Contra la corrupción rampante

Por Juan Conrado Ovalle *

Mucha rabia y repugnancia ha causado en grandes sectores de la sociedad colombiana los actos de corrupción acaecido en el país y que han salido a la luz pública recientemente, donde han sido detenidos y encarcelados por nada menos que el director nacional de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación y el jefe de seguridad del municipio de Medellín. El primero capturado con intervención de la agencia de inteligencia de los Estados Unidos por solicitar y recibir coimas del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, para desviar las investigaciones que se llevan a cabo para determinar la culpabilidad de este en el desfalco al departamento por una suma cercana a los $40.000 millones, producto de regalías que debieron invertirse para mejorar las condiciones de vida de los cordobeses, amén de su presunta relación con el crimen de Jaime Zapa quien fuera director de regalías durante su administración. En el  caso del jefe de seguridad de Medellín, todo induce a pensar que mantenía alianza con grupos delincuenciales que han sembrado el terror no solo en Antioquia sino en otras regiones del país.

Hechos como los señalados han minado la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones, originado por la conducta corrupta y alianzas estratégicas de grupos delincuenciales con funcionarios designados o elegidos, principalmente en altas esferas del poder, cuyo mal ejemplo cunde y se irriga a diferentes latitudes.

La corrupción en el sector público se lleva alrededor de $50 billones al año, según cálculos de la Contraloría General de la República, lo cual amerita que dicho fenómeno sea abordado de una vez por todas con la mayor seriedad y drasticidad si queremos de verdad que nuestro país salga adelante, se disminuya la pobreza y tengamos en general unas mejores condiciones de vida. Estos delincuentes insospechados miden los resultados de los beneficios económicos que logran con el delito, contra las penas a las cuales pueden verse expuestos, encontrando que el resultado de esta ecuación les es favorable, dado que al poco tiempo de ser pillados y condenados salen libres a disfrutar de sus fortunas y pavonearse porque para ellos el “buen nombre y la honestidad” fueron cosas de nuestros abuelos.

Para combatir la corrupción consideramos imperativo, además de la formación ética de los ciudadanos, blindar el entorno donde los funcionarios toman las decisiones, estableciendo sanciones sociales además de las penales a las cuales se verán expuestos tanto el que ofrezca como el que reciba dádivas en detrimento del tesoro público.

En ese orden de ideas podemos señalar las siguientes sanciones sociales:

Cancelación del título profesional o afín y prohibición de ejercer la profesión en el sector público por tiempo indefinido.

No podrá tener en el sistema financiero movimientos más allá del mínimo vital.

No podrá pertenecer a ningún club social, deportivo, ONG o similares, so pena de que los directivos de estos sean sancionados.

No se le expedirá pasaporte y se procederá a la anulación de este si lo tiene.

Se le anulará el tiempo de cotización que haya realizado para acceder a la pensión de vejez.

Prohibición para asistir a espectáculos públicos, tales como festivales, salas de cine o teatro, conciertos o eventos deportivos.

No podrá firmar ningún tipo de escrituras o documentos que lo acrediten como propietario de bienes muebles o inmuebles.

Cuando se trate de servidores públicos de órganos de control, la rama judicial o legislativa, la sanción se hará extensiva a los familiares en primer grado de consanguinidad o de afinidad. (A fin de evitar el poder en cuerpo ajeno).

Tales restricciones ejemplarizantes se orientan a no permitir que una minoría minoritaria en su afán de enriquecimiento abuse de sus posiciones y se apoderen de los recursos que a todos nos pertenecen.

* Ingeniero industrial, docente universitario y consultor empresarial.

jconrado51@yahoo.com

 

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