Cartagena, el nuevo ícono de la moralidad

Por Anthony Sampayo Molina *

A pesar del muy reforzado y totalmente inverosímil argumento ‘jurídico’ utilizado por la Alcaldía Distrital para negar el permiso de realización del congreso ‘LalExpo’ en el Centro de Convenciones de la ciudad, las reales motivaciones que determinaron dicha decisión son claramente conocidas por la población en general y de manera obvia responden a una desesperada y absurda decisión de carácter netamente político. Una administración que busca lavar su deteriorada imagen instrumentalizando y explotando las convicciones morales de un sector de la población que de manera respetable observa con rechazo un evento de dicha naturaleza, resulta ser la excusa perfecta para distraer a la ciudadanía del caos institucional en que vivimos. Si bien es comprensible la sincera indignación de ciertos sectores que ven en dicho evento un espectáculo que entra en contradicción con su particular escala de valores, lo real es que en una democracia mal se haría en permitir que determinadas posiciones éticas se impongan sobre otras y mucho más grave resulta no solo que se permita dicha imposición sino que esta última provenga de la propia autoridad en casos en que la actividad que se pretende desarrollar es totalmente legal, respaldada y protegida por la Constitución.

Las motivaciones que tuvo el gobierno para su decisión, expuestas ante los medios de comunicación como de naturaleza jurídica pero que sabemos resultan reforzadas ante la imposibilidad de echar mano a argumentos de tipo moral para fundamentar un acto administrativo, fueron: “razones de orden público (y) sana convivencia (…)”, e igualmente se alegó “el impacto negativo que el evento causa en el turismo de la ciudad”, la cual es supuestamente reconocida como un destino sexual sobre todo con menores de edad, siendo este evento, en consideración del Gobierno local, un espectáculo que promueve este tipo de delitos y aberraciones.

Si analizamos las justificaciones expuestas tal parece que un evento en el Centro de Convenciones, en un salón cerrado, con registro de participantes y control de ingreso como se hace en cualquier congreso que se realiza en el famoso escenario, representa un peligro mayor para la sana convivencia de la ciudad que los conciertos con ‘picós’ llevados a cabo en la Plaza de Toros que se realizan sin ningún impedimento y no resultan precisamente en una muestra de pudor y recato, por no hablar de los reconocidos establecimientos de prostitución que abundan en la ciudad. Aún no he visto el primer congreso en el Centro de Convenciones que termine con gente herida, muerta y con destrozos, lo que lamentablemente sí puede decirse de aquellos conciertos.

Ahora: desconocía que los problemas de prostitución y explotación sexual infantil que viene sufriendo la ciudad se deben a “los cientos de congresos para adultos que durante décadas se han realizado en la ciudad” (solo se ha hecho uno y fue el año pasado); yo juraba que la problemática referenciada era producto de la pobreza, abandono estatal, falta de oportunidades y corrupción. El pensar o tratar de hacer creer a las personas que la cancelación de un evento de naturaleza comercial que convocaría a empresarios que se dedican desde la legalidad, a la luz pública, bajo la supervisión y control de las autoridades en sus diferentes países, iba a contribuir a la imagen de una Cartagena libre de prostitución infantil que durante años se ha cultivado desde la clandestinidad, auspiciado principalmente por la indiferencia y corrupción estatal, resulta absurdo e hipócrita.

Independientemente de las prevenciones de tipo moral que nos genere la pornografía, lo cierto es que esta es una actividad comercial permitida y al estar amparada por el manto de la legalidad, giran alrededor de ella un sin número de personas que de manera indirecta derivan su sustento de la misma. Y no son solamente actores o actrices porno, y mucho menos prostitutas; hablamos de administradores, ejecutivos, ingenieros, diseñadores, etc.; un sinfín de profesionales que no tienen por qué cargar con el estigma de ciertas actividades ilegales que son realizadas al margen de ellos por parte de peligrosas mafias.

Esto en lo absoluto es un reproche para aquellas personas que se sienten ofendidas y escandalizadas moralmente con dicha industria porpercibirla como atentatoria contra su entereza y escala de valores, con base en los cuales muy seguramente determinan su actuar en todos los ámbitos de la vida. Por el contrario, a estas personas íntegras que propugnan por una limpieza de la conciencia humana hay que protegerlas y garantizarles incluso el derecho a la protesta si es necesario. Lo que resulta peligroso para todos es que las autoridades, alegando una compatibilidad moral con un sector, manipule la Ley para imponer su pensamiento teniendo en cuenta que en esta vida de ires y venires mañana puede llegar al gobierno alguien con un pensamiento distinto a su predecesor y los que hoy encontraron un respaldo pueden terminar siendo víctimas bajo el mismo actuar institucional.

* Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología

 

1 Comment

  1. Ramiro Otero Herazo. dice:

    Totalmente de acuerdo con la columna y el columnista.

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