Nuestra agricultura, alternativa de paz – Segunda parte

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El estado debe blindar a los productores y uno de los factores que encarecen la producción comparado con los demás países son los fertilizantes, pesticidas y herbicidas; estos están muy por encima de los precios que tienen nuestros países vecinos, que sumado al pésimo estado de las carreteras elevan aún más las cifras de inversión producto a producto.

Según estudios publicados por Correa (2013) en el Espectador un kilo de fertilizante cuesta en promedio el 50% más en Colombia, el potasio tiene con respecto a los precios internacionales  un costo superior al 60%, el sobrecosto del fosfato ha alcanzado el  equivalente al 118%. (párr. 2)

Los  fertilizantes son un monopolio que domina el mercado en la región con base en las necesidades del sector agrícola, son un número reducido de empresarios a los que el gobierno no tiene la capacidad de regular los precios para adquisición del campesino y menos subsidiarlo.

TLC y Subsidios agrícolas en países desarrollados

Los más vulnerables a las aperturas comerciales son los países subdesarrollados; Colombia es un país donde  la gran mayoría de productores campesinos son pequeños y medianos lo que nos afecta directamente para competir; para  mejorar la condiciones debemos fortalecer la producción interna y ser autosuficientes, es inconcebible que estemos importando los mismos productos que salen de nuestros campo y todo por la competencia de precios gracias al TLC. La capacidad de producción la tenemos, tenemos las tierras, tenemos la diversidad pero no tenemos la capacidad de competir con los precios de los países  desarrollados que están bien subsidiados y protegidos.

Si fortalecemos el campo disminuimos la brecha entre nuestras poblaciones rurales con las zonas urbanas y ciudades, es a la vez disminuir la brecha entre la riqueza y la pobreza; sería dar un gran salto a la paz y la equidad. Los países desarrollados tienen en cuenta al campesino como un pilar fundamental, por eso  implementan varios tipos de subsidios que llegan directamente al productor, subsidios para sostenimiento de precios, para garantizar la producción, para insumos como fertilizantes y pesticidas y el respaldo de sus gobiernos para eventos emergentes.

Nuestros  campesinos son autogestores de su propio empleo, de su comida, generan empleo y nos abastecen  de comida, hoy no parece interesarle múltiples sectores políticos y empresariales del país.  Nuestros abuelos gozaban felices de ser tenedores de enormes tierras productivas, sin embargo hoy tener propiedades agrícolas se ha convertido en un calvario ya que estamos a merced de los grupos armados, de las rebatiñas de los hipócritas y cínicos políticos, deudas, amenazas y el dolor de ver convertir en monte sus tierras y no poder hacer mucho; el campo y sus tierras fértiles pasaron al olvido dándole paso a la inversión extranjera que explotan nuestros recursos no renovables, como la minería petróleo, sin contar con la minería ilegal, que conlleva a la deforestación de nuestras tierras y contaminando nuestros ríos. “El país se volvió un país explotador intensivo de recursos naturales no renovables. Y eso trae una reevaluación del peso que encarece las exportaciones y abarata las importaciones”  expresó Suárez (2013,citado en BBC Mundo, párr. 17)

En Colombia las reglas parecen funcionar al revés, mientras los campesinos esperan inversiones en la vías, fortalecimiento del agro y servicios públicos;  hacemos lo  contrario; les inventamos el  pago de nuevos tributos, impuestos por  valorización para la construcción de enormes elefantes blancos de los que nunca ven beneficios; mientras  paramilitares, guerrilla, bandas criminales y demás grupos al margen de la ley también exigen impuesto que deben pagar con producción, dinero, o en el peor de los casos entregando sus tierras. Con estos lamentables escenarios podemos decir que quienes han sostenido nuestra economía; reciben golpes de frente por parte  del estado y por la retaguardia con los grupos armados. (Aún persiste el conflicto debido a disidencia de las FARC y fortalecimiento del ELN. Aunque en menor escala)

De no tomar medidas urgentes que generen confianza, con garantías reales que permitan mejorar su rentabilidad, podríamos decir que estamos sepultando el campo con una muerte lenta para transformar nuestra vocación agrícola  y dar paso al incremento de la pobreza e inequidad en nuestro país. 

Políticas agrícolas colombianas

A pesar de estar bañados por dos océanos, tener las cuatro estaciones, grandes fuentes hídricas y múltiples recursos naturales, nuestra legislación no ha dado garantías reales para avanzar en el mejoramiento de las condiciones rurales.

La apertura de fronteras en la década de los 90; dejó consecuencias desfavorables para los productores agrícolas y ganaderos Colombianos;  es urgente definir una política pública sostenible a largo plazo que elimine las deficiencias que hoy existen para la tenencia de tierras y aprovechar el privilegio que nos brinda la agricultura  como reflejo de la diversidad de nuestros paisajes y climas.

Con la ley 1448 del 2011, (Ley de Víctimas)  nace una esperanza; sin embargo el gobierno nacional no ha generado la suficiente confianza de millones de víctimas y desplazados;  si bien es cierto que las diferentes etapas por las que pasa un proceso de paz  traen consigo dudas e incertidumbre; y que además es la primera vez en la historia de solución a conflictos armados  que un país reconoce un porcentaje tan alto de víctima, es primordial  brindar las garantías de seguridad, donde el proceso de restitución de tierras, no permita que el campesino sufre la zozobra de ser re victimizado.

De nada sirve invertir mucho dinero en el posconflicto, si las verdaderas víctimas no tienen el acompañamiento psicológico, social, económico; ni es respaldado desde el gobierno central, regional y local para que vuelva a producir y hacer fuerte la industria del agro en Colombia como es nuestra vocación.

La unidad de víctimas; que es el principal camino conductor para  atender y reparar integralmente a las víctimas, debe ser transparente y discreto con la información actual de los desplazados, debe tener el censo completo y caracterizar a cada miembro del núcleo familiar, teniendo en cuenta  que muchos de ellos se acomodaron a una nueva forma de vivir en las ciudades, unos ocupando el espacio público como vendedores ambulantes o comerciantes informales y otros en los semáforos haciendo piruetas o vendiendo paletas.

Muchas de estas familias tienen a Sus hijos estudiando,  otros se rebuscan en las calles re, aunqueno están en buena situación, ni tienen estabilidad; temen regresar a sus tierras y desestabilizar nuevamente a sus hijos, “En Colombia, pocos desplazados internos retornaron a sus lugares de residencia” Agencia EFE (2016, párr 5)

El decreto Ley, 902 (29 de mayo, 2017).  Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras, que nace tomado de la bandera denominada; una paz estable y duradera, del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos; ha traído consigo más críticas que satisfacción por parte de los sectores gremiales, y dudas por parte de los campesinos.

Si bien el Decreto Ley toma la sentencia   C-644 de 2012  con el siguiente contenido;  Que igualmente la Corte Constitucional en la Sentencia C-644 de 2012 afirmó que existe un número dramático de población campesina desplazada por la violencia y una comprobada escasez de tierra disponible”; que “ha sido una preocupación constante del legislador colombiano establecer regímenes normativos que permitan mejorar la calidad de vida de los campesinos, así como la productividad de los sectores agrícolas” y que “la jurisprudencia constitucional, ha ido reconociendo a través de los casos objetivos y concretos, las características específicas que posee el campo como bien jurídico de especial protección constitucional, tanto desde los imperativos del Estado social de derecho, como desde la óptica del progreso a través de la competitividad y el correcto ejercicio de las libertades económicas (p, 4) .

Es absolutamente la razón de todo lo escrito en este artículo pero que al parecer  no ha sido el complemento ideal de la ley de víctimas y restitución de tierras, los gremios sostienen que la regularización de las propiedades de las tierras rurales es una urgencia, pero no se puede perder de vista el enfoque a las tierras con uso agropecuario. “Este proyecto de ley hubiera sido suficiente en 1930 y quizás hubiera evitado o aminorado el conflicto, pero ahora le hace falta establecer las bases para que el campo pase de ser el sector rezagado a ser el que va a comenzar a sacar a Colombia del marasmo de la producción en el que se encuentra”. (Hommes, 2017, párr 7)

GERMÁN ZAPATA VERGARA –  Administrador Público, Especialista en gerencia de proyectos, Exconcejal de Cartagena

PAOLA SÁNCHEZ LÓPEZ – Comunicadora social, Especialista en gerencia de proyectos

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Contexto:

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