Si sobre Duque llueve, sobre varios magistrados, funcionarios y exfuncionarios no escampa

Desde ayer en la mañana, la noticia fue que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura había confirmado la suspensión por tres meses impuesta por la Procuraduría General de la Nación al alcalde de Cartagena, Manolo Duque Vásquez.

Lo que se supo fue que, con la firma de los magistrados Fidalgo Estupiñán Carvajal (ponente), Julio César Villamil Hernández, Julia Garzón de Gómez, Magda Acosta Walteros y María Hernández (estas tres últimas con aclaración de voto), y con la ausencia con permiso de los magistrados Pedro Sanabria Buitrago (presidente de la Sala) y Camilo Montoya Reyes, se revocó “la sentencia de primera instancia que amparó los derechos fundamentales invocados por la señora Ketty Cabarcas Licona y Manuel Vicente Duque Vásquez, para en su lugar declarar improcedente la presente acción de tutela”.

Hoy, otras dos informaciones que comienzan a ser noticia deberían preocupar aún más no solo al mandatario de los cartageneros y a siete de sus funcionarios y exfuncionarios sino -además – a Sergio Sánchez y Orlando Díaz Atehortúa, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar que ordenaron el reintegro de Duque en contra de la voluntad de la Procuraduría que lo había suspendido en el marco de una medida cautelar.

En el caso de los exfuncionarios Luz Helena Paternina Mora, exsecretaria de Planeación, y Olimpo Vergara Vergara, exdirector de Control Urbano, quien fuera cobijado con una medida de detención domiciliaria; y de los funcionarios Patricia Zapata Negrete, alcaldesa de la Localidad No. 3, Alfonso Ramos de León, inspector de Policía de la Comuna 12, cobijado también con detención domiciliaria; y Ricardo Javier Castellar, Gilberto Marrugo Maldonado y Luis Cudris Pájaro, adscritos a diferentes dependencias de la Alcaldía, debería inquietarles que el procurador general, Fernando Carrillo Flórez, el superintendente de Notariado y Registro, Jairo Mesa Guerra, y el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, hayan decidido viajar este jueves a Cartagena para anunciar los resultados de las indagaciones que las tres entidades adelantan, en principio por separado pero en los últimos días de manera conjunta, por el hallazgo de centenares de construcciones ilegales en las tres Localidades del Distrito. 

De acuerdo con varias fuentes, deberían estar preocupados -asimismo – “uno de los dos curadores de Cartagena y varios de sus subalternos; dos empleados de una de las Notarías y funcionarios y exfuncionarios de por lo menos las últimas tres Administraciones distritales de la Secretaría de Planeación, la Oficina de Control Urbano y las tres Alcaldías Locales”, como aseguró uno de ellos; “el caso de las construcciones ilegales en Cartagena no se circunscribe al alcalde Duque sino que ha resultado ser un entramado que involucra desde hace años a mucha otra gente”, recalcó.

Sobre la visita que realizará este jueves, el propio procurador Fernando Carrillo, a través de su cuenta en Twitter, anunció: “Vamos a Cartagena este jueves a seguir con la labor de inspección y vigilancia para luchar contra la construcción ilegal #NoMasCorrupción”.

Lo que Revista Metro ha podido establecer es que, al margen de las investigaciones que adelanta la Procuraduría luego del desplome de edificio Portales de Blas de Lezo II, la Superintendencia de Notariado y Registro tiene listo un informe sobre el rol que en los últimos años han jugado las Curadurías Urbanas y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, determinando que -al parecer – el caso de las construcciones ilegales en Cartagena cuenta con muchas más aristas que la sola acción u omisión de servidores públicos del Distrito.

Como se recordará, este portal, en la nota ‘Superintendente de Notariado revelará graves hallazgos en construcciones en Cartagena‘ (hacer click), informó que el superintendente Jairo Mesa tiene bastante adelantado un primer informe sobre las construcciones ilegales en la Ciudad Heroica, el cual presentaría en los próximos días ante los distintos medios de comunicación.

Lo que ha podido establecerse -además – es que parte de los hallazgos que presentarán el Ministerio Público y la Superintendencia de Notariado y Registro corresponde a información suministrada por varios colectivos ciudadanos, algunos de ellos de manera anónima.

Parte esa información, que da cuenta de que el caso de las construcciones ilegales en Cartagena tiene muchas más aristas que la sola acción u omisión de inspectores de Policía y, en general, servidores públicos del Distrito, fue compilada por el alto funcionario durante una reciente visita a la capital de Bolívar.

De igual forma, se supo que las pruebas que sustentaron una coadyuvancia de la Veeduría Ciudadana Transparencia Caribe contribuyeron a que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura sustentaran su posición (ver facsímil de Coadyuvancia de Transparencia Caribe).

La situación de los magistrados Sergio Sánchez y Orlando Díaz

En el fallo que dejó en firme la suspensión por tres meses ordenada por la Procuraduría en contra del alcalde Manolo Duque, como se dijo, las magistradas de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura Julia Emma Garzón, Magda Victoria Acosta y María Lourdes Hernández no solo aclararon su voto sino que -además – pidieron investigar penal y disciplinaria a los magistrados de la Seccional de la Judicatura en Bolívar que propiciaron el reintegro del mandatario, por considerar que “los argumentos utilizados inciden en la competencia de la Procuraduría General de la Nación, como quiera que incursiona en el análisis probatoria de la presunta falta y la responsabilidad delalcalde disciplinado, cuando el objeto de esa medida nada tiene que ver con ello, sino con el riesgo de entorpecer la investigación disciplinaria, la continuación de la infracción y la repetición de la falta“.

En concepto de las tres magistradas, “la tutela no era la vía para debatir la aplicación del artículo 157 de la Ley 734 de 2002, que suspendió provisionalmente al investigado” (ver ‘Aclaración de Voto).

Quienes, con su decisión (tomada el pasado 9 de junio, durante una sesión que duró una hora: desde el 4 hasta las 5 de la tarde, según se desprende del Acta 35 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar), en concepto de las magistradas Garzón, Acosta y Hernández, propiciaron irregularmente el regreso de Manolo Duque a su despacho en el Palacio de la Aduana y, por ello, deberían ser investigados por la Fiscalía y la Procuraduría, fueron los magistrados Sergio Sánchez y Orlando Díaz Atehortúa.

.

Contexto:
.

1 Comment

  1. Fredy Feria Padilla dice:

    Sin palabra todo está a la vista de una ciudad fallida por los Gobiernos de turno por décadas, que esto sirva para que en próximas elecciones el Pueblo sepa elegir sus futuros gobernantes y personas preparadas en la cosa pública.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial