Director de Control Urbano asegura que construcciones ilegales vienen de tiempo atrás

 
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Para el alcalde Manolo Duque Vásquez, uno de sus mayores deseos es que las investigaciones que diferentes entidades adelantan por el desplome de un edificio en Blas de Lezo y, en general, por la serie de construcciones ilegales que se han detectado en Cartagena, permitan conocer quiénes son los verdaderos responsables tanto de la tragedia ocurrida como del riesgo que corren las centenares de familias que habitan estas últimas.

Durante una rueda de prensa en el Palacio de la Aduana, sede de la Administración del Distrito, el mandatario de los cartageneros confesó que la dolorosa tragedia donde fallecieron 21 obreros le impuso no solo la obligación de contribuir a que se conozcan los reales culpables del suceso sino -además – la obligación de promover que se devele el complejo entramado de las construcciones ilegales, el cual involucra desde mucho tiempo atrás a individuos de distintos niveles y sectores.

“Necesitamos encontrar y llevar ante la justicia a los inescrupulosos que maquinaron este brote mortal de ilegalidad que resultó en tragedia”, manifestó el alcalde; “tenemos que impedir que estos hechos se repitan en Cartagena o en cualquier otra ciudad del país”.

Tras señalar que acata y respeta la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de confirmar la suspensión de su cargo decretada por la Procuraduría, Duque Vásquez aseguró tener la conciencia tranquila ya que, finalmente, “vamos a salir bien de todo esto”.

Sobre el entramado descubierto, sobre el cual se han publicado varias notas en Revista Metro (ver ‘Construcción de edificio de seis pisos sin licencia, apenas la punta de un iceberg‘, ‘Entramado para construir edificios sin licencia, mucho más que una trampa mortal – I‘ y ‘Entramado para construir edificios sin licencia, mucho más que una trampa mortal – II’), el director administrativo de Control Urbano, Héctor Anaya Pérez, al responder una de las muchas preguntas realizadas por los asistentes, señaló que de la cadena de actos de corrupción descubierta tanto por la dependencia a su cargo como por la Procuraduría, la Fiscalía y la Superintendencia de Notariado y Registro hacen parte empleados no solo del Ejecutivo de Administraciones anteriores sino además de entidades diferentes, entre ellas -al parecer – Notarías, Curadurías, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y algunos bancos.

En declaraciones a los medios de comunicación presentes, Anaya Pérez señaló que la Alcaldía adelanta acciones “para establecer cómo es qué algunos criminales han engañado a las autoridades y se han aprovechado de la buena fe de cientos de familias cartageneras para construir edificios de mentiras”.

El funcionario, en una de sus intervenciones, se mostró partidario de que se derogue la Ley que permite el reconocimiento de una construcción después de cinco años, ya que se ha convertido en una ventana a través de la cual se legaliza, en la práctica, la violación a diversas normas urbanísticas.

Anaya mostró -mediante unas diapositivas – que la investigación realizada determinó que de los edificios construidos por los Quiroz, por lo menos 16 vienen de hace más de cuatro años y únicamente uno: el desplomado Portales de Blas de Lezo II, fue construido durante el actual gobierno.

“Buscamos demostrar a la ciudadanía que la ilegalidad viene de hace tiempo”, señaló el funcionario; pero que, “desafortunadamente, la caída del edificio Portales de Blas de Lezo II” ocurrió durante esta Administración.

Contexto:
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