopio en los municipios y la entidad se encargaría de gestionar los diferentes mercados en las ciudades de nuestro país pero a la vez deben ser regulados los precios para evitar la especulación y garantizar al campesino la compra de su producción con buena rentabilidad.

Esta asociación o entidad de contar con sedes en cada una de las regiones sería la mejor estrategia de mejorar los niveles de rentabilidad en la venta de los productos agrícolas, está a su vez haría las veces de comercializadora en las principales ciudades del país; se debe tener como objetivos específicos si queremos materializar la propuesta, el levantamiento de la información a través de la aplicación de la encuesta al mercado agrícola, hacer los procesos de legalización de la asociación a nivel municipal y regional.

Los involucrados deben ser sin duda alguna el gobierno nacional y su plan de desarrollo, los gobiernos departamentales y las alcaldías municipales con sus diferentes secretarías de agricultura, asociaciones existentes y empresarios del sector agrícola. Con esta propuesta el beneficiado directamente sería el campesino que tendrá la motivación para sustituir productos ilícitos y para regresar al campo; también se verán beneficiados indirectamente las familias colombianas y los consumidores con productos frescos sacados del campo a precios módicos y llevados directamente a las tiendas de barrio supermercados o a sus casas.

Finalizado el conflicto y si se queremos dar cumplimiento a la ley 1448, del 2011;  al decreto ley 902  del 2017 y recordamos el compromiso de crear una institución que reemplace el desaparecido IDEMA  con el decreto 1675 del año de 1997, es el momento para por fin tener políticas de primer nivel que implementen el fortalecimiento y dignificaciónde nuestros campesinos que a lo largo de la historia han sostenido nuestra economía y que hoy son con seguridad una verdadera alternativa de paz.

GERMÁN ZAPATA VERGARA –  Administrador Público, Especialista en gerencia de proyectos, Exconcejal de Cartagena

PAOLA SÁNCHEZ LÓPEZ – Comunicadora social, Especialista en gerencia de proyectos

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Contexto:

El Departamento de Bolívar, ¿a tropicalizar el exitoso modelo agrologístico holandés?

Bolívar, a aprender de Holanda… y a suscribir convenios para concretar su apoyo

La Gobernación de Bolívar y el DNP firman el 1er. proyecto del postconflicto

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