Contrato de prestación de servicios con un asesor externo enreda a contralora del Distrito

Por Carlos Ardila González

Un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión suscrito por la contralora distrital, Nubia Fontalvo Fernández, con el economista y abogado Eduardo Sanjur Martínez, ha comenzado a enredar a la funcionaria.

El contrato, firmado el pasado 15 de junio y publicado seis días después: el miércoles 21 de junio, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, se convierte en uno de los muchos hechos que deberán analizar la Contraloría y la Auditoría General de la República si estas entidades aceptan la solicitud que vienen haciéndoles distintos actores locales, la primera para realizar un control excepcional a la Concesión Vial Corredor de Acceso Rápido a la Variante de Cartagena y la segunda para indagar supuestas inconsistencias en varios de los procesos adelantados por la Contraloría Distrital de Cartagena en los últimos cinco años (ver facsímil del Contrato de la Contraloría Distrital con Eduardo Sanjur).

Y además, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, en respuesta a los graves señalamientos del presidente de Concesión Vial, René Osorio Cruz, en contra de tres funcionarios del ente de control fiscal del Distrito: Miguel Torres Marrugo, Wilmer Salcedo Misa y Eduardo del Río Rodríguez, a quienes acusa de haberle pedido $250 millones a cambio de trasladar la Tasa Interna de Retorno -TIR – al segundo año para favorecer a la concesión en una Auditoría.

Para varios analistas, no se entiende, y podría ser ilegal, que el asesor externo contratado por Fontalvo Fernández para la “prestación de servicios profesionales dirigidas al apoyo jurídico y legal que requiere el despacho de la contralora” (SIC), en cumplimiento del mismo, haya emitido el pasado viernes 2 de junio un “informe sobre el cálculo de la TIR pactada en el Contrato de Concesión No. VAL-0868804– Corredor de Acceso Rápido a la Variante de Cartagena“, en el que cuestiona el Informe Definitivo de Auditoría liberado por la Contraloría desde el 28 de diciembre de 2016, manifestando que “pretender asumir como detrimento una suma percibida por valorización, supuestamente no invertida, es un error conceptual dentro de la realidad contractual” (ver Facsímil de Concepto de Eduardo Sanjur).

Y no se entiende, y podría ser ilegal en concepto de varios especialistas consultados, no solo porque la Ley es clara en establecer que, una vez en firme un informe de Auditoría no hay lugar a cambio alguno a lo que este determine, y el próximo y obligatorio paso es la apertura de proceso de responsabilidad fiscal si entre los hallazgos hay uno o varios con alcance fiscal, sino porque -además – en la Administración Pública no es posible realizar ninguna labor sin que medie un contrato suscrito previamente. Consultado el portal del SECOP, el contrato con Sanjur Martínez, por valor de $12’500.000,oo, tiene fecha de suscripción y de inicio el 15 de junio de este año, y el concepto del asesor externo está firmado el 2 del mismo mes, es decir 13 días antes. (Ver facsímil de Detalles del Proceso Contractual).

“Aceptando, en gracia de discusión, que el doctor Sanjur haya comenzado a laborar luego de que la contralora firmara los correspondientes estudios previos, lo cual se hizo el pasado 30 de mayo, sorprende que en solo dos días realizado un análisis que a varios auditores les tomó varios meses”, manifestó un experto en contratación pública vinculado a la Gerencia Regional de la Contraloría General de la República; “y podrían decir que el asesor venía contratado desde antes, pero lo cierto es que en el SECOP no le aparece ningún otro contrato, ni este año ni el año anterior; solo tuvo uno en el Ider y otro en Unibac”.

En oficio dirigido a la contralora Nubia Fontalvo, el abogado y economista Eduardo Sanjur Martínez dice que, “atendiendo las instrucciones impartidas por usted, me permito rendir informe conceptual relacionado con los diferentes antecedentes existentes respecto de los aspectos legales, contractuales y financieros al Contrato de Concesión No. 08668804” y, tras referirse en 16 folios a los diferentes componentes del mismo, concluye que “definitivamente (…) ninguna de las dos formas de análisis son erradas, esto es, son viables, pero la que acoge la supervisión” es decir Edurbe, “y el mismo órgano de control fiscal en los años anteriores (2011 y 2012), es la que se ajusta al modelo financiero del contrato, y es el que obliga a ser atendido“.

Para Sanjur Martínez, no deben desecharse “más de cinco informes coincidentes en cuanto a (que) la TIR sí es calculable“. Según su análisis, “a la fecha, ese 17,22% garantizado aún no se ha alcanzado“.

“Hay algo más”, señala, por su parte, otra fuente conocedora, “la Ley es clara en establecer que, una vez en firme un informe de auditoría, como es el caso del Informe Definitivo de Auditoría a la Concesión Vial, que fue liberado por la Contraloría desde el 28 de diciembre de 2016, no se le puede cambiar ni una coma; cualquier controversia sobre el mismo tiene que dirimirse antes, y en este caso es claro que después de quedar en firme el Informe de Auditoría, incluso después de publicarse oficialmente en la web de la Contraloría, que fue el pasado 13 de marzo de 2017, por orden de la contralora se realizaron reuniones para ver cómo acomodaban el concepto del asesor externo con lo que dice el informe, lo cual es abiertamente ilegal”. “Además”, dijo, “es claro que nadie distinto a los auditores, y mucho menos un asesor externo, puede hacer parte de un proceso auditor; la Ley es clara en determinarlo”.

De acuerdo con lo que se pudo establecer, por lo menos una vez los auditores de la Contraloría estuvieron en las oficinas de la Concesión Vial para analizar el Informe de Auditoría, mucho después de que este quedara en firme.

Esa reunión, en la cual participaron los funcionarios de la Contraloría Miguel Torres, Wilmer Salcedo y Eduardo del Río, y los funcionarios de la Concesión Vial Raúl Guerrero y Vladimir Buelvas, se llevó a cabo el pasado 13 de junio por petición del propio presidente de la Concesión, René Osorio, quien en carta enviada a la contralora Fontalvo (fechada el 1 de junio pero radicada en la Contraloría seis días después) solicitó que se “reaperture el proceso hasta la etapa donde podamos presentar nuestros descargos, teniendo en cuenta lo previsto en el Código de lo Contencioso Administrativo”.

“El único fin que buscamos es que no se traslade el Hallazgo Fiscal hasta tanto no se revise y se haga un estudio entre el equipo que adelantó el trabajo y nuestros funcionarios en aras de aclarar, analizar y verificar los hallazgos plasmados en el informe”, expresó Osorio en su oficio a Fontalvo (ver Carta de la Concesión Vial a la contralora).

“Estos hechos son también irregulares”, señaló otro experto en asuntos fiscales que también pidió no revelar su nombre por tener vínculos con una entidad estatal; “primero, porque este tipo de procesos no se rigen por el Código de lo Contencioso Administrativo; y segundo, porque es abiertamente ilegal que se pretenda aclarar, analizar y verificar un Informe de Auditoría que ya es inmodificable”.

“Lo grave no es que los concesionarios hayan pedido esa ilegal revisión”, agregó el experto; “ellos como particulares, y perdone que lo diga como si fuera un mal chiste, tienen derecho al pataleo, aunque sorprende que hayan promovido ese tipo de reuniones unos veteranos abogados como los que están al frente de la Concesión. Lo grave es que haya aceptado esas ilegales reuniones la señora contralora, que no puede excusarse en la ignorancia para haber intentado saltar por encima de la Ley”.

La respuesta de la Contraloría Distrital 

Miguel Torres Marrugo, director administrativo de Auditorías Fiscales de la Contraloría.

Con el fin de obtener respuesta a las inquietudes planteadas, este reportero intentó, sin éxito, dialogar con la contralora Nubia Fontalvo.

Con quien sí pudo hacerlo fue con el director administrativo de Auditorías Fiscales, Miguel Torres Marrugo, quien sobre una eventual modificación a un Informe Definitivo de Auditoría fue enfático en señalar que era legalmente imposible. “Un Informe de Auditoría, una vez liberado o en firme, no se puede revertir ni modificar”, respondió el funcionario a la inquietud sobre el tema. Sobre el caso concreto del Informe de Auditoría a la Concesión Vial, manifestó que este “ya está publicado, y hasta la Auditoría General de la República lo tiene. En ningún momento se pueden hacer cambios. Podría haber cambios en cuanto a los hallazgos fiscales es durante el Proceso de Responsabilidad Fiscal”.

“Si no se pueden realizar modificaciones a un Informe Definitivo de Auditoría, ¿porqué la Contraloría ordenó a un asesor externo la revisión del Informe a la Concesión Vial?”, le preguntamos a Torres Marrugo.

– “No, nosotros no hemos contratado ninguna asesoría para esos efectos”, fue su tajante respuesta.

– “Nos referimos al informe del asesor Eduardo Sanjur”, le insistimos.

– “No sé; el director de Auditorías no ha contratado a nadie para que haga ese informe”, contestó.

Sobre la reunión sostenida en las oficinas del concesionario el pasado 13 de junio, el funcionario señaló que se trató de una sesión de trabajo solicitada por “René Osorio para que explicáramos de dónde salían las cifras arrojadas por la Auditoría, y quien dio esas explicaciones, de manera detallada y argumentada, fue el doctor Eduardo del Río”.

Con respecto a las inquietudes por una aparente tardanza en publicar el informe en la web y realizar los traslados a las instancias correspondientes, Torres explicó fue “porque les faltaban unos documentos para entregarlos a Responsabilidad Fiscal”.

Para el director de Auditorías Fiscales, con el fin de no seguir especulando, deberían esperarse los resultados del proceso de responsabilidad fiscal. “Yo pienso que no es necesario que se realice un control excepcional, o que intervenga la Auditoría General”, reaccionó ante las peticiones ciudadanas en tal sentido; “el informe de nosotros es un informe serio, en el que se debe creer; y lo que hay que esperar es el proceso de responsabilidad fiscal”.

Contexto:

– Presidente de la Concesión Vial ratifica graves acusaciones contra auditores de la Contraloría

– Presidente de la Concesión Vial acusa de corrupción a auditores de la Contraloría

– Concesión del corredor de Acceso Rápido a la Variante de Cartagena, al fin, ¿hasta cuándo?

– Establecen detrimento patrimonial por $96 mil millones en el Túnel de Crespo

– Consorcio Vía al Mar le dice a la ANI que las obras a su cargo ya fueron terminadas

– Debate por falencias en el Túnel de Crespo y la Loma de Marbella, el miércoles 15 de octubre

– El semideprimido de Crespo se está cayendo, poco a poco, a pedacitos

– Director de la ANI admite que al túnel de Crespo sí hay que hacerle un reforzamiento

– Por fin podrá transitarse por el Semideprimido de Crespo

– La Siab advierte -otra vez – sobre falencias del semideprimido de Crespo y la Loma de Marbella

– Responsables del Anillo Vial de Crespo dan un parte de absoluta tranquilidad

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